El Tribunal Constitucional ha tumbado parte del articulado de la Ley de Vivienda aprobada a comienzos de año en Cataluña, pero no ha entrado a valorar los flagrantes ataques a la propiedad privada recogidos en la misma y limita su razonamiento a una cuestión competencial. De modo que, una vez más, las instituciones se quedan cortas en la protección de un derecho económico y un bien social de vital relevancia como es la propiedad privada.
Lo que pretendía Cataluña era obligar a los propietarios de un determinado número de viviendas a ceder estas a aquellas personas que las ocupen ilegalmente, acordando con los usurpadores algún tipo de contrato de arriendo negociado por debajo de los precios de mercado. Solo planteando dicho alquiler social y obteniendo una negativa por parte de los delincuentes sería posible acudir a la Justicia para pedir un desalojo.
Evidentemente, este aberrante planteamiento estaba condenado a morir en cuanto el TC abordase la cuestión, puesto que no solo influye en el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de acceso a la Justicia, sino que se trata de una cláusula que desborda claramente las competencias autonómicas y asume funciones exclusivamente reservadas al Estado, como refleja el artículo 149 de la Constitución.
El problema es que los magistrados han limitado su razonamiento a esta cuestión y no han abordado el otro reto legal que encerraba la norma catalana: el clamoroso ataque al derecho de propiedad que supone la expropiación de uso en los supuestos contemplados, con el agravante de que los beneficiarios son los propios okupas. Semejante propuesta resulta especialmente sangrante en una región que concentra cuatro de cada diez usurpaciones ilegales de vivienda, según datos del Ministerio de Interior para 2021.
Los indicadores internacionales reflejan desde hace años que España tiene un problema grave con la protección de los derechos de propiedad. Ocupamos uno de los últimos puestos de la OCDE en el ranking que mide la efectividad de los países ante este tipo de desafíos. Y, lo que es más grave aún, lidiamos con un deterioro continuo en este frente, puesto que las instituciones están pobladas por partidos de izquierda que asaltan de continuo los derechos de propiedad.
Lo vivido en Madrid debería servir como ejemplo. De 2015 a 2019, los años de gobierno de Manuela Carmena, las okupaciones subieron de forma sistemática, al abrigo de la protección que brindaba el Consistorio a este tipo de conductas delictivas. Sin embargo, la salida de la alcaldesa comunista y el avance del centro-derecha en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 permitieron revertir esta deriva, hasta el punto de que Madrid tiene hoy cuatro veces menos okupaciones que Cataluña.
El problema es que, si bien los Gobiernos autonómicos y locales pueden hacer mucho para ayudar a los okupas, lo cierto es que lo tienen más difícil si lo que quieren hacer es perseguir a los usurpadores de vivienda. He ahí el motivo por el cual es urgente blindar la propiedad privada en el plano nacional, acabando de una vez con la pasividad de las instituciones y evitando que la propiedad privada de empresas y familias siga continuamente en el alambre.
Sin embargo, lo que está pasando es todo lo contrario, no en vano desde que Pedro Sánchez es presidente se ha registrado un repunte del 41% en las okupaciones. De modo que, también en este frente, tenemos el peor Gobierno en el peor momento posible.