El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Vivienda pese al duro informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la norma. Así, el Ejecutivo de Sánchez ha desoído al CCGPJ y remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia con cambios de poco calado.
El sector inmobiliario no ha tardado en reaccionar ante una ley que ataca la propiedad privada, la libertad de mercado interviniendo los precios de los alquileres y dando un sablazo en el IBI a las "viviendas vacías", entre otras medidas.
Por ejemplo, esta Ley regula también el parque de vivienda en alquiler en manos de propietarios con más de 10 inmuebles, por lo que cuenta con el rechazo de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL). "Supondrá una reducción de la oferta disponible en el mercado del alquiler y limitará la inversión para mejorar el parque inmobiliario residencial actual", señala su directora general, María Andreu.
La asociación considera que "la discriminación legal de aquellos propietarios que tienen 10 o más inmuebles en alquiler supone, en la práctica, una segregación de derechos para estos propietarios y una arbitrariedad legislativa contraria a la Constitución Española". Esta limitación del derecho de propiedad en función del número de inmuebles "generará una enorme inseguridad jurídica que afectará a la imagen de España, al ser esta medida una anomalía dentro del marco de derecho de la Unión Europea", por lo que piden dejar "de lado medidas que se han probado ineficaces y que se incluyen en el texto actual, como el control de precios".
En una línea similar ha ido la Agencia Negociadora del Alquiler. "La nueva ley de vivienda en cuanto a lo que toca a los alquileres, es una ley innecesaria e injustificada porque a nuestro entender no hacía falta, porque se ha demostrado que en los países en los que se han intervenido los precios de los alquileres, estos no han bajado, y en algunos casos hasta han subido", subraya su director general, José Ramón Zurdo.
"Tenemos en España un ejemplo muy cercano como es Cataluña, que desde septiembre de 2020 en que se intervinieron los precios de los alquileres, estos han subido más que en otras Comunidades Autónomas, como la de Madrid, donde había libertad de rentas", recuerda Zurdo. "Es una ley con un alto contenido ideológico, hecha para contentar a un determinado sector del Gobierno, en concreto a Unidad Podemos. Esta Ley ataca la libertad de los arrendadores, va a provocar que la oferta se constriña, con lo cual no va a servir para nada, porque al haber menos oferta los precios subirán o se mantendrán altos, por mucho que se limiten, o se desplazará la subida hacia otras zonas donde los precios no estén limitados (zonas no tensionadas)", vaticina.
Dentro del sector de los arrendamientos, en Alquiler Seguro también han mostrado su descontento. "Después de meses viendo cómo crece la incertidumbre y la inseguridad entre inquilinos y propietarios por los sucesivos anuncios del Gobierno y el planteamiento de cambios no muy claros en el marco jurídico, nos sorprende este nuevo intento de regular precios de espalda a los jueces, pero sobre todo sin contar con los actores del mercado: inquilinos y arrendadores", explica su presidente, Antonio Carroza. "Las reglas para definir una zona tensionada y la propia intervención de los precios está poco definida, es inconcreta y genera incertidumbre en el mercado", continúa Carroza.