El Gobierno acelera su ofensiva contra el coche, pero por la puerta de atrás. El Ministerio de Transportes ha encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de varios informes para buscar alternativas para financiar las carreteras de nuestro país entre las que se encuentran la implantación de un sistema de peajes en todas las autovías a partir de 2024.
Esta idea no es nueva. De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya la incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió el año pasado a Bruselas con todos los compromisos que estaba dispuesto a asumir a cambio del dinero europeo tras la crisis de coronavirus.
En concreto, cuando todavía José Luis Ábalos ejercía como ministro de Transportes, el Gobierno incluyó en el Componente 1 de dicho plan su intención de imponer "un pago por uso que permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero". Así, vemos que el Gobierno volvía a utilizar el componente climático para justificar este perjuicio al bolsillo de los conductores.
Un paso más para el cobro de las autovías
Para ejecutar este golpe al coche, el Gobierno prometía a Bruselas que elaboraría una "Ley de Movilidad y Financiación del Transporte" y daba una fecha para su puesta en marcha. "Esta Ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario usuario pagador y también del principio de quien contamina paga" reza el texto. Ahora, el Ejecutivo ha dado un paso más para llevarla a cabo.
Así, primero, ha formalizado el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco por 1,4 millones de euros, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría fiscal y tributaria a KPMG por 89.000 euros. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del que "podrían" implantarse los peajes.
Sin embargo, a pesar de las evidencias de que el Gobierno está llevando a cabo actuaciones para ejecutar el enésimo mazazo al conductor, la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha echado balones fuera este miércoles. En una entrevista en TVE, la socialista ha asegurado que "dadas las circunstancias actuales, quizás ahora no sea el momento más propicio" para implantar los peajes en las carreteras. Entonces, ¿por qué acaba de encargar un informe para ello?
Los conductores pagarán aún más impuestos
Dentro de la enorme subida impositiva que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas para los próximos años, la gran variedad de impuestos a la circulación y los impuestos ‘anticoche’ se llevan la palma.
A pesar de que cada conductor ya paga en torno a 1.000 euros al año en impuestos, según los datos de la patronal de fabricantes de automóviles Anfac, el Gobierno estudia incrementar la fiscalidad a estos vehículos, por ejemplo, subiendo los impuestos al diésel.
Además, la ofensiva anticoche por parte del Gobierno bajo la bandera del ecologismo ha incluido en el decreto de ahorro energético que se votará mañana en el Congreso un mensaje contra estos vehículos, que "tienen costes externos que la sociedad no puede soportar". Este ataque a la automoción se produce en plena crisis del sector por la caída de ventas tras la pandemia y la crisis de los microchips. No corren buenos tiempos para el automóvil.