El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) tiene cuarenta años de historia y ha sido firmado por más de medio centenar de países, entre los que no faltan las principales potencias económicas del mundo, caso de la Unión Europea, Estados Unidos o China. El acuerdo, suscrito en 1994, regula todo tipo de aspectos referidos a la producción de energía, cubriendo las bases para su extracción, refinamiento, almacenamiento, producción, transporte o venta.
A lo largo de los diez últimos años, España se ha convertido en el socio que más demandas ha recibido por incumplir las previsiones del TCE, hasta el punto de que se han iniciado más de medio centenar de procesos contra nuestro país.
El grueso de estos expedientes están asociados a la retirada de las primas ofrecidas a los inversores en energías renovables, una polémica decisión que se aplicó de forma retroactiva y que, como era de esperar, ha generado una gran inseguridad jurídica en el sector, desatando una cascada de denuncias.
Medidas retroactivas e impagos de indemnizaciones
Huelga decir que las primas ofrecidas por el gobierno de Rodríguez Zapatero fueron, sin duda, muy elevadas. Y también es evidente que su retirada a futuro hubiese sido comprensible, puesto que simplemente se habrían modificado los incentivos ofrecidos a los nuevos proyectos del sector. El problema, pues, no es el recorte en sí de las primas, sino el hecho de que la decisión se aplicó de forma retroactiva, a través de medidas tomadas en 2011 y sobre todo en 2013, cuando se introdujeron diversas reglas que, en la práctica, violaron las promesas ofrecidas a los inversores.
Aún así, lo inaudito de la situación actual no es la acumulación de demandas internacionales contra España, sino la aberrante postura del gobierno de Pedro Sánchez, que se está negando a cumplir con las sanciones que se han determinado en más del 90% de los arbitrajes tramitados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En este sentido, ya hay 25 fallos en firme que condenan a España, pese a lo cual el gobierno de PSOE y Podemos se niega a pagar las indemnizaciones previstas.
Por supuesto, otros países miembros de la Unión Europea han sido denunciados puntualmente en los últimos años por incumplir algunos aspectos del TCE. Es el caso de Alemania, Hungría o Países Bajos. Pero la diferencia estriba en que, una vez se han resuelto los procesos, sus gobiernos no han tenido el menor problema a la hora de aceptar fallos en su contra, asumiendo el resultado del proceso y pagando a los inversores afectados las indemnizaciones referidas.
España ha llegado al extremo de presionar a base de inflar las cifras, alegando que los procesos en su contra podrían suponer pérdidas por 8.000 millones de euros, cuatro veces por encima de la cifra real. De modo que la Administración Sánchez parece estar dispuesta a todo con tal de incumplir sus obligaciones internacionales.
Sánchez y Ribera, a la desesperada
Así, acorralado por los reiterados incumplimientos, y con la inversión extranjera cinco veces por debajo que al comienzo de su gobierno, Pedro Sánchez ha optado por darle una nueva vuelta de tuerca a su incomprensible cruzada y, por boca de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha pedido a la Unión Europea "iniciar un esfuerzo coordinado para abandonar el Tratado de la Carta de la Energía", alegando que permanecer dentro de dicho pacto será "incompatible" con el Acuerdo de París y los objetivos climáticos de la Unión Europea.
Pero la argumentación de Sánchez y Ribera choca frontalmente con la naturaleza de las denuncias que se han resuelto contra España, puesto que los fundamentos de derecho expuestos en los fallos emitidos hasta la fecha no entran a valorar las decisiones de política energética, sino que se centran en el hecho de que, al proceder a una retirada retroactiva de las primas, se están incumpliendo las garantías ofrecidas y se está procediendo a cometer un fraude de ley.
Para ser precisos, el artículo 10 indica que, "de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, las Partes Contratantes fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores realicen inversiones en su territorio. Entre dichas condiciones se contará el compromiso de conceder en todo momento a las inversiones foráneas un trato justo y equitativo. Asimismo, las inversiones gozarán de una protección y seguridad completa, de modo que ninguna Parte Contratante perjudicará en modo alguno la gestión, mantenimiento, uso, disfrute o liquidación de las mismas, mediante medidas exorbitantes o discriminatorias. En ningún caso podrá concederse a estas inversiones un trato menos favorable que el exigido por el derecho internacional, incluidas las obligaciones en virtud de los tratados. Toda Parte Contratante cumplirá las obligaciones que haya contraído con los inversores o con las inversiones de los inversores de cualquier otra Parte Contratante".
Así, aunque Pedro Sánchez y Teresa Ribera afirman que el TCE impide avanzar en los objetivos climáticos, lo cierto es que lo único que hace dicho acuerdo es regular un marco de producción razonable y estable, en el que no solo se deben cumplir altos estándares técnicos, sino también principios elementales como el del imperio de la ley. Y, si acaso las cláusulas del TCE fuesen incompatibles con la "agenda verde" del gobierno, habría que preguntarse entonces cómo es posible que las emisiones de CO2 registradas en España se han reducido un 20% durante los quince últimos años. Así las cosas, basta con repasar los datos para comprobar que, en base a la métrica de referencia de acuerdos medioambientales como el de París, el TCE no ha impedido avance alguno y el problema de fondo es otro: a saber, la combinación de inseguridad jurídica con decenas de fallos adversos, a la que ahora se suma la impostura de negarse a pagar lo debido y pedir el abandono del tratado.
