Llevamos viviendo muchos años con un gasto público desmedido. En Estados Unidos, con la llegada del presidente Biden se aprobó el proyecto de ley de infraestructuras, como un empeño personal suyo para renovar carreteras, puentes e incluso trenes, tanto de pasajeros como de mercancías, ni más ni menos que por un billón de dólares, en lo que constituye una oportunidad perdida para apostar decididamente, no como un mero brindis al sol, por la colaboración público-privada que alivie de gasto público la economía, en lugar del intervencionismo directo del sector público, que es por lo que se ha optado.
Por otra parte, la Unión Europea lleva años siendo flexible en exceso con el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria: desde la anterior crisis, toda esa disciplina se ha perdido: varios de los diferentes países de la Unión Europea, por ejemplo, no terminan de alcanzar el equilibrio presupuestario, es habitual que los distintos gobiernos nacionales -como hizo el presidente Sánchez antes de la pandemia, cuando no se encontraba suspendido el pacto de estabilidad- traten de renegociar sus objetivos de déficit y deuda, para que la Comisión Europea les conceda un mayor margen, flexibilizando, así, su cumplimiento. Ahora, la Comisión Europea desliza la idea de que podrían revisarse las sendas de estabilidad -en el sentido de hacer más laxo su cumplimiento- de los países de la zona euro, aunque haya pedido ya que los países con deuda más abultada traten de ir corrigiéndola en 2023.
En España, desde que Sánchez llegó al Gobierno y, especialmente, desde que formó uno de coalición con Podemos, su empeño en incrementar el gasto público es una cuestión que aparece en cada declaración gubernamental. Cuando gobernó con profusa utilización del real decreto, aprobó medidas que venían a suponer casi 10.000 millones de euros de manera estructural, en aquello que el Ejecutivo llamó los viernes sociales y la oposición bautizó como viernes electorales, pues fueron decisiones tomadas con carácter previo a la celebración de las elecciones de abril de 2019, una vez ya convocadas las mismas.
Entonces se recordó que España haría bien en no incrementar su gasto y que, además, debería reducirlo. La propia Comisión Europea le pidió al Gobierno español que redujese el déficit estructural en 0,65 puntos sobre el PIB, es decir, en 7.826 millones de euros, porque le preocupaba el mantenimiento de ese componente estructural cuando se llegase a una situación de intensa caída del ciclo económico, donde la coyuntura ya no permitiría mitigar tanto el desequilibrio presupuestario. Nada de eso hizo y ahora España tiene más de un 5% de déficit estructural.
Tras ganar Sánchez las elecciones en abril de 2019, a los pocos días envió a Bruselas la actualización del plan de estabilidad, donde insistía en que su objetivo sería aplicar las medidas de subidas de impuestos e incremento de gasto recogidas en su fallido proyecto de presupuestos de febrero de ese año. Bruselas, entonces, ya alertó de que el gasto crecería más que lo reflejado por el Gobierno y que la recaudación, por el contrario, no aumentaría tanto, motivo por el que solicitaba ajustes.
Y así, gobernando todavía con la prorroga presupuestaria de los PGE de 2018 -del Gobierno del PP- continuó el Ejecutivo de Sánchez, exponiendo su deseo de aumentar gasto e impuestos, aunque no lo hubiese podido concretar del todo hasta el momento, más allá de algunas medidas peligrosas por el lado del gasto y absurdas por el lado de los impuestos, mientras la economía se ralentizaba de manera, cada vez, más intensa.
Tras este itinerario, al desatarse la crisis económica derivada del coronavirus, el Gobierno sólo supo reaccionar con propuestas de más gasto y más impuestos, cuando, por el lado del gasto la economía no soporta ya más que siga creciendo el mismo, pues el déficit se torna en inviable, y por el lado de los ingresos supondría aplicar una política fiscal muy contractiva, que perjudicaría mucho al poder adquisitivo de los ciudadanos y que haría caer más todavía la producción y el empleo.
A comienzos de mayo de 2020 la vicepresidenta Calviño y la ministra de Hacienda -Montero- presentaron la actualización del programa de estabilidad enviado a Bruselas el último día de abril. En él, se veía ya un deterioro muy importante tanto de la actividad económica y del empleo como de las cuentas públicas españolas. Así, el Gobierno preveía que el PIB todavía estuviese en el IVTR-2021 casi seis puntos por debajo del nivel que había alcanzado en 2019, además con un elevado desempleo, cosa que, pese al fuerte rebote en el corto plazo, parece confirmarse en la perspectiva de final de año desde los siete meses y medio que ya llevamos consumidos de 2021.
