Primero fueron a por los inversores, luego a por los turistas, después a por la vivienda y ahora le toca a los universitarios. El Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Barcelona en Común y el Partido Socialista de Cataluña, está a punto de aprobar una modificación del Plan General Metropolitano que podría quedar aprobada antes de verano y que contempla un fuerte golpe a las residencias de estudiantes.
Si Ada Colau y su equipo se salen con la suya, los pupilos de las universidades que lleguen de otros lugares de España o del extranjero y opten por vivir en una residencia o colegio mayor van a tener que vivir en espacios más pequeños, puesto que se va a imponer un tope de 350 alumnos que hará inviable el desarrollo de complejos grandes donde los costes son más asequibles, gracias a las economías de escala.
De igual manera, Colau quiere que las residencias universitarias queden instaladas fuera del centro y de la corona de la Ciudad Condal, de modo que estas dotaciones se verán relegadas a las afueras de Barcelona. El consistorio esgrime argumentos como el "descanso de los vecinos" o "el impacto en los barrios" como tesis a favor de su decisión.
Vivienda social pagada a precio de oro
No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Barcelona también está en el disparadero por su aberrante estrategia de desarrollo de "vivienda social". Y es que Ada Colau está comprando pisos privados a precio de oro para incorporarlos al parque de pisos que arrienda el consistorio, lo que supone desembolsos de hasta 525.000 euros por unidad.
Esta estrambótica apuesta ni siquiera está siendo efectiva a la hora de aumentar el parque de vivienda disponible para alquiler, que apenas aumenta en un 1% a pesar de estos fortísimos desembolsos.