El Gobierno trata de mantener la economía española en unos niveles de crecimiento más elevados a costa del incremento importante del gasto público, que está llevando a unos niveles imposibles de sostener. Ese intervencionismo, plagado de más gasto -crecimiento desorbitado del gasto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022-, más impuestos -subida del tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades- y más intromisión en la libertad individual -limitación del precio de los alquileres, reserva de un 30% para viviendas públicas de las nuevas promociones, subida del salario mínimo-, aumentan la asfixia que el Gobierno -que acrecienta con la excusa de la guerra de Ucrania-, con su política económica, está provocando en el sector privado.
De esa manera, si comparamos el IVTR-2019, que es el último no afectado por la pandemia, pues el ITR-2021, pese a que las restricciones fueron sólo durante la mitad de un mes en todo el trimestre, fue intensísimo su efecto en el mercado laboral- con el último publicado (IVTR-2021), comprobamos cómo se ha destruido empleo privado, mientras que los empleos públicos han aumentado en 222.200.
De esta forma, si el empleo total ha aumentado desde entonces se debe a que el aumento de empleados públicos lo ha impulsado.
Pues bien, el Gobierno sigue empeñado en mantener esta línea, como se refleja en los PGE para 2022: ahí, además del incremento del 2% del salario a los empleados públicos, que será más gasolina para la inflación en un entorno en el que el gasto está financiado por el BCE y que, por tanto, no combate los cuellos de botella que se producen en los precios, incrementa un 8,5% la oferta de empleo público para dicho ejercicio, con lo que el empleo público seguirá creciendo a costa de más gasto, déficit y deuda.
Nadie puso en duda, insisto, la necesidad de acometer actuaciones en el corto plazo para combatir los efectos económicos de la pandemia -especialmente, cuando es de justicia compensar a quienes el Estado ha arruinado al decretar la prohibición para realizar su actividad económica y empresarial-, pero han de ser muy momentáneos y, por tanto, no deben generar gasto estructural. Es cierto que la Unión Europea insiste en ello y en el regreso a la senda de estabilidad una vez finalice este período excepcional, pero parece no darse cuenta de que algunos estados miembros de la UE están aprovechando dicha suspensión para aplicar políticas fiscales que incrementan el gasto público de manera estructural, como es el caso de España.
Deberían tenerlo en cuenta antes de llevar a cabo una expansión tan importante del gasto, asegurándose de que los fondos europeos que reciba cada país vayan a inversiones que generen, en el medio y largo plazo, inversión que haga sostenible la economía por sí misma, no artificialmente con el gasto público. Sin embargo, ese riesgo existe, apoyado en una política monetaria tremendamente expansiva que aporta también una parte importante de la anestesia a la situación, al no impactar mucho en la actualidad en el gasto financiero por intereses de la deuda, pero que será una bomba de relojería en cuanto se vuelva a niveles ortodoxos de política monetaria, y que, además, aunque esto sea otro tema, está dejando de velar por el cumplimiento del objetivo único del BCE, la estabilidad de precios, con el riesgo de que la inflación termine por convertirse en duradera y estructural.
Todo ello dibuja una línea sumamente peligrosa para la economía: la apuesta de una economía sostenida artificialmente, vía gasto público, frente a una economía sostenible por ella misma. Es un proceso que desemboca en una caída o estancamiento de la economía, anestesiada por el impulso público, que siempre tiene corto recorrido, pero que deja, a su paso, gasto insostenible, déficit abultado, deuda exponencial, impuestos confiscatorios y destrucción de tejido productivo.