El Gobierno continúa su guerra al coche. El Ejecutivo de Sánchez ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una nueva figura fiscal para que los ayuntamientos que lo deseen puedan llenar sus arcas implantando un peaje por entrar con el vehículo a zonas de bajas emisiones.
Actualmente, todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes -o de 20.000 en algunos casos- están obligados a crear una zona de bajas emisiones, en las que pueden o bien prohibir la entrada de ciertos vehículos y ahora también cobrarles impuestos.
Esta medida está incluida en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y conlleva una habilitación por parte del Ministerio de Hacienda que añade este peaje al conjunto de tasas que tienen las entidades locales. Algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, llevan tiempo pidiendo poder hacerlo.
"Se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas libre de humos y congestión, permitiendo crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor. Así, la ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones", señala el Gobierno.
Además de este nuevo mazazo al bolsillo de los conductores, el Gobierno tiene previsto implantar peajes en todas las autovías del país.