En marzo de 2020, la pandemia del coronavirus llevó al Gobierno a decretar la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de evitar que éstas se vieran en la calle en un momento especialmente complicado. La medida, que ya desató la polémica por aquel entonces, pretendía cubrir el estado de alarma. Sin embargo, este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva prórroga -la quinta ya-, de tal forma que los propietarios tendrán que seguir manteniendo a sus okupas hasta el próximo mes de octubre, lo que significa que, para entonces, muchos de ellos llevarán ya dos años y medio con el proceso de desahucio completamente paralizado.
"Esta prórroga lo único que hace es alargar la agonía de pequeños propietarios", denuncia Ricardo Bravo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que asegura que muchos de los okupas que se están beneficiando de esta medida son "falsos vulnerables, jetas que no mantienen una conducta adecuada".
¿Quién ayuda a los propietarios?
En declaraciones a Libertad Mercado, Bravo lamenta que estas personas estén recibiendo "toda la ayuda por parte del Estado", mientras que, en estos momentos, no hay sobre la mesa "ni una sola medida" para paliar todos los recargos que esta situación está suponiendo tanto para los arrendadores como para los vecinos que también sufren las consecuencias de la okupación.
En realidad, en junio de 2021, el Gobierno sí aprobó una compensación para los propietarios que no pudieran echar a sus okupas por culpa de la pandemia. Sin embargo, nadie ha visto un solo euro: "No sabemos si ese dinero ha llegado a las comunidades autónomas, lo que sí sabemos es que a día de hoy no conocemos ni una sola persona, en ninguna comunidad autónoma, que haya podido cobrar esa compensación que, además, ya está muy limitada a una casuística muy concreta y, por tanto, ya de por sí cubre a muy pocos afectados".
Desde Asturias, Jaime Acevedo, presidente de la Plataforma de Propietarios de Viviendas en Alquiler, corrobora la denuncia. De hecho, este mismo martes su organización se ha concentrado a las puertas de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado para volver a reclamar a todas las administraciones que les devuelvan sus viviendas.
Vivienda privada, vivienda social
Cada 15 días, organizan actos de protesta como éste y el destino ha querido que en esta ocasión coincida con la nueva prórroga de la suspensión de los desahucios. "Es terrible, porque encima les tenemos que mantener y ya estamos en la ruina, y esto nos destroza completamente porque, además del dinero, esto acaba con nuestra salud física y mental", advierte Acevedo.
En línea con la Plataforma de Afectados por la Ocupación, este propietario insiste, además, en que "este escudo social es un coladero", puesto que, según denuncia, se aferran a él personas que realmente no son vulnerables. Y, en todo caso, aunque lo fueran, cree que no son ellos los que tienen que asumir su protección. "Resulta que yo tengo una vivienda privada y, a la fuerza, la convierten en una vivienda social. ¡No somos una ONG! -exclama enfadado-.Vale que haya una problemática, pero el pequeño propietario no tiene que hacerse cargo de esto, porque nosotros no hemos generado este problema. Que busquen medidas, pero no a nuestra costa".
Crece la inquiokupación
Jaime es uno de los miles de afectados por la inquiokupación, la modalidad más extendida en estos momentos. En junio de 2019, sus inquilinos dejaron de pagar. "Un mes antes ya me habían dicho que se habían ido de vacaciones y no tenían dinero para pagarme. Después, ya me dijeron que no me iban a volver a ingresar el alquiler y que tampoco se iban a marchar -recuerda indignado-. Cuando les advertí de que entonces tendría que recurrir a la justicia, me dijeron que ya estaban acostumbrados".
Tras meses de trámites cruzados, el desahucio se fijó para 2020, pero el decreto impulsado por el Gobierno tras el inicio de la pandemia lo ha ido retrasando, de tal forma que ya lleva 32 meses manteniendo a sus okupas y más de 15.000 euros perdidos. Su caso no es único, ni tampoco el más sangrante. "No somos ricos, somos trabajadores con sueldos normalitos, incluso hay parados y muchos jubilados.", insiste.
Jubilados desesperados
Joaquín es uno de ellos. A sus casi 87 años, decidó poner en alquiler el piso que con tanto esfuerzo de ilusión compró cuando se casó con su mujer con el fin de complementar la "pequeña pensión" que le había quedado. Se trataba de una vivienda de tres habitaciones situada en El Berrón, una pequeña localidad situada a 15 kilométros de Oviedo, y con un edificio completamente reformado: "Incluso me gasté 6.000 euros para que el ascensor llegase hasta abajo del todo".
Hoy, por culpa de las sucesivas prórrogas del Gobierno, lleva casi dos años y medio sin recibir ni un céntimo del alquiler. "Pagaron dos o tres meses de entrada y luego ya empezaron mal: que si nos faltan 100 euros, que si 50, que si 60… Y así hasta se acabó y, como la ley les ampara, pues esto es una injusticia terrible", lamenta en conversación con LM.
"Si ella es vulnerable, pues yo también lo soy -apunta en referencia a su inquilina-. Ya tengo una edad muy avanzada y esto me está arruinando la vida. Han pasado ya dos años y medio y encima les tenemos que pagar la comunidad, el agua, la basura y todos los impuestos. Estoy desesperado y hay muchísima gente en mi situación". El presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación así lo corrobora y, por ello, reitera el llamamiento al Gobierno para que, al menos, les escuchen, puesto que PSOE y Podemos ni siquiera han accedido a reunirse con ellos.