Pedro Sánchez quiso anotarse una supuesta victoria política vendiendo a la opinión pública que la reforma energética de la UE iba a seguir su modelo y a consagrar como receta europea el tope al precio del gas. Lo cierto es que el primer documento de trabajo -al que ha tenido accedo Libertad Digital- no sigue esa senda sino, más bien, la contraria. Y es que el plan energético de Bruselas se aleja de la vía Sánchez para pedir topes al precio de las verdes y la inclusión de tarifas reguladas para las pymes.
El texto señala que "teniendo en cuenta" la grave crisis, considera "que el paquete propuesto de intervenciones de mercado debe constar de tres componentes interdependientes".
El primer componente "estaría inspirado en la reducción obligatoria de la demanda de gas prevista en el Plan de la UE "Ahorre gas para un invierno seguro" y se centraría en lograr un tipo similar de reducción de la demanda también en lo que respecta a la electricidad".
El segundo mecanismo de intervención se basaría en introducir "un límite de precio", pero no para el gas natural, como se ha hecho por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, sino "para las tecnologías de generación de electricidad inframarginales, que tienen costos de operación más bajos que las centrales eléctricas de gas, con el objetivo de independizar la rentabilidad comercial de estas tecnologías del precio marginal de la electricidad".
Las inframarginales son todas aquellas que se sitúan por debajo del precio que marca la energía más cara. Y la más cara en estos momentos suele ser el gas natural, con lo que las inframarginales son el resto: en el caso de España, esta definición afecta a la nuclear, pero le afecta por completo a las tradicionalmente denominadas como verdes: eólica y solar.
El documento señala que "el precio máximo inframarginal proporcionaría a los Estados miembros recursos financieros para financiar las intervenciones de precios al por menor". En este sentido, añade, "el paquete proporcionaría una mayor seguridad jurídica a los esfuerzos de los Estados miembros para proteger a ciertos tipos de consumidores del impacto de los altos precios de la electricidad a través de tarifas reguladas".
El texto de Bruselas da más detalles sobre el "precio tope para tecnologías inframarginales en beneficio de los consumidores": "Esta medida funcionaría estableciendo un tope de precios específicamente para las tecnologías inframarginales (es decir, más baratas)". La aplicación puede ser obligatoria para todos los Estados miembros u opcional, tal y como señala el documento. Es decir, que aún no existe una decisión sobre el grado de imperatividad de estas medidas.
Respecto a las exigencias a los comercios o establecimientos públicos de puertas de cierre automático u otros mecanismos de ahorro energético, Bruselas también pide ayudas, por ejemplo, "un bono con una prima del 10% al 20 % para ser utilizado como garantía pública o subvenciones no reembolsables para impulsar inversiones en mejoras estructurales de eficiencia energética (y reducir la carga máxima total de electricidad)".
Bruselas alerta de que "la introducción de dicho tope al precio [de las energías inframarginales] no sería compatible con esquemas paralelos de impuestos sobre ganancias excesivas, que tendrían que ser abolidos". "La cantidad de ingresos recaudados por los Estados miembros está relacionada con la cantidad de electricidad generada a partir de tecnologías inframarginales. Esto variará en función de la combinación energética y el diseño de los planes de apoyo a las fuentes de energía renovable de cada Estado miembro. El impacto de esta medida diferirá en toda la UE", explica el documento.
Y los técnicos europeos también plantean una ayuda adicional a las Pymes: "Puede ser útil, en este contexto, dar un mayor grado de seguridad jurídica a las prórrogas de tarifa regulada […]. Como parte de una iniciativa legislativa, sería posible, por ejemplo, prever una desviación clara de las disposiciones sobre tarifas reguladas para que los Estados miembros puedan cubrir también a las pymes […]".
Por último, Bruselas reclama "el apoyo directo a la renta", que sigue siendo "el instrumento más utilizado en la UE para apoyar a los hogares, incluidos los colectivos más vulnerables en la crisis actual, mientras que la mitad de los Estados miembros utilizan tarifas reguladas".
Todas estas medidas, de todas formas, tendrían "que combinarse con la condición de que las partes del mercado obligadas a vender electricidad por debajo de coste reciban una compensación adecuada y que todas las partes del mercado puedan ofrecer dichas tarifas reguladas a sus clientes y recibir la compensación correspondiente".
Porque "la regulación de precios minoristas sigue siendo una medida de política intervencionista que corre el riesgo de distorsionar los mercados minoristas liberalizados, mientras que el apoyo directo a la renta sigue siendo más utilizado en toda la UE y más fácil de administrar con un efecto más directo".