El Ayuntamiento de Barcelona sigue encareciendo el mercado inmobiliario. Primero fueron las restricciones de oferta provocadas por el sinfín de trabas al desarrollo de obra nueva, con requisitos como el que exige dedicar el 30% de las nuevas viviendas construidas en la Ciudad Condal a los programas municipales de "alquiler social". Después llegó su ofensiva contra los propietarios de viviendas de alquiler turístico, que ahora enfrentan un sinfín de prohibiciones y limitaciones. Más tarde, puso en marcha un programa de expropiaciones que ha afectado a numerosos propietarios. Posteriormente se introdujeron controles que limitan los precios del alquiler de vivienda. Y, desde 2015 hasta hoy, la alcaldesa se ha asegurado de apoyar con entusiasmo a los colectivos dedicados a usurpar y okupar los domicilios de los vecinos la localidad catalana.
Obviamente, lo único que ha conseguido Colau con este tipo de medidas es reducir la oferta de vivienda disponible para comprar o alquilar, que llegó a caer un 40% durante 2021. Semejante escenario de escasez ha hecho que acceder a un piso como propietario o arrendatario sea cada vez más difícil y costoso. Por ejemplo, solo en el primer mandato de Colau, el precio de la vivienda en Barcelona experimentó una subida del 33%. ¡Y todo con un gobierno que decía que sus políticas lograrían abaratar la vivienda!
Ante semejante fiasco, las propias fuerzas de izquierda radical que apoyaron a Colau han empezado a distanciarse de la alcaldesa. Consciente de esta circunstancia, la regidora ha movido ficha y ha decidido revertir sus incumplimientos de la manera menos eficiente posible. Y es que, en vez de favorecer el desarrollo de obra nueva y cumplir con la construcción de los 8.800 pisos de "alquiler social" que había prometido, lo que está haciendo la política y activista comunista es comprar viviendas privadas a precio de oro e incorporarlas después al parque de domicilios controlados por el consistorio.
Libre Mercado ya informó de estas malas prácticas en el pasado, denunciando operaciones como la compra de una finca de obra nueva ubicada en pleno barrio de Gracia y valorada en 4,9 millones de euros. Esto supuso un gasto de 450.000 euros por vivienda. Más abultada aún fue la compra de un inmueble ubicado en la calle Balmes a cambio de 8,3 millones de euros, cifra equivalente a 360.000 euros por cada unidad. Por comparación, las viviendas públicas desarrolladas por el consistorio suponen un desembolso de entre 97.000 y 128.000 euros cada una, de modo que el Ayuntamiento de Barcelona paga entre tres y cuatro veces más de lo normal por cada domicilio que incorpora al parque municipal de vivienda.
Pues bien, esta semana ha trascendido una nueva operación de este tipo. Esta vez, Colau ha cerrado una operación valorada en 4 millones de euros que supondrá la incorporación de once viviendas a la propiedad del consistorio, a cambio de un gasto inicial de 365.000 euros por unidad. Esta cifra se elevará presumiblemente hasta los 525.000 euros por unidad una vez se complete la rehabilitación a la que será sometido el edificio, puesto que desde el poder municipal se ha anunciado un desembolso de 1,8 millones de euros para dicho propósito.
De modo que, una vez más, Colau intenta salir del paso tirando de chequera y obligando a los barceloneses a pagar vivienda pública a precio de oro. Y todo para reducir menos de un 1% las listas de espera para acceder a pisos de "alquiler social".