Decía Milton Friedman en Libertad de elegir que "la inflación es una enfermedad peligrosa y a veces fatal, que si no se remedia a tiempo puede destruir a una sociedad". Con el IPC disparado en marzo en el 9,8% y la subida de precios extendiéndose por todas las ramas de la actividad de la economía, la advertencia del Nobel estadounidense no podía ser más oportuna.
Lejos de intentar poner algún remedio al incremento sistemático de los precios, el Gobierno de Sánchez lleva meses haciendo oídos sordos a una lacra que está minando la riqueza del país, fulminando el ahorro de los ciudadanos y lastrando la competitividad. Primero, calificaban a la inflación como un "fenómeno coyuntural" que no tardaría en pasar y, ahora, cuando el IPC está a punto de rozar los dos dígitos, estos maestros de la mentira y la manipulación han encontrado el chivo expiatorio ideal al que cargar sus errores: la invasión de Ucrania.
También aseguraba Friedman en su célebre obra que "ningún Gobierno está dispuesto a aceptar la responsabilidad de haber provocado la inflación". Tampoco se equivocaba con Sánchez. Teniendo en cuenta que España cerró el año 2021 con un IPC del 6,5%, el nivel más alto en 29 años, y que no fue hasta febrero de 2022 cuando Putin comenzó el ataque, la desvergüenza política de los social-comunistas es evidente.
Mientras la inflación va erosionando el poder adquisitivo de particulares y empresas, el Gobierno no mueve un dedo para evitarlo por una sencilla razón: hace caja con ella. Ese es el motivo por el que Hacienda se niega en redondo a deflactar la tarifa del IRPF en plena tormenta de precios. Tener en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos acabaría con los copiosos ingresos que se está embolsando el departamento de María Jesús Montero, y que detraen hasta 400 euros extra por contribuyente solo en el IRPF. Si a este tributo le sumamos el incremento de recaudación que genera la subida de precios en el IVA o en las gasolinas estaríamos ante un impuesto en la sombra que podría llegar a los 10.000 millones de euros.
Curiosamente, esta desorbitada cifra coincide con lo que va a tener que gastar el Ejecutivo en actualizar las pensiones en 2023 teniendo en cuenta la inflación. Y es que, una de las medidas más populistas del Gobierno de Sánchez ha sido enterrar definitivamente el famoso Índice de Revalorización de las pensiones -que vinculaba las prestaciones al crecimiento de la economía- y el Factor de Sostenibilidad -que las ligaba a esperanza de vida- para volver a indexarlas al IPC.
Ahora, con la inflación desbocada, el compromiso del Gobierno amenaza con agrandar todavía más el profundo agujero de las cuentas de la Seguridad Social. Sin embargo, con la hipocresía y la demagogia que le caracteriza, el Ejecutivo de Sánchez hará creer a los jubilados que su futuro está garantizando con su medida estrella de ligar las pensiones al IPC, pero es una odiosa mentira. De hecho, saben perfectamente que el sistema es imposible de sostener y, por eso, ya tienen en marcha reformas por la puerta de atrás para ampliar la edad de jubilación o el periodo de cálculo, lo que supone, de facto, un importante recorte.
Mientras tanto, el Gobierno sigue haciendo méritos para agradar a un colectivo que aglutina nada menos que a 9 millones de votantes, como son los jubilados. Y todo a costa de detraer recursos del sector productivo vía impuestos. Esos 10.000 millones de euros que está ganando Hacienda con la inflación irán a parar exclusivamente a la revalorización de las pensiones actuales -sin contar el coste de las prestaciones de los nuevos jubilados u otras revalorizaciones públicas, como las de los funcionarios-. Así, el desequilibro del sistema seguirá aumentando como también lo hará la obscena red clientelar que está tejiendo el Gobierno. Y la grieta entre la España que recibe y a la que roban cada vez se hace más grande.