El Gobierno ha comunicado a las autoridades comunitarias que nuestro país dispone de margen suficiente para elevar los impuestos relacionados con el transporte. Así ha quedado recogido, según revela hoy ABC, en el informe de evaluación de la fiscalidad de la automoción que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas como parte del Plan de Recuperación.
Aunque Hacienda no ha querido dar detalles sobre las medidas concretas que se llevarán a cabo ni el plazo de aplicación, las subidas de impuestos afectarán a los automóviles, las aeronaves y las embarcaciones.
Este anuncio se produce en consonancia con el veredicto emitido en marzo por el comité de expertos dentro del Libro Blanco para la reforma del sistema tributario. Entonces, los expertos –seleccionados por el propio Ministerio de Hacienda– trasladaron a la ministra Montero que la fiscalidad sobre el transporte es poco intensa. Así, entre otros aspectos, indicaron que los impuestos de matriculación son más efectivos que los de circulación "para dirigir las decisiones de compra", por lo que recomendaron se incrementaran. Otras de las medidas incluidas en el documento pasan por aumentar sustancialmente la fiscalidad de los hidrocarburos, imponer tasas municipales a la congestión del tráfico, implantar el pago por uso en autovías o eliminar la bonificaciones a los vehículos catalogados como históricos por ser contrarias a la política de reducción de emisiones.
El Gobierno, valiéndose de estas recomendaciones y las de otros organismos internaciones, logra así poner sobre la mesa algunas de las subidas fiscales que lleva tiempo anunciando pero no ha llegado a implementar por completo ante el miedo a crear descontento social. De esta forma, el Ejecutivo se libera de responsabilidad y contribuye a crear la idea de que se suben los impuestos, es porque nos obligan, porque es lo más eficiente.
Un paso más en la guerra contra el coche
Esta notificación de Hacienda a Bruselas supone un nuevo hito en la lucha emprendida por el Gobierno contra los vehículos de combustión, siendo este un importante nicho de recaudación en la búsqueda de una creciente presión fiscal.
Una de las medidas más relevantes en este sentido ha sido el aumento en el impuesto de circulación, en vigor desde este año, tras la adaptación a la normativa de emisiones WLTP. Este recargo fiscal contribuye a elevar el precio de casi la mitad de los vehículos nuevos en alrededor de un 5%.
También ha destacado la posición del Ejecutivo respecto a la implantación del pago por uso en las autovías, enmarcado dentro del plan de recuperación remitido a Bruselas, y que previsiblemente entrará en vigor en el año 2024. Además, el Gobierno, mediante la ley de Cambio Climático estableció que los municipios de más de 50.000 habitantes (y algunos de más de 2.000) tendrán que adoptar antes de 2023 planes de movilidad para la creación de zonas de bajas emisiones. A su vez, el ministerio de Transición Ecológica, recomendó a los ayuntamientos la creación de "una tasa o impuesto anual de elevada cuantía para permitir estacionar en la calle".
Por último cabe destacar la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar la fiscalidad sobre el diésel hasta equipararla a la soportada por la gasolina. Se trata de una medida cuya implementación se ha ido aplazando reiteradamente en los últimos años, si bien este hecho ha sido compensado con una mayor recaudación fruto del ascenso del precio de los combustibles.