La inflación desborda la cesta de la compra y se extiende por todas las ramas de la actividad de la economía. Enero se saldó con una tasa interanual del 6,1%, y aunque quedó cuatro décimas por debajo de la de diciembre (6,5%), sigue siendo un dato escalofriante y el mayor nivel de precios alcanzado en 30 años.
El que no da tregua otro mes más es el IPC subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni la energía, o lo que es lo mismo, los componentes más volátiles de la ecuación. En enero subió hasta el 2,4%, cuatro veces por encima del de hace un año y prueba irrefutable de que la inflación está afectando a todo.
Mientras tanto, el Gobierno sigue mirando para otro lado. "Es transitoria", "no es exorbitante", dicen con indignante descaro. Sin detenerse en que son los principales beneficiarios de la inflación, porque las arcas públicas obtienen copiosos beneficios a través de los impuestos. Así, el Ministerio de Hacienda lleva desde el año 2008 sin actualizar el IRPF con el IPC, lo que en un entorno de precios moderados –de 2008 a 2019– ya supuso una subida de impuestos encubierta de unos 430 euros de media por ciudadano. Ahora, con el IPC en máximos desde hace décadas, el sablazo roza esa misma cuantía... pero solo en 2021.
Tampoco hay que olvidar que la inflación devalúa la deuda pública, maquillando el nivel de endeudamiento del Estado, lo que beneficia sobremanera a Gobiernos manirrotos y despilfarradores como el de Sánchez. Eso sí, esta distorsión presupuestaria se produce a cambio de erosionar la riqueza del país, fulminar el ahorro de los ciudadanos y lastrar la competitividad de de la economía. En definitiva, el precio es el empobrecimiento generalizado, sobre todo de las clases más desfavorecidas, a las que el Gobierno social-comunista finge proteger.
El horizonte inflacionario es muy negro. El Gobierno se escudará en los cuellos de botella que se han generado tras la pandemia o en que tiene las manos atadas ante la política monetaria del BCE. Pero seguirá cebando al monstruo con políticas tan populistas como la subida del SMI, que desencadenará los temidos efectos de segunda ronda, y con la greenflation (o inflación verde), que es el nombre con el se conoce la subida de precios asociada a la demencial transición energética.
Moncloa planea numerosas subidas fiscales con la excusa de la protección del medioambiente. Los peajes en las autovías, la subida del diésel o el impuesto a los plásticos son algunas de ellas. En el lado opuesto está el ejemplo de Polonia, que reducirá a 0 el IVA de los alimentos básicos y bajará la fiscalidad a más productos como parte de su escudo antiinflacionista. Hasta EEUU debate suspender la tributación de la gasolina en un intento desesperado por frenar la inflación. Aquí Pedro Sánchez se frota las manos con este impuesto silencioso.