España tiene un problema grave con el gasto público. No solo lidiamos con una ineficiencia presupuestaria superior a los 60.000 millones de euros, sino que además enfrentamos un franco problema de opacidad y descontrol, hasta el punto de que cada año se estarían concediendo no menos de 14.000 partidas de gasto irregular, improcedente o fraudulento.
Una nueva demostración del franco descontrol en el que se canaliza el gasto público lo tenemos en el último informe anual del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de las corporaciones locales. El ente auditor ha evaluado las cuentas de un total de 14.100 ayuntamientos y entes locales y ha detectado que 5.100 ni siquiera presentaron sus presupuestos, mientras que otros 3.000 afirmaron no haber realizado contrato alguno, una circunstancia evidentemente inverosímil. En suma, más de 8.000 ayuntamientos y organismos asociados estarían ocultando sus gastos e impidiendo la debida fiscalización por parte del organismo.
Descontrol absoluto
Resulta llamativo que, sobre un total de 14.000 gobiernos y entes municipales, no solo haya 5.100 que no envían su documentación al Tribunal de Cuentas, incumpliendo con las obligaciones que establece la ley, sino que también hay cerca de 4.400 que remiten su documentación fuera del plazo indicado por la normativa en vigor.
La dejadez, la opacidad y la tardanza con la que se estarían canalizando los desembolsos municipales han animado al Tribunal de Cuentas a exigir que se aplique algún tipo de retención en las transferencias de gasto que envían recursos del gobierno central a las corporaciones locales.
El ente auditor también propone que estos compromisos de entrega de documentación sean obligatorios para acceder a subvenciones ayudas públicas. De esta forma, se crearía otro incentivo a favor del envío de la información requerida, cuestión que en cualquier caso está regulada por la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de 1988.