"La inflación no me preocupa a corto plazo" porque "no es exorbitante", declaraba la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a principios del pasado mes de septiembre, cuando el IPC cerró en el 4%. La subida de la inflación responde a un "fenómeno transitorio" aseguraba Calviño en noviembre, cuando el IPC terminó el mes en el insólito 5,5%.
Ya en ese mismo mes de noviembre, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pidió a los políticos eliminar el adjetivo de "transitoria" al referirse a la inflación, como acostumbraba a calificar el Banco Central Europeo (BCE) y, por supuesto, el Gobierno de Sánchez-
Ante la evidencia de que la escalada de precios va a perdurar en el tiempo, al BCE no le ha quedado más remedio que rectificar. "Quizás la inflación no sea tan transitoria como se pronosticó hace solo unos meses", reconocía el vicepresidente organismo, Luis de Guindos, el pasado mes enero. Hace unos días, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, abría la puerta a subir los tipos de interés este año (actualmente están en mínimos históricos) para intentar contener la inflación. La banquera central también admitía que el incremento de la inflación iba más allá de los precios de la energía. Lagarde señalaba que las subidas de precios "se han vuelto más generalizadas", con encarecimientos de todo tipo de bienes y servicios.
La subyacente se multiplica por cuatro
En el caso de España, el fenómeno al que se refería Lagarde puede observarse en el dato que el INE desveló ayer martes sobre la inflación subyacente del mes de enero, que es la variable que excluye a los alimentos no elaborados y la parte energética. Es decir, el componente más volátil del IPC. Como ya hemos explicado en Libre Mercado, la inflación subyacente lo que confirma es el incremento generalizado de los precios en todas las actividades económicas.
Así, en el primer mes de 2022, el IPC general subió un 6,1%, cuatro décimas por debajo de la tasa de diciembre (6,5%), aunque sigue siendo el mayor dato en 30 años. Sin embargo, en el caso de la inflación subyacente, la tasa siguió subiendo hasta el 2,4%, cuatro veces más que en enero de 2021, cuando el dato era del 0,6%.
Aunque las presiones inflacionistas se están produciendo en todo el mundo, la escalada de los precios se está notando más en España que en el resto del continente. Por tanto, hay muchos motivos para la preocupación, ya que la inflación perjudica especialmente a los más pobres.
Sin embargo, en el ala económica del Gobierno continúan quitándole hierro a este fenómeno, e incluso, se lucran de él por la vía de los impuestos. Por ejemplo, como el Ministerio de Hacienda se niega a actualizar el IRPF con el IPC, el Estado hace caja con una subida fiscal encubierta para millones de ciudadanos.
Aparece la ‘greenflation’
Además, los políticos también están alimentando con sus medidas otro fenómeno inflacionario: la greenflation (o inflación verde), que es el nombre con el se ha bautizado a la subida de precios asociada a la transición energética.
Hasta la propia responsable de operaciones de mercado del BCE, Isabel Schnabel, ha reconocido las tensiones inflacionistas que genera el ecologismo actual. "La transición energética plantea riesgos alcistas de inflación a medio plazo", señaló la alemana, lo que repercute directamente en las rentas más bajas.
Los derechos de emisión de CO2 son el mejor ejemplo. Se trata de una tasa que Europa obliga a pagar a las energías contaminantes, cuyos derechos cotizan en el mercado y que genera unos suculentos ingresos a las haciendas europeas. Estos derechos de emisión los pagan fundamentalmente empresas de gas y funcionan como otro impuesto que acaban costeando los contribuyentes en el precio de la energía. A día de hoy, el precio de los derechos de CO2 se ha disparado, lo eleva la inflación independientemente de las dañinas políticas monetarias expansivas de los últimos años o de los cuellos de botella que se han generado tras la pandemia y que también contribuyen a la escalada de precios.
Así, la protección del medioambiente está siendo la excusa ideal de los gobiernos para elevar los impuestos, lo que contribuye, a su vez, a elevar los precios de multitud de productos. En este sentido, cabe recordar el reciente acuerdo europeo que prohíbe "la posibilidad de que los Estados miembros apliquen tipos reducidos y exenciones de IVA a bienes y servicios considerados perjudiciales para el medioambiente y para los objetivos de la UE en materia de cambio climático". ¿Y qué productos dañan el medioambiente? Lo cierto es que cualquiera es susceptible de ser declarado contaminante en beneficio de las arcas públicas.
En el caso de España, el Gobierno de Sánchez planea numerosas subidas fiscales bajo la excusa de la protección del medioambiente. Los peajes en las autovías, la subida del diésel o el impuesto a los plásticos son algunas de ellas. En el lado opuesto está el ejemplo de Polonia, que reducirá a 0 el IVA de los alimentos básicos y bajará impuestos a más producto como parte de su escudo antiinflacionista.