Los bosques arden por el abandono del campo. Los agricultores no logran salir de una crisis que ha destrozado sus beneficios y su capacidad de competir en el mercado. Los ganaderos luchan contra regulaciones que pretenden reducir al mínimo su medio de vida. Y, en medio de todo ello, Podemos ha decidido asestar un nuevo y radical golpe regulatorio —plagado de límites a la explotación— a ganaderos y agricultores. En pleno abandono del campo y con los incendios ocupando todas las portadas.
Podemos ha plasmado ya en un documento su nuevo plan para el campo. Un plan repleto de restricciones ecologistas para los agricultores y ganaderos y lleno de regulaciones que harán aún más difícil la subsistencia en las áreas del medio rural.
El texto asegura que "la agricultura es un sector estrechamente vinculado con la base de recursos naturales, especialmente de los recursos agua, suelo y biodiversidad, de los cuales depende para su desarrollo". Añade que, "según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe El trabajo de la FAO sobre el cambio climático de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2019, publicado en Roma en 2019, el sector de la alimentación y la agricultura debe producir un 49% más de alimentos de aquí a 2050, pero ya es un importante factor de cambio climático y, al mismo tiempo, tremendamente vulnerable a dicho fenómeno". Y concluye que se trata de sectores que protagonizan "alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y mantienen a cerca de 2 500 millones de personas".
Para Podemos, lo importante es el impacto en la naturaleza: "Los impactos climáticos tales como fenómenos meteorológicos extremos, propagación de plagas y enfermedades, pérdida de biodiversidad, degradación de los ecosistemas y escasez de agua se agravarán a medida que se calienta el planeta. Estos impactos pueden ser perjudiciales para la seguridad alimentaria y los medios de vida y dar lugar a migraciones forzadas". Porque, según la FAO "la población mundial superará los 9.000 millones de personas en 2050, lo que implica la necesidad a medio plazo de producir más alimento, de calidad y de forma más sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas".
Y es que Podemos considera que "en las próximas décadas, la agricultura tiene la responsabilidad de hacer frente al reto de garantizar la seguridad alimentaria para una población mundial creciente, con una menor disponibilidad de recursos y en un entorno marcado por los efectos del cambio climático".
Podemos identifica una serie de amenazas. Uno, que "el cambio climático podría llevar a más de 122 millones de personas, principalmente agricultores, a la pobreza extrema para 2030". Dos, "que el cambio climático puede aumentar los precios de los cereales en un 29% de aquí a 2050". Y tres, que "la escasez de agua afecta al 40% de la población. Por cada grado centígrado de aumento, 500 millones de personas más sufrirán una reducción del 20% de los recursos hídricos renovables".
Y en base a esas afirmaciones, los equipos de Irene Montero y la también ministra Ione Belarra trazan un plan que sólo supondrá más problemas para los agricultores y ganaderos en base a nuevas restricciones. Porque, según los morados, "el sector agroalimentario debe afrontar las transformaciones necesarias para que contribuya de manera real a la lucha contra el cambio climático, la crisis de biodiversidad, la sobrepesca, el problema del agua en España y el reto demográfico, y, a su vez, amortiguar los impactos que el cambio climático tiene sobre este sector".
El plan, sobre el que ahora deberá mostrar su parecer el PSOE, incluye las siguientes exigencias: "Aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático para acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores"; "realizar un seguimiento continuado de los impactos del cambio climático sobre el sector agricultura y ganadero español, así como a promover mecanismos de adaptación y resiliencia a los cambios climáticos"; y "adaptar las políticas y estrategias de lucha contra los incendios forestales a las nuevas condiciones generadas por el aumento de temperaturas consecuencia del cambio climático".
Además, se basará en "promover políticas de conservación de los ecosistemas agrícolas más amenazados, y de restablecimiento de la biodiversidad agrícola-ganadera". Y buscará "fomentar un modelo de agricultura y ganadería de carácter familiar y extensiva que, como sector estratégico, se fundamente en un desarrollo sostenible tanto desde su faceta económica, social y medioambiental".
Todo ello huele ya a limitación de los negocios agrícolas y ganaderos. Pero, por si había alguna duda, el texto prosigue y lo explica sin rodeos, porque pretende establecer "una moratoria de nuevas macrogranjas y ampliación de las existentes, así como desestimar las que están en trámite". Quiere "garantizar el 25% de la superficie agrícola para su cultivo bajo los parámetros de la agricultura ecológica y agricultura de regeneración de suelos", es decir, con rígidas exigencias ecológicas y, por lo tanto, bajos parámetros de rentabilidad. Y asegura, por último, que quiere "promover la I+D en materia de lucha contra el cambio climático en el sector agrícola y ganadero".
Y todo ello supondrán nuevas exigencias de control medioambiental y aún menores márgenes de beneficios y de competitividad.