El plan de medidas para el ahorro energético anunciado por el gobierno de España ha generado un fuerte enfrentamiento con el empresariado y las familias, que rechazan las medidas restrictivas anunciadas por el mandatario Pedro Sánchez, y varias comunidades autónomas y ayuntamientos, que consideran que las decisiones de Moncloa invaden sus competencias.
¿Qué está pasando en clave internacional y, más específicamente, en las economías de nuestro entorno? Si nos fijamos en países como Alemania, Francia o Italia, lo cierto es que sus respectivos gobiernos están apostando por medidas mucho menos intervencionistas, como vemos a continuación:
- En Alemania, el gobierno federal no ha aplicado restricciones o imposiciones de ningún tipo, sino que ha circulado una serie de recomendaciones que aplican tanto a las Administraciones Públicas como a las empresas, pero que solo se adoptan de forma voluntaria, permitiendo que cada cual se adapte a sus circunstancias. En algunas ciudades como Berlín y Hannover se han anunciado medidas de ahorro como el apagado de la iluminación de edificios emblemáticos a altas horas de la noche, pero hasta ahí.
- En Francia, las decisiones de austeridad en materia de energía incluyen ciertas medidas de apagado, pero en la franja horaria que va de la 1 a las 6 de la mañana. Por tanto, la aplicación de estas restricciones arranca tres horas antes en nuestro país. Por otro lado, el gobierno de Emmanuel Macron ha dejado en manos de comercios y supermercados la fijación de nuevos protocolos de ahorro energético, delegando la toma de decisiones en el sector privado. Y, aunque la ciudad de París está imponiendo algunas restricciones, su alcance es mucho menor (por ejemplo, se ha aprobado una ordenanza que prohíbe a los locales que utilicen el aire acondicionado si tienen las puertas del comercio abiertas, pidiendo que se elija entre una cosa u otra, pero sin entrar a valorar la temperatura fijada por las empresas en sus recintos).
- En Italia, el Ejecutivo habla abiertamente de "atenuar" el consumo de energía en el ámbito de la Administración Pública, pero se ha abstenido de imponer restricciones significativas al sector privado. El plan anunciado contempla reducciones de hasta el 40% en el consumo energético de las oficinas dependientes de las distintas capas del Estado, que pasarán a tener nuevos horarios y circunstancias.
Por lo tanto, el denominador común en las grandes economías europeas es la prevalencia de un enfoque menos restrictivo, más centrado en el ahorro por el flanco público y menos centralizado. Se confirma, pues, lo acertado del discurso de la Comunidad de Madrid, que ha venido liderando la oposición al plan del gobierno.
Otras economías comunitarias van por el mismo camino, evitando restricciones drásticas como las que se están imponiendo en España. En Polonia no se ha presentado ningún plan nacional y se están anunciado medidas orientadas a financiar la mejora de la eficiencia energética en los hogares, en línea con lo que también están haciendo Bélgica o Grecia. En el caso de República Checa, solo se están proponiendo recomendaciones y, de cara al invierno, se anuncian algunas medidas de racionalización del uso de la calefacción que solo afectarían a los edificios públicos.
De modo que España se convierte, una vez más, en un paria a nivel europeo, puesto que sus normas son mucho más restrictivas y se basan en la coerción. Además, las decisiones anunciadas por Sánchez no solo afectan al sector público, sino que también tienen un efecto directo en la actividad cotidiana de los negocios de nuestro país. Un auténtico exceso que resulta aún más sangrante cuando nos comparamos con el resto de Europa.