La Moncloa está orgullosa de su Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Lo presentó ante la UE y ha sido aprobado por la Comisión Europea. Y está orgullosa del texto pese a que el campo ha mostrado ya su total rechazo y estima que, sólo a Andalucía, le costará 500 millones de pérdidas.
Pero es que, además, el Gobierno ultima hasta 18 reales decretos y una ley para disparar las exigencias burocráticas y los costes ecológicos de los agricultores. Nuevo golpe al campo en plena crisis.
El Gobierno trabaja ya "en los cambios legales que acompañan al Plan Estratégico: 18 reales decretos y una ley, para que la nueva Política Agraria Común (PAC) entre en vigor el 1 de enero de 2023". Se trata de la versión oficial del Ejecutivo, que prepara toda una lluvia de nuevas exigencias y costes para el campo español en medio de uno de los momentos más críticos de la agricultura en los últimos tiempos.
Lo cierto es que la Comisión Europea acaba de aprobar el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 presentado por España. Una PAC que el Gobierno considera "más justa, más sostenible y más social" y que, según esa misma versión oficial, "dispondrá del presupuesto y las herramientas necesarias para avanzar hacia una agricultura más innovadora y digital, con el foco puesto en el relevo generacional". Pero un plan que el campo ve con pánico y considera que puede ser la puntilla a una agricultura plagada de costes, pérdidas y hasta una fuerte sequía.
Junto al plan de España, la Comisión Europea ha aprobado también los planes de otros seis Estados miembros: Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia y Portugal.
Para el ministro Luis Planas, se trata de una excelente noticia, porque esta aprobación da "certidumbre y seguridad al sector agrario, ya que la PAC supone entre un 20% y un 30% de las rentas que perciben los agricultores y ganaderos". Para el sindicato del campo Asaja, todo lo contrario: sólo en el caso de Andalucía, las pérdidas se elevarán a 500 millones de euros.
Lo cierto es que ese plan está trufado de todo un nuevo catálogo de exigencias ecologistas propias de la Agenda 2030 y hasta el propio Gobierno reconoce esta orientación en la nueva PAC: "El plan supone una herramienta clave para facilitar la respuesta de la agricultura a las demandas medioambientales y sociales de la sociedad. Para ello, va a impulsar cambios profundos, pero graduales, para lograr una agricultura más justa, rentable y social".
La dotación teórica del plan para los agricultores y ganaderos españoles es de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, de las que, eso sí, sólo un 61% irán destinadas al tradicional apoyo a la renta de los agricultores (a través de la ayuda básica y el pago redistributivo). Del resto, un 23% queda obligatoriamente ligado a lo que se denomina a partir de ahora como "pago por compromisos ambientales (ecorregímenes)". Otro 14% se destina a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas —también con criterios medioambientales—, y un 2%, al pago complementario a jóvenes.
Entre las principales novedades del plan, el sector asumirá a partir de 2023 ese nuevo pago redistributivo: una ayuda a la renta adicional para las primeras hectáreas de cada explotación destinada a favorecer la redistribución de ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en su mayoría de carácter familiar y profesional.
Además, el plan reserva 230 millones de euros anuales para ayudas específicas para los jóvenes, a través del pago complementario de las ayudas directas y de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación.
Otra de las novedades se centra en los cupos feministas: las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15% adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben el resto de jóvenes, los de sexo masculino. Y es que todo del plan está plagado de criterios ecológicos o feministas.
Así, la estrategia incluye un presupuesto anual de 582 millones de euros para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y de 1.762 millones de euros de gasto público total para las medidas de desarrollo rural. Pero de estas últimas, las principales partidas también van destinadas a inversiones con especiales exigencias ecológicas. Así, de los 740 millones de euros que irán a inversión, un 44% será con fines declaradamente ambientales; otros 370 millones, para agricultores que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual; 160 millones para los programas LEADER; y 140 millones de euros para las explotaciones que desarrollen su actividad en zonas con limitaciones naturales.
El plan destina otros 135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes agricultores y 70 millones anuales para medidas de innovación, asesoramiento y formación.
Por otro lado, el plan recoge el compromiso de España con los objetivos del Pacto Verde europeo. Y eso supone que se destinará un 23 % del presupuesto de la PAC a llevar a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a través de los denominados ecorregímenes.
Los ecorregímenes exigen prácticas como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las rotaciones de cultivo, la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o las superficies destinadas a la biodiversidad. Prácticas que implican un profundo aumento de costes. "Se trata de medidas de carácter voluntario, que los agricultores deben analizar desde este mismo momento con el fin de poder elegir qué prácticas solicitar el año que viene y obtener estas ayudas adicionales, además de contribuir a la consecución de los fines ambientales", señala el Gobierno.
Y, además, de todo ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja en los cambios legales que acompañan al Plan Estratégico: 18 reales decretos y una ley, que ya se encuentra, por el trámite de urgencia, en el Congreso de los Diputados para que la nueva PAC entre en vigor el 1 de enero de 2023.
Entre ellos se encuentran los borradores de reales decretos que se publicaron a finales del pasado mes de julio para su audiencia pública y que incluyen los detalles de cómo se aplicarán a partir de la próxima campaña elementos tan importantes de la PAC como la condicionalidad de las ayudas, los derechos de ayuda básica o los detalles de las diferentes medidas, incluidos los nuevos requisitos ecológicos y los importes previstos para los ecorregímenes.
Todo un catálogo de nuevas exigencias y costes que condicionan las ayudas de la PAC en medio de una profunda crisis.