Los precios de la energía siguen asfixiando a los españoles ante la desidia del Gobierno, que ya ha anunciado que hasta finales de mes no piensa tomar medidas al respecto. A Pedro Sánchez no le importa en absoluto que las empresas y los consumidores no puedan aguantar más esta espiral inflacionista. Mientras, en los demás países de Europa ya han puesto en marcha una serie de medidas y bajadas fiscales de emergencia. En cambio, aquí el Ejecutivo social-comunista se ha limitado a prometer que va a bajar el precio de los combustibles, del gas y de la luz, pero sin concretar cómo ni a quién.
Llevan toda la semana diciendo que la rebaja fiscal va a a llegar, pero voces alertan de que las medidas principales pasarán por la intervención de precios y por machacar a las empresas. Tan poco acostumbrada está la izquierda a bajar impuestos, que cabe esperar que ese alivio impositivo, de materializarse, que está por ver, resulte insuficiente, sea muy limitado en el tiempo y deje a mucha gente fuera.
Las suspicacias están más que fundadas, habida cuenta de que este mismo mes ha llegado a las manos de Hacienda la propuesta contraria. Después de un año trabajando en un artero plan para estrujar aún más a los contribuyentes, el comité de expertos elegido por María Jesús Montero ya ha pergeñado su Libro Blanco. La voraz ministra pretende usarlo como excusa para llevar a cabo una reforma fiscal que supondrá un auténtico expolio. Como coartada, usará el falaz argumento de la brecha recaudatoria que separaría a España de la media de la UE.
Montero tiene como objetivo acabar con la baja fiscalidad de las regiones que menos gravan a sus ciudadanos, como la Comunidad de Madrid, apropiándose de competencias fiscales autonómicas para armonizar impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones. Ya es casualidad que el grupo de profesores y economistas escogidos por la ministra recomienden lo mismo que lleva intentando perpetrar Montero desde que fuera consejera de Hacienda en el Gobierno andaluz de la fracasada Susana Díaz.
Los fraudulentos expertos instan a Hacienda a subir el IVA, el IRPF y castigar tremendamente a los propietarios de vehículos de combustión. Así, urgen al Gobierno a subir la tributación del diésel y de la gasolina y el Impuesto de Matriculación, entre otras medidas expoliadoras. Para justificar el atraco, aluden a que hay que "penalizar a las tecnologías más contaminantes" porque "hay una situación muy seria de riesgo climático". Hace falta tener poca vergüenza.
María Jesús Montero podrá excusarse en que no tiene obligación de seguir a pies juntillas cada una de las recomendaciones de sus expertos, pero teniendo en cuenta la campaña anticoche que han emprendido PSOE y Podemos desde su llegada a Moncloa resulta imposible disimular. Es más, el Gobierno ya ha intentado subir antes la tributación al diésel para ingresar a costa de los usuarios de este carburante 670 millones de euros. Fue en 2019 cuando el Ejecutivo de Sánchez intentó colar esta subida fiscal en el borrador de los PGE. Por suerte para los conductores, estas cuentas resultaron fallidas, pero no hay duda de que volverán a intentar elevar esta carga fiscal en poco tiempo.
Ahora, el Gobierno dice estar buscando una fórmula mágica para rebajar la factura de los carburantes, cuando no lo puede tener más fácil: casi el 50% del precio que paga el consumidor final lo devora Hacienda vía impuestos. Pero los cerca de 20.000 millones de euros al año que se embolsa el Estado con las gasolinas son tan suculentos, que cuanto más pospongan la rebaja más se enriquecen las arcas del Estado. Lo mismo ocurre con el gas (que está gravado con el Impuesto de Hidrocarburos y con el 21% de IVA, ¡el máximo!) o con la luz (con un IVA del 10% que se aplica sobre unos precios desorbitados). Mientras las arcas del Estado se llenan cada día, el Gobierno finge buscar una solución. Y así gana tiempo y dinero.