Las regiones del PP han dejado retratada a la izquierda con las rebajas fiscales que han aprobado este año. Y no es que en Andalucía, Galicia, Madrid o Murcia se paguen pocos impuestos –siguen siendo altos y deberían seguir bajando–, sino que las CCAA en manos de la izquierda son un auténtico infierno para los productores de riqueza.
En el presente ejercicio, las regiones anteriormente mencionadas han disminuido sus tarifas del IRPF, mientras que en el lado contrario Baleares y Cataluña no han tenido ningún inconveniente en disparar todavía más la tributación.
La sangría fiscal ha disminuido en las regiones populares en todos los impuestos sobre los que las autonomías tienen poder. En el Impuesto de Patrimonio, Andalucía ha decidido rebajar la tarifa, mientras que Galicia ha establecido una bonificación del 25%. Respecto a Sucesiones y Donaciones, la región presidida por Juanma Moreno también ha bajado el gravamen de lo que pagan los hermanos o los sobrinos por las herencias que reciben. En este sentido, Murcia y Castilla y León también han aplicado una bonificación del 99% a las donaciones de ese grupo de contribuyentes. A partir de ahora, la exacción estatal a la compra de vivienda será menor en Andalucía o Galicia, que han rebajado Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Suma y sigue.
Las diferencias entre las regiones socialistas e independentistas y el resto son abrumadoras. Así, que un contribuyente medio con unos ingresos de anuales de 30.000 euros paga en Cataluña 358 euros más al año en IRPF que en Madrid. El expolio a las herencias llega hasta tal punto que si un hijo hereda de su padre 800.000 euros en bienes, en Castilla y León tendría que tributar por poco más de 800 euros y en Asturias, nada menos que por 100.000. En el caso de las donaciones, Extremadura es la más salvaje: por esos 800.000 euros, la Hacienda local exigiría 200.000 en impuestos al donatario; en Madrid, 2.000. Dicho de otra forma, 100 veces menos.
Por otro lado, es cada vez más inverosímil que el Gobierno central se digne a aplicar una bajada generalizada en la fiscalidad de la luz, el gas y los carburantes, como claman los asfixiados empresarios y particulares.
Y no solo es que el Ejecutivo social-comunista no quiera otorgar ningún tipo de rebaja fiscal a los ciudadanos para ayudarles a capear la escalada de los precios, es que planea justo lo contrario: una sangría sin precedentes en IVA, combustible, Sociedades, así como la armonización de todos los impuestos autonómicos. Con lo que las comunidades del PP ya no podrán reducir o eliminar sus tributos como han hecho ahora. Su autonomía fiscal quedará secuestrada por el Estado y el fracaso de las políticas socialistas se extenderá por toda España. Prepárense para lo peor.