El ex director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha destrozado en su nuevo libro, "Impuestos o libertad" (Gaveta Ediciones, 2022), los dos últimos argumentos empleados por el gobierno de Pedro Sánchez para reivindicar la armonización fiscal que obligaría a Madrid a recuperar el polémico Impuesto sobre el Patrimonio, un gravamen que ya ha sido eliminado en todos los demás países miembros de la Unión Europea.
Según el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos, este impuesto "es un incentivo a la utilización productiva del patrimonio poseído por los individuos" y, además, "tiene una función redistributiva de la riqueza entre los individuos". La primera línea de este razonamiento aparece, por ejemplo, en cinco secciones diferentes del informe entregado por el grupo de expertos que nombró el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Sin embargo, Ruiz-Jarabo denuncia que "un argumento incierto repetido muchas veces no adquiere la condición de cierto". No solo eso, sino que "utilizando los datos que han recabado los propios expertos del ministerio de Hacienda, podemos ver que en absoluto se corrobora esta afirmación".
El ejercicio que realiza quien coordinó la política de privatizaciones de la segunda legislatura de gobierno d José María Aznar pasa por estudiar los datos referidos a Cataluña y Comunidad Valenciana, por un lado, y Madrid, por otro. La región gobernada por Isabel Díaz Ayuso dejó de aplicar este impuesto en 2010, cuando el gobierno autonómico estaba presidido por Esperanza Aguirre, de modo que el periodo analizado comprende desde entonces hasta el pasado año 2021.
Los cálculos de Ruiz-Jarabo
Ruiz-Jarabo muestra que, en Cataluña y Comunidad Valenciana, los llamados "patrimonios bajos" (inferiores a 1 millón de euros, pero sujetos a declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio) suponen el 43,7% y el 11,1% del total nacional. En cambio, estos patrimonios generan el 43% y el 10,9% de la inversión productiva registrada en todo el país, de modo que, en vez de producirse una mayor utilización de los ahorros y activos, se observa un diferencial negativo de 0,7 y 0,2 puntos porcentuales. En cambio, para Madrid vemos que el saldo es positivo en 0,7 puntos, de modo que, sin el Impuesto sobre el Patrimonio, se observa una mayor participación en la inversión, al contrario de lo que sugiere el gobierno de PSOE y Podemos.
Fijémonos ahora en los llamados "patrimonios altos", de más de 30 millones de euros. Madrid es la cuna del 73,9% de estos recursos, pero su peso en la inversión productiva registrada en todo el país es del 74,3%, de modo que el grado de participación en las dinámicas inversoras se sitúa por encima del peso relativo de estos patrimonios, en un monto cercano a 0,4 puntos. Para Cataluña, este ejercicio arroja un diferencial negativo de 0,1 punto porcentual, mientras que en la Comunidad Valenciana sería positivo en 0,4 puntos. De modo que, mirando la evolución de la inversión, no se observa ninguna relación que confirme la tesis del gobierno, según la cual Madrid debería estar una situación diferente a aquellos territorios donde sí se aplica el gravamen.
Dicho esto, el autor se fija igualmente en la cuestión "redistributiva" y recalca que los ingresos generados por el Impuesto sobre el Patrimonio ascienden apenas a 1.152 millones de euros, que para que nos hagamos una idea suponen el 50% de lo que cuestan las televisiones autonómicas. Esta recaudación se reparte entre 177.931 declarantes, de manera que el pago medio exigido roza los 6.500 euros por cada contribuyente afectado. Sin embargo, a pesar de ese gran esfuerzo relativo, los ingresos generados suponen apenas 24 euros por habitante, de modo que, si comparamos la caja que aporta Patrimonio con el PIB per cápita, podemos ver que la redistribución generada apenas asciende al 0,09% de la renta por habitante. Un porcentaje a todas luces ridículo.