Desde la crisis financiera de 2008, España comenzó a generar un problema estructural que no se ha conseguido revertir, ni mucho menos, en la última década. Y es que, como consecuencia de la crisis económica nuestro país empezó a generar un mayor número de dependientes del Estado que de trabajadores del sector privado. Así las cosas, el número de personas que reciben algún tipo de retribución pública – funcionarios, desempleados, jubilados, etc. – supera en 496.776 personas a los contribuyentes del sector privado, tal y como ha calculado El Economista.
Ahora bien, pese a que el dato sigue siendo alarmante, se ha conseguido normalizar con respecto a 2020, cuando estalló la pandemia. Como consecuencia de los ERTEs el déficit subió hasta los 1,4 millones de personas dependientes del Estado. En el año 2019, el déficit fue de 530.000 retribuciones públicas más que privadas. Mientras que en 2018 se situó en nada más y nada menos que 700.000 nóminas públicas más que privadas. Por tanto, se ha comenzado a suavizar este déficit estructural que amenaza la viabilidad de las cuentas públicas desde que estalló la crisis financiera.
2009 fue el primer año en el que se produjo un vuelco entre ambos sectores haciendo que más personas fueran dependientes del Estado. En ese año, el aumento del paro llevó a un déficit de 1,3 millones. Una situación que se fue agravando hasta tocar su pico máximo en 2013, cuando el Estado pagaba 3 millones de nóminas más que el sector privado debido al aumento del desempleo.
Sin embargo, los efectos de la reforma laboral de 2012 y la recuperación económica comenzaron a dar sus frutos hasta llegar a las 700.000 nóminas públicas más que privadas. Una tendencia que ha ido evolucionando hasta situarse en las casi 500.000 que se registraron en el año 2021. No obstante, a pesar de que la tendencia continúa reduciendo esta brecha, no hay que olvidar que no se ha conseguido dar la vuelta a la situación desde el año 2009. Es decir, España lleva 12 años generando este déficit, que parece que no se cerrará con Pedro Sánchez, ni mucho menos, ya que ha llevado al empleo público a récord histórico con 145.000 empleados más desde su llegada superando los 2,3 millones.
En términos económicos, estas transferencias públicas tienen un coste de 300.000 millones de euros, lo que hace que el déficit de nuestro país vuelva a dispararse como en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y cierre 2021 en un 8,4%, según las previsiones del Gobierno.