Alberto Garzón se ha vuelto centralista. Pero con un objetivo: castigar a las eléctricas -y con alarde mediático- en plena escalada de los precios de la luz por culpa de la carga fiscal y la subida de los precios internacionales de la energía.
Garzón quiere aprovecharse para ello de una directiva europea que ha entrado en vigor en España el pasado 28 de mayo con el fin de aplicar un castigo ejemplar a las eléctricas que aparente que luchan contra la subida de la luz y que la inflación es culpa de las energéticas. Pero, para ello, Garzón tiene que asumir el poder sancionador desde el Gobierno central, algo que le permite esa directiva, pero choca frontalmente con sus socios separatistas. El choque con los nacionalistas está servido.
La reforma en cuestión se centra en la defensa del consumidor y su origen es una directiva de la UE. España aprobó a finales del pasado año su traslado a la legislación española y, en estos momentos, se tramita como proyecto de ley. Y, efectivamente, incluye la atribución al Estado de competencias en el procedimiento sancionador cuando la materia afecta a más de una región. Y el tema energético cae directamente en esa escala nacional y claramente superior a lo estrictamente autonómico.
Pero, pese a su tramitación como proyecto de ley, el real decreto aprobado el pasado 2021 ordena su entrada en vigor desde el pasado 28 de mayo y, por lo tanto, aunque el proyecto de ley no haya concluido su tramitación, la capacidad sancionadora de Alberto Garzón es ya un hecho. Y un hecho polémico con todas las autonomías y, en especial, con los separatistas.
La Región de Murcia, por ejemplo, ha mantenido ya una reunión técnica de la Sección de Normativa del Ministerio de Consumo para solicitar la eliminación de esa polémica capacidad sancionadora recentralizada en el Estado. Y, en concreto, recentralizada en Alberto Garzón.
El artículo en cuestión es el 52 bis.6 del Real Decreto Ley 24/2021, que otorga al Estado competencias sancionadoras que hasta ahora eran ejecutadas por las comunidades autónomas fruto de la competencia regional en materia de consumo que reconoce la Constitución Española.
En dicha reunión, presidida por la directora general de Consumo de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Sonia Moreno, como presidenta de la Sección de Normativa, se acordó solicitar al Ministerio la eliminación de ese punto de la normativa porque "quita a las comunidades autónomas su competencia sancionadora y otorga al Estado la recaudación de las posibles sanciones", según explicó Moreno.
Murcia tomó la delantera técnica. Pero a ella se sumaron Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y La Rioja.
Unas por unos motivos. Y otras por esos, más otros. Y es que los separatistas catalanes y vascos -socios del Gobierno de Pedro Sánchez- ven como un ataque centralista la medida. Y la batalla política con el PSOE, por lo tanto, ya está servida.
El motivo de fondo es que el Real Decreto Ley 24/2021 de transposición de directivas de la Unión Europea que afectan a la normativa aplicable en defensa de los derechos e intereses económicos de las personas consumidoras ha previsto cambios que afectan de forma sustancial a la tramitación de los procedimientos sancionadores de las Administraciones de Consumo. Y eso es toda una amenaza en un momento en el que Alberto Garzón busca anotarse una medalla mediática cargando contra las eléctricas con el fin de culparlas de lo que es un descontrol de la política fiscal y energética del Gobierno. Garzón ha ordenado buscar la vía de sancionar a las eléctricas por el precio de la luz.
Las comunidades autónomas tienen las competencias de consumo asumidas en su normativa autonómica y las están ejecutando de forma tradicional. Por ello, la reforma llevada a cabo por el Ministerio, sin recabar el consenso de las comunidades autónomas, desposee de facto a las comunidades de su competencia sancionadora: competencia que se atribuye el Estado cuando la infracción produzca lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores de forma generalizada en el territorio de varias comunidades autónomas.
Es más, la reforma del Gobierno permitirá al Estado recaudar el dinero resultante de las sanciones en actuaciones contra sectores como banca, telecomunicaciones, compañías aéreas, eléctricas, gas, Internet, seguros, etc. Todo un maná que no pasará desapercibido para Alberto Garzón.
Garzón ha encontrado, sin embargo, un complicado enemigo: sus, hasta ahora, amigos separatistas no pasan por una modificación "recentralizadora". Y eso puede suponer que el juguete político de Garzón quede diezmado. O, al menos, compartido.