El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado un importante golpe a las inquisitoriales prácticas predatorias de Hacienda. Bien es cierto que era cuestión de tiempo que el TJUE se decidiera a tumbar la norma que Cristóbal Montoro se sacó de la manga en 2013 para forzar a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes en el extranjero. La Comisión Europea –que tampoco se caracteriza por ser ningún adalid del alivio fiscal– llevaba años espantada por el funcionamiento del voraz modelo 720 español, con el que Hacienda ha estado casi una década esquilmando y persiguiendo con descomunales multas a indefensos contribuyentes de todas las nacionalidades que no estaban cometiendo fraude alguno. Al fin, esta semana, la Justicia Europea se ha decidido a acabar con esta infamia.
Para el TJUE, el modelo 720 que ideó el ministro de Hacienda que más ha machacado a impuestos a sus votantes en la historia de España supone un despropósito de principio a fin. Por un lado, "restringe la libre circulación de capitales" porque establece una insalvable diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar donde se localicen sus bienes o activos, lo que supone de facto una disuasión brutal a la hora de que decidan invertir en otros Estados miembros de la Unión.
Por otro, considera que las multas, que pueden ser por errores u olvidos formales, son desproporcionadas, y más si cabe cuando se refieren a incumplimientos de "meras obligaciones declarativas". Teniendo en cuenta que las sanciones han alcanzado la friolera del 150% de la cuota a pagar, no es de extrañar que desde Europa hayan hablado de una norma de carácter "extremadamente represivo". Para mayor escándalo, la ley dice que en el caso de las "ganancias patrimoniales no justificadas" no cabe la prescripción, por lo que estaríamos ante una normativa completamente contraria al Derecho de la Unión, que aniquila la seguridad jurídica y que acorrala al contribuyente de por vida. Así, su revocación inmediata es lo mínimo que podía pedirse.
Fue en el año 2012, con España al borde del rescate y en el abismo de la suspensión de pagos, cuando el ignominioso Montoro acuñó la teoría del "palo y una zanahoria" con el anuncio de dos medidas complementarias. La zanahoria sería la controvertida amnistía, con la que el ministro vampirizador se hizo cómplice de muchos delincuentes fiscales, y que posteriormente sería tumbada por el Constitucional. El palo sería el modelo 720, que no dudaba en tratar a un simple infractor administrativo como al más vil de los criminales.
Con la llegada de María Jesús Montero al poder, Hacienda no ha dudado en continuar atropellando los derechos y garantías de los contribuyentes a través del 720. La socialista, también profesional del expolio, ha desoído en todo momento las advertencias de Bruselas y ha seguido sangrando a los contribuyentes. Según sus cálculos, 66.000 personas presentan este modelo a la Agencia Tributaria cada año. Lo que todavía está por ver es cuándo –y desde cuándo– se les devolverá a los afectados el dinero sustraído.
Sea como fuere, no habrá consecuencias para Hacienda, que volverá a salir impune y seguirá aterrorizando a quienes crean prosperidad. Es Hacienda la que necesita un palo... pero sin zanahoria.