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El Gobierno se atreve con los funcionarios y no con los pensionistas: 20.000 millones en juego por la inflación

El colectivo de jubilados aglutina a 9 millones de votantes, tres veces más que el de funcionarios. No tendrán la misma actualización de rentas.

El colectivo de jubilados aglutina a 9 millones de votantes, tres veces más que el de funcionarios. No tendrán la misma actualización de rentas.
Una concentración de sindicatos de funcionarios en Sevilla | Europa Press

El Gobierno ha enfadado a los funcionarios. La semana pasada, Pedro Sánchez deslizaba su intención de ligar la actualización del sueldo de los trabajadores públicos al "pacto de rentas", un plan que ha anunciado a bombo y platillo el presidente del Ejecutivo como respuesta al azote inflacionista que sufre España.

Esto significaría que el Gobierno no tendría en cuenta la evolución del IPC cuando decida este año actualizar los sueldos de los funcionarios para 2023, lo que ha enfurecido a este colectivo. Actualmente, con la inflación rozando el 10% -y después de cerrar 2021 en el insólito 6,5%-, la factura de indexar los salarios de los empleados públicos al IPC sería desorbitada para las cuentas del Estado.

10.000 millones de euros más con el IPC

Tanto es así, que según los cálculos que Funcas le ha facilitado a Libre Mercado, cada punto de revalorización del sueldo de los 2,8 millones de asalariados que tienen las Administraciones Públicas implicaría un incremento del gasto de 1.500 millones de euros en los Presupuestos. Hay que tener en cuenta que la partida de los salarios de los empleados públicos cerró 2021 batiendo un récord histórico al rozar los 150.000 millones de euros.

Por ejemplo, revalorizar el sueldo de los funcionarios según la inflación de diciembre de 2021 -el 6,5%- tendría un sobrecoste de unos 9.750 millones que recaería duramente sobre los asfixiados contribuyentes. Sin embargo, parece que el Ejecutivo de Sánchez no estaría dispuesto a cometer este exceso con un colectivo al que presume proteger.

Algunas teorías apuntan a que podría ser la inflación subyacente la que les sirviera de referencia para esta actualización. En 2021, este indicador, que no recoge el componente energético del IPC, acabó el año en el 2,1% -ahora está en el 3,4%-. Suponiendo que se usara la referencia de diciembre, estaríamos hablando de la nada desdeñable cantidad de 3.150 millones extra para las arcas públicas, aunque es muy probable que los sindicatos de funcionarios no la aceptaran porque es similar a la de este año.

En 2022, la revalorización del sueldo de los funcionarios ha sido del 2%. En el siguiente gráfico se ven las de los años anteriores. No están ligadas al IPC y en 2019 o 2020 estuvieron considerablemente por encima de la evolución de los precios.

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Otros 10.000 millones para las pensiones

Al grupo que parece que no se atreve el Gobierno a enfadar son a los pensionistas, un colectivo que aglutina a más de 9 millones de votantes, tres veces más que el de funcionarios. Con la nueva fórmula de Escrivá de indexarlas al IPC, el Ejecutivo ha pospuesto a 2023 el desorbitado agujero que va a producirse en las cuentas públicas por las revalorizaciones de las prestaciones a los jubilados.

El pronóstico de Funcas es que el IPC alcanzará el 6,8% en 2022 de media anual, lo que tendrá un coste de 10.000 millones en la revalorización de las pensiones, curiosamente, muy similar al de la partida de funcionarios del ejemplo anterior.

"Veremos" dice Sánchez

Del "pacto de rentas" estatal se conocen pocos detalles y las dudas sobre su eficacia son muchas. La idea de este pacto sería que los empresarios se comprometieran a contener los precios de sus productos y que los trabajadores hicieran lo mismo con las subidas de sueldo para evitar los llamados efectos de segunda ronda que elevan todavía más la inflación. Los salarios de los funcionarios también podrían estar dentro.

"Ahora mismo sindicatos y empresarios están negociando ese acuerdo de rentas, donde no solamente se tiene que hablar de salarios, también se tiene que hablar de dividendos, de reparto de beneficios por parte de grandes empresas, y en función de ello veremos cuál es la evolución y la negociación que se articula respecto a los trabajadores públicos", aseguró Sánchez en una entrevista con Susana Griso la semana pasada. Estas palabras fueron las que hicieron saltar todas las alarmas entre los sindicatos de los trabajadores públicos. Con la inflación rozando los dos dígitos, ¿no se va a tener en cuenta el IPC cuando toque actualizar los sueldos? se preguntaban desconcertados.

Sánchez está "muy mal informado"

Sánchez está "muy mal informado sobre cómo se fijan los salarios de los empleados públicos", aseguraba el presidente del CSIF, Miguel Borra, después de escuchar la entrevista. La actualización de estas rentas públicas depende del Ministerio de Hacienda, que se reúne con los sindicatos y en ocasiones cuenta con su beneplácito. Se determinan cada año con los PGE.

En una situación normal, todavía sería pronto para hablar de cuánto van a subir los sueldos de los funcionarios en 2023, pero con la inflación en el 9,8% en marzo, a los sindicatos les aterroriza no poder compensar la subida del IPC o quedarse muy lejos de ella. Por eso, exigen hablar de urgencia con María Jesús Montero. Fuentes de CSIF han asegurado a Libre Mercado que han solicitado una reunión con Hacienda para abordar el tema, pero "nos ha ignorado".

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