Menú
José María Rotellar

Sánchez lleva a España al abismo laboral: hasta un millón de empleos dejarían de crearse

La contrarreforma laboral de Sánchez y Díaz tendrá un impacto negativo en la economía, debido a que esos mayores costes provocarían una disminución de la contratación.

La contrarreforma laboral de Sánchez y Díaz tendrá un impacto negativo en la economía, debido a que esos mayores costes provocarían una disminución de la contratación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EFE

Sánchez lleva a España hacia el abismo sin importarle nada más que su intento de supervivencia política personal. Sólo entiende la ostentación del poder como elemento de marketing con el que captar votos y perpetuarse en el cargo. Para ello, lo mismo introducen a los comunistas en el Gobierno cuando cinco minutos antes decían que les quitaba el sueño, por boca de Sánchez, que trazan un acuerdo con los que fueron el brazo político de la banda asesina ETA, que tanto daño ha hecho y que tantas vidas ha segado en España. Del mismo modo, si sus apoyos de la moción de censura le dan la espalda, no tiene problema alguno en cambiar de aliados e integrar a Ciudadanos en la ecuación para alcanzar la mayoría, que, además, no fue tal mayoría, pues por un error informático, según parece, se contabilizó mal el voto de un diputado del PP. En cualquier caso, el propio reglamento del Congreso asiste a dicho diputado para poder enmendarlo, pero por la información conocida la presidenta de la mesa negó todas las posibilidades que ofrece el citado reglamento, impidiendo al diputado enmendar el error informático, sin reunir la mesa, según estas informaciones. De ser así, eso vulneraría el reglamento.

Esta contrarreforma, aunque sólo se quedase en esta modificación parcial -que está por ver que no lo haga íntegramente, tal y como firmaron en su día hasta con Bildu- tocará los siguientes puntos:

  • Aunque los convenios de empresa prevalezcan frente a los sectoriales, no lo harán en uno de los temas esenciales: la negociación salarial, con un incremento de costes inasumible para las empresas, en general, y las pymes en particular, que, además, puede desembocar en una peligrosa espiral precios-salarios.

  • Riesgo permanente de que esta contrarreforma no acabe aquí, sino que pueda ir profundizándose en ella en los tiempos venideros. Por tanto, puede tener peores consecuencias de las que ahora se perciben -malas, en cualquier caso-, y con un Gobierno en constante pelea no hay garantía de que no sea así. La propia vicepresidenta Calviño ha dicho en una entrevista que no puede garantizar que nunca la tocarán. Ese riesgo va a ser permanente, especialmente si Sánchez necesita el apoyo de sus socios de investidura que han votado en contra de la contrarreforma laboral, ya que será, a buen seguro, moneda de cambio.

  • Se mantiene la prohibición de despedir tras un ERTE, cosa que puede hacer cerrar a muchas empresas en dificultades, destruyendo, así, más puestos de trabajo. Adicionalmente, limita la temporalidad de los contratos por obra y servicio, cuando muchas empresas realmente los necesitan, sumiéndolas en un aumento de costes.

  • Recupera la ultraactividad plena, de manera que los convenios serán prorrogados ilimitadamente hasta que haya nuevo acuerdo, frente al límite anual actual. Esto supone dar un poder ilimitado a los sindicatos y llevar al máximo sus reivindicaciones, ya que saben que ilimitadamente estará en vigor el convenio vencido hasta nuevo acuerdo, por mucho que digan que cabe la posibilidad de introducir el arbitraje.

  • Es una reforma hecha a espaldas de la UE, cosmética frente a ella, para cubrir el expediente, y nociva, al ser el punto de partida de la derogación de la reforma de 2012, realizada por el Gobierno del PP, que creó las bases para que, primero, cesase la destrucción de empleo heredada entonces; se estabilizasen la economía y el mercado laboral, después; y, finalmente, que estableciese el marco para que, como he dicho antes, empresas y profesionales, con su esfuerzo y trabajo, creasen esos casi 3 millones de empleos.

Esta contrarreforma, de aplicarse finalmente si no se atiende la solicitud para enmendar el error informático de la votación, tendrá un impacto negativo en la economía, debido a que esos mayores costes provocarían una disminución de la contratación, que, junto a un empeoramiento de las expectativas de los agentes económicos, debido a las políticas económicas equivocadas de Sánchez, y al efecto de otra de esas políticas, el salario mínimo, dibujarían un panorama laboral sombrío en caso de aplicarse esta contrarreforma, máxime en estos duros momentos por los que atraviesa la economía española.

Sólo el efecto de la reforma de 2012, impulsó de manera directa entre 2012 y 2018 la creación de 800.000 empleos, como se puede comprobar en los cuadros siguientes del profesor Dr. Cortiñas, de la UNED (que recogen los datos reales del empleo en términos de Contabilidad Nacional, y la estimación del comportamiento que habría tenido el empleo de no haberse llevado a cabo la reforma de laboral de 2012), que con el efecto indirecto por mejora del entorno económico y expectativas se amplió hasta casi 3 millones de nuevos puestos de trabajo según el dato de afiliados a la Seguridad Social.

dfsdfdf.jpg
ghgfhgf.jpg
bncvb.jpg

Ahora, sucederá a la inversa. Cada año, así, dejarían de crearse más de 100.000 puestos de trabajo que sí podrían generarse de mantenerse la reforma laboral sin derogar, provocado por una pérdida anual de alrededor de 2 décimas de PIB y una merma adicional de un millón de puestos de trabajo en un período de cinco años, que incrementarían, así, el desempleo.

iopiopi.jpg

Por tanto, si al final no se atienden los derechos del diputado del PP, al que asiste el reglamento, para enmendar el error técnico, y la contrarreforma se pone en marcha, provocará que la economía caiga pueda llegar a perder un punto de crecimiento y que se dejen de crear un millón de puestos de trabajo adicionales en el próximo quinquenio. Es una medida sin sentido, salvo que lo que se pretendiese fuese empobrecer más a España.

Temas

En Libre Mercado