Nada más llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez y su gobierno decidieron paralizar el proyecto ya en marcha de la construcción de un Almacén Temporal Centralizado para procesar los residuos de alta actividad procedentes del combustible de las centrales nucleares. Fue en julio de 2018, un mes después de la investidura de Sánchez: el recién creado Ministerio de Transición Ecológica solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear dejar en suspenso el informe de Autorización de Construcción del ATC dejando en el limbo un proyecto a largo plazo destinado a albergar durante sesenta años los residuos hasta ahora dispersos en España y en el extranjero.
La idea de construir este almacén nació muchos años atrás, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la empresa pública Enresa, encargada de la gestión de residuos nucleares, elaboró un proyecto que proponía esta solución en línea con otros países de nuestro entorno. En 2006 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el primer diseño; seis años más tarde, el Consejo de Ministros aprobó la candidatura de Villar de Cañas (Cuenca) para albergarlo. El plan siguió avanzando en 2014 con las solicitudes de autorización de emplazamiento y construcción pero cuatro años después el PSOE decidió olvidarse, de momento, de levantar un almacén que en su día levantó ampollas en el partido por la oposición del presidente manchego Emiliano García Page, que desató una guerra judicial contra el municipio. Según el propio Consejo de Seguridad Nuclear, la decisión llegó tras "47.000 horas de trabajo técnico para analizar la autorización de construcción del ATC" y cuando sólo "faltaban unas 800 horas (unos 15 días) para terminar su evaluación".
La no existencia de unas instalaciones que en principio se querían tener listas en 2010 y que el borrador del séptimo plan de residuos radiactivos posterga ya a 2028 implica que el combustible gastado se esté almacenando primero en las piscinas de cada central y después en Almacenes Temporales Individualizados (ATI) como los que ya existen en Trillo, José Cabrera, Ascó, Almaraz y Santa María de Garoña. En las piscinas, resistentes a seísmos y con entre 11 y 13 metros de profundidad, el combustible se enfría y se blinda frente a fugas. En los ATI, es almacenado en seco, en bidones diseñados para soportar terremotos colocados a la intemperie sobre losas sísmicas o en naves de hormigón también a prueba de seísmos.
A los residuos de estas centrales se suman otros: los de la central de Vandellós I que se enviaron a Francia para ser reprocesados y que según el acuerdo que se firmó en 2013 con la francesa Areva tenían que haber regresado a España el 30 de junio de 2017. A partir de esa fecha, Enresa se comprometió a pagar una penalización diaria que sería devuelta al regreso de los residuos descontando el pago por el almacenamiento. La cantidad pagada en los años 2020, 2019, 2018 y 2017 fue de 76.618,14, 76.296,09, 74.887,03 y 73.044,94 euros diarios. En 2021 se pagaron 78.848,66 euros al día, según fuentes de la empresa. En total, unos 124 millones de euros por 12 capsulas con un volumen de 2,33 metros cúbicos y 68 capsulas con un volumen total de 13,2 metros cúbicos de residuos vitrificados de alta actividad.
"Es necesario para España"
Entre tanto, en Villar de Cañas no pierden la esperanza aunque asumen que a corto plazo no se recuperará el proyecto: dan por hecho que no saldrá adelante antes de las elecciones autonómicas de 2023 y las generales de unos meses después. En el pueblo "el apoyo sigue siendo total", cuentan a LD desde el Ayuntamiento.
Dicen que eran conscientes desde el principio de que se trataba de un "proceso largo" y también de las posibles trabas ecologistas y políticas y se mantienen convencidos de que terminará saliendo: cuentan que apoyan el proyecto porque lo conocen, porque saben que "no corremos ningún riesgo" y "por lo necesario que es para España": "Es la oportunidad de un pueblo tan pequeño de contribuir a solucionar un problema tan importante".
La solución más barata
El futuro ATC permitiría por un lado albergar todos los residuos durante al menos sesenta años hasta la construcción de un almacén permanente (la próxima ‘patata caliente’) y estaría acompañado de infraestructuras, laboratorios y un parque industrial, hecho que hacía muy atractiva su instalación para los municipios que intentaron ser elegidos.
Desde Enresa sostienen que es la solución ideal de cara al futuro desmantelamiento de centrales y la más "eficiente económicamente", puesto que "requiere menos recursos, manteniendo los mismo estándares de seguridad". También piensa así el divulgador Alfredo García (@OperadorNuclear) en declaraciones a LD: "Desde el punto de vista de la seguridad, un ATI es tan seguro como un ATC. Sin embargo, desde el punto de vista económico es más adecuado un ATC en lugar de cinco ATI, cada uno en un emplazamiento, con medidas de seguridad y vigilancia. Es lo que están haciendo la mayoría de países con centrales nucleares, como Holanda, Suiza, Francia, Suecia, Bélgica o Rusia. Además, un ATC tiene asociado un centro tecnológico sobre técnicas de gestión avanzada del combustible gastado, la separación y transmutación de los residuos de período largo y la utilización óptima de los materiales energéticos recuperados en el proceso".
Pese a los retrasos y esta pausa indefinida, García defiende que sería absurdo cerrar las centrales sin tener disponible un ATC que permita rehabilitar completamente el emplazamiento salvo que se quiera pasar directamente a la siguiente fase, la construcción del Almacén Geológico Profundo, para el que el borrador del Plan de Residuos pone una lejana fecha: 2073. Es la opción adoptada por países como Finlandia.
Una cuestión política
Desde Villar de Cañas insisten en que saben que el proyecto es un "compromiso de generaciones" y lamentan que el informe para arrancar la construcción "estaba a punto de emitirse". La decisión del Gobierno implicó que las primeras empresas que acudieron al proceso de licenciamiento tuvieran que retirarse del proyecto y también un perjuicio para vecinos del pueblo que se embarcaron en hipotecas para bares u hostales cuando se levantaban las primeras carreteras.
En cualquier caso indican que "estos parones entran dentro de lo normal" y esperan que el plan se reanude en algún momento: "Es una cuestión política; científicamente la solución está clara", explican destacando que el proyecto de Enresa es "fantástico" por los cuatro laboratorios y el parque empresarial. Sobre esa cerrazón política contra el ATC destacan el "empecinamiento personal" de Page y la "barbaridad" que a su juicio supuso litigar en los tribunales: "Nos hemos tirado años de pleito para ganarlo todo".