Desde que el pasado 8 de junio el Parlamento Europeo aprobara la propuesta la prohibición de venta de vehículos de combustión para el año 2035, no se ha hecho esperar la indignación de millones de ciudadanos y de algunos gobiernos europeos.
Así, por ejemplo, Italia, Portugal, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia presentaron a finales de junio una propuesta conjunta para aplazar cinco años el fin de los vehículos con motor de combustión, del 2035 propuesto por la Comisión Europea al 2040. Estos países plantearon un desfase de cinco años para los turismos, con un objetivo de reducción de emisiones del 90% en 2035 y del 100% en 2040.
Estas naciones instaron al resto de Estados miembros a crear un periodo de transición para no generar "costes desproporcionados e innecesarios para la industria de la automoción y los consumidores".
Asimismo, en la propuesta, los cinco Estados miembros argumentaban que hay "barreras" para alcanzar una movilidad cero emisiones, como la expansión de la red de recarga eléctrica, el desarrollo de una "industria europea de baterías" o un adecuado sistema de incentivos. Además, alertaron del impacto para las pequeñas y medianas empresas de una transición acelerada, que les obligaría a modificar las características de sus vehículos y podría llevar a la pérdida de cuota de mercado, lo que tendría un impacto negativo en el empleo y en "el potencial de innovación".
Mientras tanto, España ha mantenido su apoyo incondicional al veto en la fecha inicialmente prevista, tal y como señaló la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien defendió que "no hay una oposición a 2035". La ministra apuntó entonces la importancia de "mandar mensajes claros", ya que se está planteando una transformación para "una de las industrias más importantes de Europa" y con "mayor impacto para los consumidores".
Esta postura del Gobierno español en favor de la transición hacia el vehículo eléctrico se mantiene pese al efecto negativo que se producirá sobre el empleo en el sector. Así, un informe presentado por Aedive estimó que la electrificación acelerada del parque automovilístico llevará a la pérdida de 29.000 empleos netos hasta 2030, incluso una vez incorporados los nuevos empleos fruto de la transición. En total, 165.000 trabajadores se verán obligados a "reciclarse".
Por su parte, Alemania fue en un comienzo uno de los países que se mostró más crítico con la normativa aprobada por el Parlamento Europeo. En este sentido, el ministro de Finanzas de Alemania, Christian Lindner, declaró el pasado 22 de junio que la propuesta era una "decisión equivocada" y aseguró que su país no la refrendaría.
En un tuit posterior, Lindner criticó que la propuesta europea no contemplase el uso de la tecnología para reducir las emisiones. Por ejemplo, mediante el uso de combustibles sintéticos que sean "climáticamente neutros" y permitan seguir usando vehículos de combustión.
Finalmente, la ministra de Medio Ambiente alemana, Steffi Lemke, matizó las palabras de su compañero de gobierno, confirmando que el país sí apoyará la propuesta europea siempre y cuando se agregara "una opción para permitir las ventas de vehículos que funcionen con combustibles neutrales en CO2".
Posible excepción: los combustibles ‘neutros’
Esta condición de Alemania también fue recogida por los cinco países que pedían aplazar las prohibiciones, pidiendo que se contemplase el uso de combustibles renovables para dar a los productores "la flexibilidad necesaria" sin incurrir en riesgos comerciales y evitar así situaciones de escasez de coches y furgonetas asequibles para uso privado o empresarial.
De hecho, este el único punto que Bruselas parece estar dispuesta a estudiar respecto a una posible flexibilización de la prohibición de los vehículos con motor de combustión. El plazo de 2035, de momento, parece intocable.
Al respecto, la Comisión está estudiando permitir la comercialización de vehículos de combustión interna, pero únicamente en el caso de que estos empleen combustibles sintéticos con cero emisiones netas. En esta línea, la ministra de energía francesa, Agnès Pannier-Runacher, adelantó que "existirá la posibilidad de matricular vehículos con motores de combustión solo si sus emisiones son nulas".
Estos carburantes neutros sí emiten gases al utilizarse en los vehículos. Sin embargo, para producirlos, no se emplea petróleo ni gas, sino CO2 e hidrógeno. Así, al utilizar CO2 para su fabricación en lugar de emitirlo, los combustibles sintéticos logran un saldo neto de emisiones que acaba siendo neutro.
El mayor problema de esta tecnología es que, por el momento, es muy cara, ya que la captura del CO2 utilizado en la síntesis de estos combustibles de laboratorio es un proceso complejo que aún no se ha optimizado lo suficiente para propiciar un uso comercial masivo. Esta absorción de CO2 puede lograrse, por ejemplo, captándolo directamente desde las refinerías de petróleo, o bien extrayéndolo del ambiente. Hoy por hoy, los carburantes neutros pueden costar hasta 5 veces más que la gasolina o el diésel tradicionales.
Como ya expuso Libre Mercado, de convertirse en definitiva la propuesta inicial de la Comisión Europea, respaldada por la Eurocámara, se eliminaría de un plumazo la posibilidad de adquirir un vehículo con motor de combustión desde 2035, incluidos incluso los híbridos o los de gas natural. Sin embargo, aunque la medida pueda ser finalmente aplazada o corregida, los conductores españoles seguirán fuertemente presionados a abandonar su vehículo contaminante, especialmente, debido a la masiva implantación y progresivo endurecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones.
