El campo está cansado de los golpes de Pedro Sánchez. El plan estratégico de la PAC elaborado por el Ministerio de Agricultura penaliza a este sector productor con nada menos que 500 millones de euros sólo en la comunidad andaluza. Y Asaja ha decidido pelear en Bruselas contra el enésimo sablazo al campo.
Asaja Córdoba ha presentado ya una queja ante la Comisión Europea por la tramitación del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) por parte del Gobierno de España. La asociación agraria destaca que "hay hechos fundados de que tiene importantes errores formales en su tramitación, al no haber respetado algunos plazos ni haber cumplido los requisitos de transparencia a los que obligan los reglamentos comunitarios ni la Carta de Derechos Fundamentales de la UE".
Asaja añade que, de no subsanarse la infracción señalada por parte del Ministerio de Agricultura, y si la Comisión Europea aprueba finalmente el PEPAC de España, "podría terminar viciando de nulidad cualquier acto del mismo". Además, serían los responsables de la propia Comisión Europea "quienes estarían presuntamente incumpliendo la normativa comunitaria, pues ya son conocedores de estos hechos denunciados por la organización agraria".
Los hechos que motivan la queja presentada por Asaja se basan en lo sucedido el pasado 29 de diciembre de 2021, cuando el Gobierno español envió oficialmente a la Comisión Europea su propuesta de Plan Estratégico de la PAC "sin haber cumplido las exigencias establecidas por el Reglamento 2.115 sobre transparencia y participación para su periodo de vigencia y, especialmente, para esta fase de preparación de los PEPAC nacionales", explican desde Asaja. "No consta que, en el periodo concedido por el Reglamento (7 diciembre 2021 al 1 enero 2022) el Estado español cumpliese con sus deberes de transparencia exigidos por dicha norma. No consta que diese a conocer el borrador de su propuesta de PEPAC; no consta que constituyese la Asociación prevista en el artículo 106.3, ni consta que se diese a los interesados la oportunidad de formular observaciones basadas en el propio Reglamento, toda vez que no existía un borrador publicado con arreglo a él", concluye desde la asociación agraria.
"La presunta violación de los deberes de transparencia establecidos en el Reglamento 2021/2115 y exigibles en todo su periodo de vigencia y, en particular, en el de elaboración de los PEPAC por los Estados (es decir, del 7 de diciembre de 2021 al 1 de enero de 2022), ha supuesto una discriminación de los ciudadanos españoles", prohibida por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 21), al habérseles privado de la oportunidad de participar, explica Asaja.
El Gobierno español, por su parte, lejos de defender al campo, "lo más que ha hecho ha sido publicar, antes de la entrada en vigor del Reglamento 2.115 y, por lo tanto, al margen del régimen establecido en él, una denominada "versión inicial" del PEPAC [BOE de 30 de noviembre de 2021] que ni se adaptó al Reglamento (como su propio texto preveía) ni se ofreció oficialmente como texto de referencia en aplicación del Reglamento 2115 citado, tras su entrada en vigor", explican los agricultores. De hecho, dicha publicación establecía un plazo de observaciones (4 de febrero de 2022) incompatible con el fijado posteriormente por el Reglamento 2115 (1 de enero de 2022) que ni siquiera fue corregido.
"Malas noticias para el sector"
Además de ello, el pasado 4 de febrero de 2022, Asaja presentó una queja ante el Defensor del Pueblo español, denunciando la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez en la tramitación del PEPAC, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta definitiva.
Asaja explica que el anuncio por parte del ministro Luis Planas de la posible aprobación por parte de Bruselas del PEPAC, implica "muy malas noticias para el sector", y lamenta el anunciado respaldo de Bruselas a "la política autoritaria empleada por Luis Planas en la elaboración de este Plan Estratégico".
Para Asaja, "éste penaliza la diversidad y la apuesta por la sostenibilidad del sector agrario de Córdoba y Andalucía", al que hará perder, sólo en ayudas directas, más de 500 millones de euros". Añade que esta nueva PAC "rompe los equilibrios territoriales, se carga el modelo social y profesional de agricultura, se ha elaborado sin diálogo real, sin estudio de impacto y contraviniendo todos los criterios técnicos y agronómicos". Y subraya que, en definitiva, "esta nueva PAC implica menos presupuesto, más obligaciones, más burocracia y menos producciones; un disparate que la Comisión Europea no debe aprobar definitivamente, entre otras cuestiones, por los presuntos graves errores formales en su tramitación", sentencia Asaja.