Nuevo golpe del Gobierno a los bancos. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para crear una "Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero". Será gratuita para los usuarios y sus resoluciones serán vinculantes para la entidad financiera cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros.
Así lo ha comunicado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros de este martes. La nueva figura unificará los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos.
Así, en el ámbito de esta autoridad estarán incluidos no solo los productos bancarios, sino también los de seguros, los del mercado de valores o los nuevos productos financieros complejos como los criptoactivos. Para articular la colaboración con la supervisión de conducta de estas autoridades, el consejo rector de la nueva autoridad incorporará al Banco de España, la CNMV, la DGSFP y la Secretaría General del Tesoro.
Según ha detallado Calviño, la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero resolverá las reclamaciones en un periodo máximo de 90 días (salvo en casos complejos) y su resolución será vinculante para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. "Este es un cambio muy importante con respecto a la situación actual, en la que los servicios de reclamaciones de estos supervisores financieros no tenían carácter vinculante para las entidades", ha destacado la ministra.
El sistema de reclamaciones será gratuito para los clientes financieros, que podrán acceder a él de manera presencial o por medios electrónicos sin necesidad de abogado ni procurador. Para financiar este mecanismo, las entidades financieras tendrán que pagar una tasa fijada inicialmente en 250 euros por cada reclamación, con lo que se quiere incentivar que los servicios de quejas y reclamaciones de las propias entidades financieras resuelvan los conflictos de los ciudadanos "de manera ágil".
Las entidades que incumplan las resoluciones vinculantes serán sancionadas con una multa y el anteproyecto de ley incluye un elemento de desincentivo del recurso a los tribunales cuando la entidad financiera no esté de acuerdo con la resolución que acuerde la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Asimismo, la autoridad tendrá una labor importante para impulsar la educación financiera del conjunto de la ciudadanía, ha avanzado Calviño.
Años de retraso
La creación de una autoridad de protección de los clientes financieros es una medida incluida en el Plan Anual Normativo 2022 que arrastra años de retraso. Así, la iniciativa fue planteada por el anterior Gobierno del Partido Popular y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la recogió en 2018 con la intención de que el proyecto saliese adelante en 2019.
Sin embargo, estos planes se retrasaron por la convocatoria de elecciones generales ese año y, después, por el estallido de la pandemia, que llevó al Ministerio de Asuntos Económicos a centrarse en las medidas de respuesta a la crisis.
Las organizaciones de consumidores llevaban tiempo reclamando que se acelerase la creación de esta autoridad para evitar posibles abusos desde el sector financiero y evitar costes adicionales a los clientes a la hora de reclamar.