El ministro de Consumo, Alberto Garzón, aseguró en su entrevista en The Guardian, que las macrogranjas "con 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas" son las que "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados". Pero lo cierto es que en nuestro país no hay granjas de 10.000 cabezas y, además, el Consejo General de Colegios Veterinarios ha asegurado que las macrogranjas apuestan por la sostenibilidad.
Fuentes de la asociación UPA y del sector ganadero han pedido la dimisión del ministro y han señalado que no existen en España granjas cárnicas de vacuno de 10.000 cabezas, sino una minoría con un máximo de 5.000 cabezas.
Pero Garzón no sólo ha puesto en pie de guerra a la industria cárnica. También los veterinarios han insistido en un comunicado en que "toda" la producción de carne de España "se adapta a las normativas europeas y nacionales de bienestar animal, tanto en la granja como durante el transporte y el matadero; en todas las fases de la cadena".
"Con nuestro trabajo abnegado como base de la salud pública, somos garantes de que la carne que se produce en España cumple rigurosos controles sanitarios durante toda la cadena de producción y distribución", han defendido los veterinarios.
El Gobierno limitará las granjas a 850 cabezas
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido seguir los "mandamientos" de la Agenda de Davos y su Great Reset (Gran Reseteo). Por ese motivo, en su plan Plan 2050 para España y en la Agenda 2030, incluye la intervención del mercado de la carne con la excusa de apoyar la "producción sostenible y agroecológica".
Precisamente el Ministerio de Agricultura quiere limitar las granjas de ganado vacuno a un máximo de 850 cabezas, el decreto que regula esta materia está ya en información pública desde el pasado otoño, por lo que toda apunta a su inminente publicación en el BOE. Establece un límite a la capacidad máxima que pueden tener las granjas de bovinos y lo establece en 850 unidades de ganado mayor, es decir, 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo.
La próxima regulación
El decreto relativo al ganado vacuno, al que ha tenido acceso EFE, fija condiciones de alojamiento y alimentación de las explotaciones, es decir, evita el maltrato a los animales, también denunciado por Garzón.
"La autorización de una granja es competencia de cada autonomía, pero hay unas normas nacionales que tienen que cumplir. Y a partir de un tamaño, además, necesitan autorización ambiental integrada, que también compete a las Comunidades Autónomas", señalan fuentes del Ministerio de Agricultura en conversación con EFE.
El decreto afectará a las granjas de nueva creación, pero no a las ya existentes, que tendrán que cumplir, eso sí, las normas establecidas en materia ambiental y de bienestar animal, según fuentes del Ministerio.
Greenpeace, que mantiene, al igual que Ecologistas en Acción, una campaña en contra de las macrogranjas, ha hecho alegaciones a este decreto, exigiendo que obligue a la reconversión de estas superficies que existen actualmente y que establezca un máximo de 180 ejemplares.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), mayoritaria en el sector, insisten en que en nuestro país, que exporta fundamentalmente carne de cerdo y vaca, solo existe una minoría de granjas de pocos miles de vacas. Tampoco hay macrogranjas en porcino: un decreto reciente limita a 750 madres y 4000 plazas de cebo el número de cabezas".