Esa caída de la actividad y del empleo tuvo su lógica repercusión sobre la recaudación, que se desplomó en los impuestos indirectos y se mantuvo algo más en el IRPF debido a los ERTE. Por tanto, déficit y deuda se han ido incrementando, aunque sólo fuese por el juego de los estabilizadores automáticos (más gasto por prestaciones por desempleo y menos ingresos por caída de actividad económica). Eso nos llevó en 2020 a un déficit público del 11% del PIB -el impacto extraordinario de la reclasificación de la deuda de la SAREB aportó alrededor de un punto, con un incremento brutal del gasto público en 54.765 millones, que hizo escalar el peso del gasto público sobre el PIB casi diez puntos, hasta el 51,5%, mientras los ingresos cayeron en 25.711 millones de euros, con un descenso del 5,3%..
Pues bien, sobre ese escenario ya de por sí sombrío, en lugar de tratar de que su efecto sólo tuviese impacto en 2020, por las medidas excepcionales adoptadas y el juego de los estabilizadores automáticos, todas las administraciones públicas no han dejado de incrementar el gasto estructural.
Eso ha llevado a que el déficit, tras reducirse de manera clara, hasta el equilibrio presupuestario, en la era de Aznar, que dejó el impulso de la inercia que permitió conseguir los primeros saldos positivos, ahora haya vuelto a los niveles en el que lo dejó Zapatero.
Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamiento están aumentando el gasto y lo están consolidando, en gran parte, como estructural. Cuando haya que retornar al cumplimiento del pacto de estabilidad, ¿qué van a hacer? El Gobierno de la nación no podrá seguir creando fondos extraordinarios, y las CCAA, al no recibirlos, se encontrarán con un déficit importante, además de probables problemas de liquidez o encarecimiento de la misma, pero nadie hace nada: las elecciones -municipales, autonómicas y generales- no están tan lejos y no parece que haya casi nadie que esté dispuesto a no prometer un gasto más para tratar de conseguir réditos electorales.
España no necesita más gasto, sino gestionar de manera eficiente el que tiene e incluso reducir el que no sirve de nada, para así, precisamente, mantener el grueso de los servicios esenciales. El problema sanitario no ha sido por falta de gasto, sino por mala gestión al no anticiparse con medidas tempranas que hubiesen evitado el colapso de la sanidad y que habría permitido no tener que adoptar medidas económicas tan duras como las que hemos sufrido. Y España no necesita más impuestos, sino mantenerlos sin subir y bajarlos en cuanto sea posible, especialmente los directos y las cotizaciones sociales, aunque fuese a costa de redefinir con los indirectos el mix impositivo, que son mucho más neutrales para la actividad económica. Nadie discute el gasto coyuntural derivado de la pandemia, pero sí el hecho de que se esté convirtiendo el grueso del mismo en estructural. Y si ahora se incrementa el gasto derivado de los efectos de inflación -aunque deberían quedar más que compensados por el incremento que supone por el lado de los ingresos- y de los gastos derivados de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, habría que reducir de inmediato otras partidas equivalentes de gasto, no sumarlas, mientras se trata de flexibilizar la economía para disminuir los cuellos de botella que se forman. Sin embargo, todo el gasto se incrementa y nada de ello se hace.
Las administraciones públicas, y toda la sociedad, deberían mirar hacia el lado del gasto y preguntarse si podemos permitirnos el nivel del mismo que tenemos. Toda familia, empresa y persona hace eso en su día a día; por tanto, como sociedad debemos hacernos la misma pregunta, extensible principalmente a quien administra los recursos públicos, que es la Administración. Es obvio que estamos en unos niveles de gasto que no podemos sufragar. Eso no quiere decir que haya que perder el grueso de actuaciones de gasto, sino que hay que circunscribirlas a las que son más necesarias, con una gestión eficiente que permita aprovechar mejor los recursos. A la sociedad le debe quedar claro que ese "gasto, gasto y gasto" se traduce por "impuestos, impuestos e impuestos", y que, además de ser confiscatoria, una subida de impuestos empobrecería a ciudadanos y empresas, sin conseguir, además, su objetivo recaudatorio.
Por ello, para poder garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e ir disminuyendo la enorme deuda, del entorno del 120% del PIB, hay que reducir gasto.
No es una elección, sino una imperiosa necesidad que habrá que hacer más temprano que tarde y que cuanto más se retrase, más recorte supondrá, de una manera más dura y, posiblemente, entonces, vendrá ordenado desde fuera. Nuestra estructura económica no soporta este nivel de gasto, y si queremos recuperarnos no se pueden subir los impuestos, especialmente los directos. Si no somos capaces de darnos cuenta de esto y las administraciones públicas se empeñan en su error, el estancamiento de nuestra economía, desde el nivel de empobrecimiento de estos años, puede durar mucho tiempo, aunque ahora el rebote a corto plazo nos oculte, en parte, el problema, que está ahí y cada día más enquistado.