El campo no aguanta más. Y ha decidido movilizarse ante lo que considera el último golpe del Gobierno: en este caso, a Andalucía, una comunidad recién confirmada como feudo de poder de la derecha y no de la izquierda. La hoja de ruta del Ministerio de Agricultura penaliza su tan proclamada diversidad y sostenibilidad en la principal región agraria de España y priva a su sector productor de nada menos que 500 millones de euros.
Asaja considera que "el ministro vende humo en Bruselas para enmascarar la falta de consenso y el rechazo que ha suscitado en el campo la tramitación de un Plan de la PAC que rompe los equilibrios territoriales, que se carga el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión, y que se ha elaborado sin diálogo real, sin estudio de impacto y contraviniendo todos los criterios técnicos y agronómicos".
El sector agrario andaluz, representado por Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, se ha unido para denunciar y lamentar el plan español impulsado por Pedro Sánchez y el respaldo concedido ya por la Comisión Europea. Se trata del Plan Estratégico de Luis Planas, que pretende entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Y es que el plan del Ministerio de Agricultura "hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz", destacan desde Asaja.
El Plan es fruto de la "política autoritaria" de Luis Planas, destacan fuentes de las asociaciones, "que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC".
Según, las mismas fuentes, "el consenso brilla por su ausencia en un documento que generará desequilibrios y agravios territoriales". Como recuerdan las organizaciones firmantes, "el titular de Agricultura no sólo no ha hecho ademán de negociar en estos dos años, sino que ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña".
Los representantes del campo andaluz critican la "hipocresía de Luis Planas al asegurar que el Plan Estratégico de España es ‘muy equilibrado’ cuando en ningún momento ha puesto sobre la mesa los estudios económicos y de impacto que se le han solicitado por activa y por pasiva. Si bien, los datos manejados desde Andalucía señalan claramente que las medidas propuestas por el Ministerio provocarán un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades".
Lo cierto es que el Plan Estratégico de Luis Planas perjudica al actual sistema agroalimentario andaluz. Primero, porque penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y, segundo, "porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas. Esta discriminación se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío".
En tercer lugar, "el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas", apuntan desde Asaja.
Por ello, las organizaciones presionan para que la falta de consenso entre los Estados miembros sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por el ataque a Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde.
Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas será dramático para los agricultores y los ganaderos andaluces, que en la actual crisis provocada por el incremento de los costes de producción se agarran a la PAC como única vía para salvaguardar cierta rentabilidad de las explotaciones andaluzas. Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío. La pérdida de presupuesto no es la única crítica de las organizaciones, ya que el Plan Estratégico complica más si cabe la gestión técnica y económica de las explotaciones agrarias, lejos de la simplificación administrativa anunciada por la Administración y que tanto anhela el sector productor.