De poco sirve tener un título de propiedad si, en la práctica, la disposición de la misma depende de lo que diga el gobierno y no el dueño. La historia está llena de ejemplos los que el vaciamiento de dicha institución legal se produjo por la puerta de atrás, manteniendo su reconocimiento formal pero aboliendo su desarrollo práctico.
Un ejemplo evidente es el de Hitler y el nacional-socialismo, puesto que el III Reich nunca llegó a suprimir el derecho de propiedad, que siguió codificado dentro de las leyes del nuevo régimen, pero que terminó sujeto a todo tipo de condicionantes y restricciones por parte de un régimen que solo reconocía la propiedad en la medida en que su uso beneficiaba al régimen.
El caso más reciente lo tenemos en Cataluña, donde el Parlamento acaba de aprobar una nueva ley antidesahucios que viene a sustituir la norma autonómica que fue aprobada hace un año y terminó siendo anulada por el Tribunal Constitucional. Quizá la cláusula más polémica de la legislación que acaba de aprobarse es la que tiene que ver con la cesión de propiedades en régimen de "alquiler social" a okupas.
Para ser precisos, aquellos particulares que posean más de quince viviendas o aquellas empresas que tengan más de diez pisos en cartera deberán ofrecer "alquiler social" a quienes usurpen el inmueble en cuestión, con la obligación de realizar esta cesión por periodos que van desde los cinco años, en el caso de los particulares, hasta los siete años, en el de las empresas, o los doce años, si se trata de bancos o fondos de inversión.
Las empresas del sector financiero quedarán especialmente golpeadas, porque no tendrán fórmula alguna de escapar de esta obligación. En cambio al resto de sujetos afectados, podrán solicitar al gobierno catalán que se haga cargo del pago del "alquiler social" al que se podrían acoger de ahora en adelante los okupas. Para ser precisos, será la Agencia de Vivienda de Cataluña la que, bien suscribiendo directamente el contrato de arriendo, bien sufragando el pago del alquiler vía ayudas.
Además, la nueva normativa instaura la expropiación de aquellas propiedades que lleven más de dos años vacíos "de forma injustificada", afectando igualmente a particulares, empresas y entidades financieras. De modo que los criterios fijados por los políticos catalanes serán invocados para arrancar bienes inmuebles de las manos de sus dueños.
Apoyo del PSC
Los socialistas catalanes votaron a favor de la nueva ley, que contó igualmente con el respaldo de ERC y Junts per Catalunya. También respaldaron la aprobación de la norma los legisladores de la CUP y de En Comú. Vox votó en contra y tanto Cs como el PP se negaron directamente a emitir su voto, tras rechazar la Mesa del Parlamento su petición de enviar el proyecto de ley al Consejo de Garantías Estatutarias.
El PP ya ha anunciado que recurrirá la nueva ley catalana ante el Tribunal Constitucional, mientras que los partidos que aprobaron la misma no han tardado en hacerse una foto con diversos representantes de los grupúsculos de izquierda radical que han hecho campaña a favor de la nueva norma.