El ministerio de Hacienda ha dado a conocer el informe elaborado por su "comité de expertos para la reforma fiscal". María Jesús Montero había indicado a los ponentes que debían introducir propuestas directamente pensadas para promover el aumento de la recaudación, de modo que el trabajo realizado se hizo con las cartas marcadas y sin margen para una genuina discusión.
Así las cosas, no sorprende que el documento que acaba de entregar dicho grupo de profesores y catedráticos a la ministra de Hacienda esté repleto de propuestas que solo pretenden elevar los ingresos tributarios con una u otra excusa, como vemos en los continuos llamados a aumentar el Impuesto de Sucesiones o los tributos asociados al diésel y la gasolina.
Resulta interesante comprobar que los expertos reclutados por el Ejecutivo no hayan cuantificado la capacidad recaudatoria de sus medidas, a pesar de haber dedicado 800 páginas a su disertación. Eso sí: el documento pone de manifiesto la intención del gobierno de minar el modelo fiscal de Madrid y otras comunidades que han optado por bajar impuestos, a base de establecer "límites mínimos de gravamen" que obligarían a subir el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
La encuesta que Montero calla
Resulta llamativo que Montero insista en esta línea de trabajo, habida cuenta de la encuesta de contribuyentes que encargó su propio ministerio en 2019. Dicho documento, que vio la luz de manera discreta en 2020 y nunca fue publicitado por el ministerio de Hacienda, pone de manifiesto que los españoles no están a favor de las propuestas de armonización fiscal que contempla el gobierno.
El Instituto de Estudios Fiscales, ente dependiente de Hacienda, elaboró una encuesta de gran alcance sobre esta cuestión, cubriendo a un total de 3.000 contribuyentes con ánimo de conocer el sentir general de los españoles acerca de las continuas llamadas del gobierno a imponer la llamada "armonización fiscal". Las consecuencias del sondeo son especialmente llamativas.
De acuerdo con la encuesta, el 64% de los españoles rechaza que se limite la capacidad de las comunidades para fijar tipos más bajos. Además, puestos a aceptar la introducción de un umbral nacional de referencia, el sondeo muestra que el 85% de los españoles cree que no se debe establecer un suelo que permita subir, pero no bajar, estos gravámenes.
De modo que el "sablazo" que pretende introducir Montero en el modelo fiscal de regiones como Madrid no cuenta, en absoluto, con respaldo social, sino más bien todo lo contrario. Quizá por eso, la titular de Hacienda ha admitido en la presentación del libro que el documento de la comisión es "una hoja de ruta" que "no refleja la postura del ministerio" y que "no se traducirá de inmediato en ninguna subida fiscal".