Desde el lanzamiento mismo del proyecto europeo, una de las prioridades establecidas desde Bruselas ha sido la eliminación de las llamadas "ayudas de Estado", así como de cualquier otro subsidio que altere el normal funcionamiento de la competencia. La idea de fondo es hacer del Viejo Continente un mercado integrado y único, de modo que tales prácticas no deberían tener cabida.
Con el paso del tiempo, la postura de las autoridades comunitarias a este respecto se ha contaminado cada vez más de elementos políticos. En la propia Bélgica, sin ir más lejos, el Estado posee la parte mayoritaria del accionariado de uno de los principales operadores del país, Proximus. Esta distorsión del mercado, y la consecuente falta de competencia, ha hecho que, por ejemplo, la factura telefónica abonada por los hogares belgas se sitúe como la más cara de Europa.
La responsable de ejecutar la política de competencia, Margrethe Vestager, no solo mira hacia otro lado ante este tipo de circunstancias, sino que incluso mira hacia otro lado ante episodios flagrantes que no suponen más que una gigantesca deformación del mercado único comunitario, como han sido los recientes casos del "rescate" del aeropuerto de Berlín (una operación de 1.700 millones de euros) y de la "recapitalización" del banco italiano Monte dei Paschi (que inyectó más de 5.400 millones en la entidad).
En cambio, Vestager se ha mostrado muy beligerante contra el sector tecnológico, como recuerda su lamentable cruzada contra Apple y el gobierno de Irlanda. Su oficina consideraba que el modelo de impuestos bajos vigente en la isla estaba beneficiando a la tecnológica estadounidense de manera irregular. Sin embargo, su empeño acabó en un auténtico fiasco, puesto que la Corte Europea de Justicia falló en contra de las autoridades comunitarias y certificó la plena legalidad del sistema fiscal que Vestager quiso identificar como una "ayuda de Estado" irregular.
Sánchez se alía con Vestager
La propia comisaria Vestager se ha convertido ahora en la última esperanza del gobierno de Pedro Sánchez para seguir evitando el pago de las indemnizaciones a las que España ha sido condenada en decenas de arbitrajes internacionales referidos al fiasco de las "primas" prometidas a la energía renovable. Estas sentencias desfavorables ponen de manifiesto que nuestro país no puede prometer estas ayudas en 2007 y retirarlas de forma retroactiva entre 2011 y 2013.
Obviamente, cancelar tales condiciones hubiese sido totalmente legítimo, pero lo que choca con los principios centrales del Estado de Derecho es plantear que la retirada de las "primas" se debe hacer de manera retrospectiva, afectando a quienes invirtieron en el sector bajo plena aplicación de las condiciones originales. Esta decisión ha tenido mucho que ver con el desplome de la inversión extranjera y la pérdida de pujanza de nuestro sector "verde", que ha pasado de ser líder en Europa a crecer cuatro veces por debajo del promedio comunitario.
Ante esta tesitura, Sánchez ha buscado refugio en Bruselas y la oficina de la comisaria Vestager, cuyo equipo ha dado una incomprensible pirueta para venir a decir que pagar lo prometido a los inversores afectados supondría desembolsar "ayudas de Estado". Una argumentación aberrante e insostenible con la que se pretende pasar por subsidios indebidos lo que no es más que el pago de las "primas" recogidas en la legislación aplicable.
Va a más, pues, el limbo jurídico en el que se encuentran las empresas e inversores afectados, con todo lo que ello está suponiendo para el maltrecho sector energético de nuestro país, uno de los menos competitivos de Europa.