Seamos claros: la única razón por la cual el paro no se ha disparado al 25% durante la crisis del coronavirus es la aprobación de la reforma laboral de 2012. Hasta entonces, todas las recesiones de calado con las que lidiaba la economía española se traducían en niveles escandalosos de desempleo. De modo que, antes de entrar a evaluar el comportamiento del mercado de trabajo, se hace preciso empezar por lo fundamental y reconocer que, en ausencia de las sustanciales mejoras introducidas por Fátima Báñez, hoy tendríamos entre dos y tres millones de parados más.
Lamentablemente, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en aumentar la rigidez del mercado de trabajo. Desde su llegada a la Moncloa, el socialista se ha asegurado de engrasar las subvenciones a los sindicatos y de aislar a la patronal en la toma de decisiones. En paralelo, ha decretado fuerte aumentos del salario mínimo que han elevado sustancialmente las barreras de acceso al empleo en las provincias con menores niveles de renta, afectando especialmente a trabajadores jóvenes y a los profesionales menos cualificados. Por si no fuese suficiente, Sánchez ha introducido todo tipo de trabas en los procesos laborales, como por ejemplo el obsoleto y arcaico registro horario.
La contrarreforma que se ha aprobado este año está llamada a introducir aún más rigideces en el mercado de trabajo. No cabe obviar el coste económico y social de seguir dando pasos atrás en algo tan importante. Si España tuviese un nivel de paro similar al promedio europeo, no tendría déficit público y los números rojos de la Seguridad Social se reducirían en un 80%. No solo eso: la reducción del desempleo y la incorporación de quienes trabajan en la economía sumergida permitiría reducir de forma significativa el esfuerzo fiscal que soporta el contribuyente, uno de los más altos de Europa.
Por fortuna, ni Pedro Sánchez ni su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se han atrevido a desmontar por completo los dos ingredientes centrales de la reforma de Fátima Báñez: el abaratamiento de los costes de contratación y despido y el mayor grado de flexibilidad interna que hoy tienen las empresas a la hora de tomar decisiones con independencia de los convenios sectoriales. Sin embargo, la contrarreforma laboral supone avanzar en la dirección equivocada y, como tal, debe considerarse un cambio a peor en el ámbito del empleo, que es precisamente en el que menos podemos permitirnos un nuevo deterioro.
Es importante subrayar, de hecho, que el mercado de trabajo muestra ya algunas señales preocupantes. Libre Mercado explicó esta misma semana que están subiendo los trabajadores inactivos y los parados de larga duración. Los segundos ya suponen casi dos tercios del paro total, lo que contribuye a cebar un problema de inaccesibilidad crónica al mercado de trabajo. El Gobierno que dice estar por la inclusión se confirma, pues, como el Gabinete que más hace por la exclusión laboral. No en vano, la Encuesta de Población Activa señala que 2,2 millones de desempleados llevan más de seis meses buscando trabajo y no lo encuentran.
Además, hay que tener en cuenta que el comportamiento del mercado laboral está claramente maquillado por el buen desempeño de regiones con políticas económicas liberales como Madrid, así como por el continuo refuerzo de las plantillas públicas, cuyo tamaño ha aumentado cuatro veces más que el empleo privado desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Sin Madrid y sin empleo público, el deterioro se hace aún más evidente.
Por tanto, se hace preciso alertar sobre el cambio de paradigma. Y es que, a pesar de que el mercado laboral que heredó Sánchez está mucho más liberalizado que el recibido por Rajoy, lo cierto es que la evolución de 2018 a 2022 ha sido muy negativa en todo lo referido al apuntalamiento de las mejoras de flexibilidad introducidas por Báñez. En última instancia, insistir por este camino solo exacerbará la exclusión laboral de millones de españoles, que se han convertido en parados por decreto por culpa del sanchismo.