El pasado viernes, el presidente de Bahía Bizkaia Gas y Director General Adjunto de Enagás, Juan Andrés Díez de Ulzurrun, sacudió al sector con unas declaraciones sobre el fallido proyecto para buscar gas en Álava. Díez de Ulzurrun pidió, textualmente, que se explore "de una puñetera vez eso que tenemos ahí abajo, sin debates". "No tiene sentido dejarlo ahí abajo", afirmó en un foro empresarial. Tenga sentido o no, el proyecto que llegó a abanderar el exlehendakari Patxi López con orgullo hace once años está enterrado tras más de una década de disputas políticas protagonizadas por partidos de todos los colores.
Cuando Ulzurrun hablaba de "ahí abajo" aludía a las inmediaciones de Vitoria, donde en las décadas de los años 50 y los 60 ya se hicieron prospecciones que apuntaron a la existencia de gas convencional y no convencional (el que se extrae mediante fracturación hidráulica o fracking). Incluso en los sesenta estuvo en funcionamiento un pequeño yacimiento en Castillo, a cinco kilómetros al sur del centro de la ciudad, que produjo 34 millones de metros cúbicos de gas y abasteció hasta 1981 a la fábrica de bicicletas BH.
El viaje de Patxi López a EEUU
Veinticinco años después, se planteó de nuevo la posibilidad de explotar el gas alavés y se concedieron varios permisos de investigación a la pública Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). Sus primeras estimaciones permitieron a Patxi López anunciar, en 2011, que el suelo de Álava contenía gas suficiente para abastecer el País Vasco durante sesenta años y a toda España durante cinco. Según unos cálculos que dio a conocer durante una visita a un campo de producción de gas de Dallas, se habían encontrado indicios "significativos" de la existencia de gas en las inmediaciones de Vitoria, unos recursos que podían ascender a un total de 184,5 BCM (miles de millones de metros cúbicos).
El Gobierno vasco logró la creación de un consorcio de la pública SHESA con dos empresas estadounidenses, Petrichor Euskadi (filial de HEYCO Energy Group) y Cambria Europe mientras ponía cifras a las ganancias que podrían obtener: 30.000 millones de euros. Sin embargo, los sueños del Gobierno vasco pronto se truncaron por un creciente movimiento antifracking que empezó a crecer en todo el continente y, también, por las zancadillas políticas entre administraciones.
Las primeras llegaron del Ayuntamiento de Vitoria, gobernado entonces por el PP. En 2011, se planteó perforar un par de pozos de exploración desviados desde una cantera abandonada donde ya se había perforado el pozo de exploración Armentia-1 en 1997. El intento se truncó porque el consistorio denegó la concesión de las licencias de actividad alegando que alrededor se levantaba un bosque protegido. El consorcio fue forzado a situar el pozo en una nueva localización a apenas 200 metros y a repetir todos los trámites, entre ellos ampliar el periodo de vigencia de los permisos de investigación, elaborar un nuevo estudio de impacto ambiental, tramitar las licencias municipales y reiniciar los procesos de licitación y contratación de toda la maquinaria necesaria.
Nacionalistas contra nacionalistas
Desde el sector hablan de años de continuos "palos en la rueda" de una administración a otra con retrasos y obstáculos que impidieron que el proyecto avanzara, pese a que en los últimos años se renunciara definitivamente al fracking en favor de la extracción por métodos convencionales. Primero se enfrentaron el gobierno autonómico de PSE y PNV con el municipal del PP. Cuando en 2015 el ayuntamiento de Vitoria cayó a manos de un PNV necesitado de EH Bildu, socialistas y Podemos para gobernar, los problemas continuaron. El último capítulo es reciente, de 2019: el Ayuntamiento denegó una licencia para perforar un pozo de exploración pese a que contaba con un informe favorable de impacto ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, ya con Sánchez en el poder. El conflicto acabó en los tribunales: SHESA recurrió la negativa en febrero de 2021 mientras el consistorio reclamó al Gobierno vasco la retirada del recurso, con los votos a favor de EH Bildu, Partido Popular y Podemos.
Con el conflicto ya enquistado en los tribunales, en mayo de 2021 el Gobierno central sacó adelante la Ley de Cambio Climático que condenaba definitivamente la extracción de hidrocarburos en España y específicamente el fracking. En un nuevo ejemplo de contorsionismo político, el PNV votó a favor arruinando definitivamente el proyecto. El Gobierno vasco dijo entonces que el plan quedaba paralizado. Desde el Ente Vasco de la Energía, del que depende SHESA, insisten a LD en que desde la aprobación de la ley de cambio climático "no es posible solicitar concesiones de explotación, por lo que carece de sentido continuar la exploración inicialmente prevista para investigar" esos recursos en el País Vasco. Fuentes del organismo no creen que sea un debate que esté abierto en la sociedad.
La "utopía" de sacar gas en España
Jorge Navarro, presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo (AGGEP), lamenta que tras más de diez años de "de cambios, pactos y coaliciones de gobiernos, de innumerables trámites administrativos, denegaciones de licencias y recursos judiciales entre administraciones con la consiguiente pérdida de dinero y tiempo", "el proyecto de perforación de un simple pozo de exploración no haya podido ser llevado a cabo" por lo que ni siquiera se ha podido investigar "con tecnología moderna cuál es realmente el potencial de gas de la Cuenca Vasco-Cantábrica", que un informe de la estadounidense Energy Information Administration cifraba en 226 BCM.
Ángel Cámara, presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, piensa que es "una pura utopía" pensar que España llegará a explotar estos recursos, cuando ahora la mera exploración está prohibida por ley y a pesar de que "para cualquier país sería una bendición" contar con estos yacimientos.
El arrepentimiento del PSOE
Cámara rememora los años en que el fracking cayó en desgracia e insiste en defender que es "una tecnología segura". Como "demostración" señala la experiencia de Estados Unidos, "con más de un millón de sondeos" y que está exportando a Europa gas natural licuado extraído con una técnica prohibida en la mayoría de países del continente. Insiste en que hay "medidas de seguridad" y una experiencia práctica "muy buena". En el País Vasco, la lucha ecologista que se mezcló con la política batalló contra las prospecciones tomando como argumento el acuífero regional en las calizas de Subijana y la posibilidad de que se contaminaran aguas y cultivos. En los últimos tiempos, las voces en contra han enarbolado el cambio climático y la necesidad de desarrollar energías verdes.
En el País Vasco, el movimiento antifracking tuvo al frente desde el principio a partidos ecologistas como Equo, a EH-Bildu y desde su nacimiento, a la rama vasca de Podemos. Otros se subieron al carro sobre la marcha: el ejemplo más paradigmático es el del PSE, que pasó del entusiasmo exhibido por López en EEUU a entonar el mea culpa unos años después. "Nos equivocamos", dijo su portavoz en 2014. Pero ha habido voces en contra en prácticamente todos los partidos en función de la administración de la que formaran parte. Entre tanto, el gas alavés sigue, y probablemente seguirá, bajo tierra.