Podemos no se contenta con el último impuesto a las energéticas y a la banca. Quiere un golpe mayor a algunos sectores empresariales y, en concreto, a las eléctricas. Y lo pedirá en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. El castigo a las energéticas pasa por tener que asumir la deuda que les dejen los consumidores eléctricos que incurran en impagos y sean considerados como consumidores vulnerables.
Porque los morados quieren que la imposibilidad de cortar el suministro de la luz a los consumidores en situación de impago no corra a cargo del sistema social y público, sino de las empresas. A partir de ese momento, la crisis supondría un castigo difícilmente llevadero para las compañías del sector, porque, cada impago iría contra ellos, generando, además, un incentivo al impago en plena escalada de los precios de la energía y en pleno desplome del poder adquisitivo de la población.
Así, Podemos prepara ya su nueva batería de exigencias a Pedro Sánchez. Unas peticiones afectan al alquiler de viviendas por medio de un sistema que penalice aún más a los propietarios de estos inmuebles, que no podrían elevar los precios con la inflación en la mayoría de los casos, como ya ha publicado Libertad Digital. Otras reclamaciones afectan a la Ley de Seguridad Ciudadana, pactada con Bildu y ERC, y que pretenden que entre en funcionamiento para limitar la capacidad de actuación de la Policía en el momento en el que decidan agitar la calle. Pero los morados no se han olvidado de las eléctricas.
Pedro Sánchez acaba de regular un nuevo impuesto para las compañías energéticas. El sector, de hecho, ha anunciado la batalla jurídica contra un recargo que se ha configurado replicando impuestos y hechos imponibles ya grabados. Pero Podemos no se olvida de que ellos siempre buscaron un golpe mayor a las compañías y quieren aprovechar la Ley de Presupuestos para asestarlo. Especialmente contra las eléctricas.
Podemos considera que el Gobierno tiene que hacer todo lo que esté en su mano para "proteger el poder adquisitivo de las familias", según afirman. Y, con este pretendido fin, quieren que se cumpla por fin "el acuerdo de gobierno prohibiendo definitivamente los cortes de suministros a personas vulnerables y haciendo que las deudas acumuladas por las personas y las familias en situación de vulnerabilidad sean asumidas por las empresas del mercado eléctrico", tal y como explican ya en su propia documentación.
Pedro Sánchez aprovechó ya el debate sobre el estado de la nación para asestar un impuestazo sin precedentes a eléctricas, petroleras, gasistas y bancos con el objetivo de recaudar otros 7.000 millones de euros extra en los próximos dos años.
La excusa del presidente del Gobierno en ese momento para ejecutar este sablazo fiscal fue que "las empresas no pueden amasar mayor riqueza en plena crisis". Sin embargo, hay que recordar que, desde que llegara a La Moncloa, el Ejecutivo formado por PSOE y Podemos ha ideado más de 40 subidas de impuestos que no sólo afectan a empresas, sino que golpean a las rentas medias y bajas.
Podemos, de hecho, ha llegado a plantear ya acciones penales contra las eléctricas: ha solicitado la creación de un delito fiscal para castigar penalmente a las empresas energéticas que repercutan en los consumidores los nuevos impuestos a los que tienen que hacer frente.
Así lo avanzó la propia ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una intervención en el curso de verano de la Universidad Complutense sobre La guerra que lo cambió todo.
"En un momento en el que tenemos a grandes empresas energéticas amenazando a la ciudadanía y al Gobierno y diciéndonos que si hay un impuesto a las mismas eso se va a repercutir a los consumidores, yo creo que el Gobierno no puede flaquear", dijo Belarra.
Y añadió: "Necesitamos mano dura contra quienes abusen y ataquen el interés general y por eso una de las cosas que le vamos a proponer a nuestro socio de Gobierno es que se cree como delito fiscal la repercusión de impuesto, que además tendrá una agravante en el caso de que se trate de empresas de sectores estratégicos".
La opción carecía de cualquier rigor técnico y del mínimo respeto al estado de derecho. Pero Podemos se ha repuesto y busca ahora el golpe por la vía de un nuevo castigo: la asunción de la deuda por impagos de los consumidores morosos en situación de "vulnerabilidad" social.