La morosidad del sector público se ha disparado y ya alcanza los 110.000 millones de euros. Así lo denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que toma como fuente los datos del Banco de España del último trimestre de 2021 y constata por esa vía que las liquidaciones pendientes están en el nivel más alto de los últimos diecinueve años.
Es importante recordar que, hace ahora diez años, el gobierno del popular Mariano Rajoy se vio obligado a articular un Plan de Pago a Proveedores (PPP) para aminorar la monumental deuda que el sector público había había acumulado con el privado bajo el mandato del anterior mandatario, el socialista Rodríguez Zapatero. No hay que olvidar que parte importante de esta deuda obedecía a facturas impagadas que se guardaron en los cajones para maquillar el déficit.
Aquel mecanismo podría ser necesario nuevamente, habida cuenta del fortísimo crecimiento en el volumen de pagos que las Administraciones tienen pendientes con empresas y autónomos que prestan sus servicios al sector público. Solo entre el tercer y el cuarto trimestre de 2021, el repunte en la morosidad pública alcanzó el 28%. Todo en un contexto de elevadísimo endeudamiento por parte de las Administraciones, que emiten 1,4 euros de deuda pública adicional por cada 1 euro de crecimiento en la producción.
No hay que olvidar que, según datos de la consultora EY, el problema de la morosidad también se da en la esfera privada y, por ejemplo, afecta al 4,5% de los préstamos bancarios concedidos a empresas y familias. De igual modo, Crédito y Caución ha podido constatar en su último estudio de la gestión del riesgo de crédito que el 16% de las empresas españolas sufrieron "impagos significativos" durante el año 2021.
Pero, precisamente porque en la esfera privada se dan estas circunstancias, es urgente que las Administraciones Públicas actúen de forma diligente y desbloqueen de una vez por todas los pagos pendientes a un sector privado asfixiado por la caída de la actividad económica, el aumento de la inflación y las reiteradas subidas de impuestos.
El precedente del PPP
Según un informe del Instituto de Estudios Económicos, el Plan de Pago a Proveedores se citado anteriormente articuló desde 2012 hasta 2014 y llegó a suponer un desembolso de 65.852 millones de euros. Las comunidades manejaron el 82% de los instrumentos de apoyo financiero, con otro 18% en manos de las corporaciones locales, de modo que la práctica totalidad de los recursos se desplegaron a nivel autonómico y local.
El volumen de facturas pagadas se elevó a 9,3 millones, beneficiando a 279.703 proveedores. Esto significa que la deuda media asociada a cada pago pendiente ascendía a 7.080 euros. El 95% de la morosidad afectaba a las pequeñas y medianas empresas o a los autónomos de nuestro país, de modo que fueron los elementos más vulnerables del tejido productivo los que sufrieron esta lacra.