El Ministerio de Ciencia está volcado en el feminismo y por el camino, está dejando de lado sus funciones y sus obligaciones. Tanto es así que nos acaban de expulsar del Consorcio Europeo para Perforaciones de Investigación Oceánica (ECORD, en sus siglas en ingles) porque el Ejecutivo lleva cinco años sin pagar las cuotas.
Son expediciones muy costosas, que serían imposibles de financiar sin el respaldo del consorcio. En ellas se estudian cuestiones clave sobre cómo funcionan los movimientos de las placas tectónicas y que se utilizan para prevenir riesgos geológicos.
La geóloga Laia Alegret nos atiende desde la Universidad de Zaragoza. Habla con conocimiento de causa: entre sus muchos galones, en su trayectoria destaca el de ser la única española que participó en la expedición a Zelandia; un continente submarino oculto a más de mil metros de profundidad, en las aguas del Pacífico.
"En la expedición a Zelandia se contó con una financiación de 13 millones de dólares. Y eso únicamente sirve para poner en marcha el barco y para cubrir los gastos de los sondistas y de la tripulación", explica Laia. A esto hay que sumar el pago a los científicos que no cubre, por cierto, su traslado hasta el puerto, ni las pernoctaciones de los días previos a zarpar, que tienen que pagar de su bolsillo.
"Y las expediciones son continuas. El barco atraca en un puerto y al cabo de una semana vuelve a partir a otra expedición. Para eso se necesita una financiación muy importante que sería impensable que corriera a cargo de un único país". Por eso se establecen consorcios como ECORD, que, además, implican beneficios para los investigadores.
Laia asegura que "participar en estas expediciones da a los científicos la oportunidad de tener acceso a sus muestras en exclusiva durante 2 años, de investigar y de publicar sus avances en las mejores publicaciones". A esto hay que añadir la cuestión estratégica porque este veto supone que nuestro país relevancia en la comunidad científica internacional que, como apunta Alegret, "tiene en gran estima a los profesionales españoles, que son muy apreciados en el extranjero".
Los jóvenes investigadores pierden con esta decisión la oportunidad de acceder a las becas del consorcio y el problema se extiende a los investigadores extranjeros, que tampoco podrán participar en proyectos en nuestro país.
No es la primera vez
El Gobierno ha hurtado a nuestros científicos la oportunidad de participar y lo peor de todo es que no es la primera vez. "La aportación de España es simbólica, es de las más pequeñas de todo el Consorcio -explica la geóloga - porque ya nos expulsaron en el pasado por el mismo motivo, por impago. Entonces ya se rebajó la aportación a 150.000 euros anuales". Una cantidad residual para un Ministerio como el de Ciencia que, como dicen sus colegas extranjeros, "son cacahuetes".
Por eso cuesta pensar que el Gobierno lleve sin abonar su cuota desde el año 2017. Sobre todo porque "el Consorcio ha sido comprensivo, cuando un país no puede pagar, se avisa y se espera a que se subsane el error pero en vista de que no hay intención, se procede a la suspensión".
A preguntas de Es la Mañana de Federico, el Ministerio de Ciencia, alega que el impago de las cuotas se debe a un fallo burocrático que se está intentando subsanar. Llama la atención que no se dieran cuenta hasta ahora a pesar de los avisos del consorcio que, también a preguntas de esta casa confirma que el Ministerio les ha trasladado la misma versión pero que no ha sido capaz de fijar una fecha de resolución.
Abandono continuado a los científicos
Es un varapalo para la comunidad científica que ve en el Ministerio de Ciencia "una dejadez" ante la que, como incide Laia, "también pierde la sociedad porque ya hemos visto durante la pandemia que invertir en ciencia básica permite que, cuando llega el momento, podemos dar un salto cualitativo en la ciencia aplicada".
Los fallos burocráticos del Ministerio de Ciencia parecen ser el sino de la agonía de la Oceanografía española. Hace dos años, con Pedro Duque de Ministro, el Instituto Español, que depende de su Ministerio, se quedó sin combustible para sus barcos de investigación y sin presupuesto para pagar a proveedores e investigadores. A pesar de que en sus arcas había 90 millones de euros, los fallos en la gestión derivaron en una situación tan extrema, que no se podía pagar ni el tóner de las impresoras, ni el agua embotellada. Ante la inacción del Ministerio, dimitió todo el equipo directivo.