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El Gobierno interviene todos los sectores y no baja ningún impuesto en su "Plan de Choque"

Empresas, contribuyentes y futuros consumidores acabarán pagando el "Plan de Choque de Respuesta a la Guerra" del Gobierno.

Empresas, contribuyentes y futuros consumidores acabarán pagando el "Plan de Choque de Respuesta a la Guerra" del Gobierno.
Yolanda Díaz, Nadia Calviño y Teresa Ribera, este martes | EFE

El "Plan de Choque de Respuesta a la Guerra" del Gobierno ya está aprobado en el Consejo de Ministros y entrará en vigor el 1 de abril. Las tres vicepresidentas del Gobierno -Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera- han sido las encargadas de explicar algunos detalles del real decreto-ley con el que el Ejecutivo va a dar luz verde a una lluvia de 16.000 millones de euros de dinero público. Esta cuantía se distribuirá en forma de subvenciones directas (6.000 millones) y con los controvertidos créditos ICO (10.000 millones) impulsados en la pandemia del coronavirus con aval del Estado.

Desde el Gobierno, siguen empeñados en responsabilizar de la crisis energética que está sufriendo España a la invasión rusa de Ucrania. Y aunque no cabe duda de que la guerra ha agravado la situación, hay que tener en cuenta que las causas vienen de muy atrás. La prueba está en que los precios de la luz, el gas y el petróleo llevan más de un año desbocados. Sin embargo, Calviño ha presentado en la rueda de prensa "las roturas de stock de la cadena de suministros" o "la subida de las materias primas" como si fueran novedad.

Además de la ingente cantidad de dinero público que irá con cargo a los Presupuestos, la base de las medidas aprobadas se sustenta en el intervencionismo del Estado en numerosas áreas de la economía, lo que implica cargar sobre el sector privado buena parte del plan y coartar la libertad empresarial. Estas son las líneas maestras:

Sin ninguna rebaja fiscal extra

Malas noticias para el contribuyente. No va a producirse ningún tipo de alivio fiscal extra para la luz, las gasolinas o el gas como deslizaban en el Gobierno hace un par de semanas. Lo único que ha anunciado el Ejecutivo, en este sentido, es prorrogar la reducción del IVA en la factura de la luz del 21% al 10% hasta el 30 de junio, la suspensión del impuesto a la Generación Eléctrica (del 7%) y mantener el impuesto especial a la Electricidad en el 0,5%. Esta prórroga no es ninguna novedad porque la anunció el Gobierno hace un mes.

A pesar de esta prórroga fiscal, hay que tener en cuenta que los ingresos de Hacienda quedan prácticamente comidos por lo servido gracias a que se ha disparado la recaudación por el coste de la emisión de CO2 y a que, al subir el precio de la luz también sube el IVA, aunque este sea más bajo.

A pesar de que es un suministro básico en cualquier hogar, el gas seguirá tributando a un IVA del 21%. Además del IVA, el gas está gravado con el Impuesto Especial de Hidrocarburos, que también afecta a la gasolina o el gasóleo, aunque cada uno tiene diferentes tipos impositivos. El Gobierno tampoco tocará este gravamen y se limita a prorrogar la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5% por trimestre para aquellos hogares que tienen contratada la tarifa regulada o TUR. Como ya explicamos en Libre Mercado, medidas como esta suponen inventar un "déficit del sistema gasista" que hará que los consumidores paguen más adelante lo que se ahorran ahora.

Subvenciones al combustible desde el viernes

En el caso de los carburantes, el peso del Estado en la factura seguirá siendo tan elevado, que casi el 50% del precio que paga el conductor corresponde a impuestos (un 47% en el caso de la gasolina y un 43% en el caso del diésel).

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La vía escogida por el Gobierno para abaratar los carburantes a todos los conductores durante 3 meses ha sido la de la subvención. En concreto, habrá una bonificación mínima de 20 céntimos, que estará financiada en 15 céntimos por el Gobierno y en 5 céntimos, obligatoriamente, por las petroleras. "En el momento del pago (en la caja de la gasolinera), aparecerá el descuento y vamos a habilitar un mecanismo con la Agencia Tributaria de acceso a liquidez ex-ante para las estaciones de servicio" ha explicado Ribera de forma escueta. El sector de las gasolineras mostraba ayer lunes su desacuerdo con la nueva medida y criticaba la falta de información al respecto. Se aplicará desde este viernes y el Ejecutivo lo cuantifica en 1.423 millones de euros,

Alquileres y despidos

El Gobierno establece que las revisiones de precios de los alquileres, que suelen hacer cada año los dueños de los pisos, no podrán ser superiores al 2%, una medida que limita el derecho a la propiedad privada. En el caso de los caseros particulares, sí podrán introducir subidas del más del 2% solo si el inquilino está a favor, algo difícil. El sector inmobiliario ha denunciado que "se corre el peligro de que se convierta una forma encubierta de intervenir el precio de los alquileres". Un detalle llamativo es que, desde hace dos años, los precios de los alquileres no se podían actualizar nada más que según la inflación por orden expresa del Gobierno.

Además, de la mano de Yolanda Díaz, han introducido la prohibición de ejecutar un despido objetivo "por causas relacionadas con la subida de los precios energéticos" o en una empresa que haya aprobado un ERTE. Esta medida ha indignado a la CEOE, ya que encarece sobremanera el despido y la litigiosidad a la que se enfrenta el empresario.

Eléctricas

El Gobierno ha insistido en su plan de expropiar los beneficios a las eléctricas y ha establecido otra "minoración de sus beneficios extraordinarios" que no tendrá carácter retroactivo y que se aplicará en aquellos contratos a precio fijo (los llamados PPA) con empresas. Así, las compañías eléctricas que firmen nuevos contratos de abastecimiento o los renueven no podrán fijar un precio que supere los 67 euros, de manera que asumirán la diferencia con el coste real con cargo a los llamados "beneficios caídos del cielo" o windfall profits. El Gobierno las acusa de estarse beneficiando de los desorbitados precios de un gas que no producen.

Además, el Ejecutivo adelantará de inmediato la devolución del exceso de primas que han obtenido las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, el denominado Recore. Esta devolución estaba prevista para el fin de 2022 y supondrá unos ingresos de 1.800 millones este año, unos 6 euros en los costes fijos de la factura.

Eso sí, el Gobierno ha evitado dar detalles de a cuánto ascenderá el tope de precio que supuestamente quiere fijar para el gas que se usa para que funcionen algunas centrales eléctricas en la "isla energética" que quiere crear con el Gobierno luso. Estos topes de precios se harán a costa de las empresas privadas o de los futuros contribuyentes, ya que generarán déficits energéticos o las compañías acabarán trasladándolos al cliente.

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