Después de 30 años trabajando para poder comprarse un piso en Valencia, Mariela decidió ponerlo en alquiler en noviembre de 2019. Se había trasladado a vivir a casa de su pareja y le pareció una buena idea para completar sus ingresos como autónoma y ayudar a su madre. Lo que nunca imaginó es que, apenas unos meses después, su inquilina -a la que no duda en tachar de "falsa vulnerable"- dejaría de pagar y se atrincheraría en su casa durante más de dos años.
El contrato lo firmó a través de una inmobiliaria, que se encargó de pedirle todos los avales necesarios. Según relata, sus ingresos ascendían -y siguen ascendiendo a día de hoy- a 1.700 euros mensuales, gracias a "dos pensiones, la manutención de sus hijos y una ayuda". Una cantidad más que suficiente para hacer frente a un alquiler que apenas superaba los 500 euros al mes.
La pandemia como excusa
Sin embargo, pronto dejó de cumplir con sus obligaciones. "En cuanto salió el decreto antidesahucios dejó de pagarme. De un día para otro, sin ninguna explicación. Me bloqueó el teléfono y nunca más supe de ella", denuncia en conversación con Libre Mercado. En marzo de 2020, el Gobierno aprobó dicha medida con el fin de que ninguna persona vulnerable se quedase en la calle en pleno estado de alarma. El problema es que ese decreto se ha ido extendiendo y, dos años después, todavía sigue vigente.
Así, aunque el juez ha ido dictando distintas fechas de lanzamiento, su inquilina las ha ido frenando con informes de vulnerabilidad de servicios sociales. "Lo primero que no entiendo es por qué la consideran vulnerable si sigue teniendo los mismos ingresos. ¿Cuándo me alquiló el piso no era vulnerable y ahora sí?", se pregunta Mariela indignada.
El último pronunciamiento del juez, en abril de este mismo año, insta precisamente a los servicios sociales a buscarle una alternativa habitacional. De no ser así, la propietaria no podrá echarla, como mínimo, hasta el próximo mes de octubre, fecha en la que, a priori, decae el decreto aprobado por el Ejecutivo. "Al final lo que ha hecho el Gobierno es dar una coartada a todos estos falsos vulnerables, porque yo no dudo que haya gente que lo esté pasando mal, pero en este caso siempre ha habido mala fe, porque si realmente hubiera habido voluntad de pagar, me podría haber dicho ‘oye, ahora mismo no puedo, pero te voy dando 100 euros, 200 o lo que sea’. Pero la realidad es que ella se aprovechó de este decreto para vivir a mi costa", lamenta.
Al estilo de Cuba y Venezuela
En cualquier caso, para Mariela lo más indignante es la pasividad de las distintas administraciones: "Se determinó que a mí me correspondía una compensación y la realidad es que ni yo he recibido ese dinero ni Asuntos Sociales le consigue una alternativa habitacional, porque la consejera me dice que no hay viviendas, y yo ya estoy desesperada, porque me están obligando a mí a cumplir un rol que es del Estado".
Además, esta argentina nacionalizada española desde hace años recuerda que el derecho a la propiedad es un derecho constitucional. "Es increíble que un país como España, que se supone que es una Democracia, esté vulnerando un derecho fundamental. Lo que hace el Gobierno español me recuerda al ‘exprópiese’ de Venezuela o a lo que hace la dictadura cubana cuando expropia la propiedad privada. Al final, aquí están haciendo algo parecido", denuncia.
Arruinada y hundida
Mientras tanto, Mariela sufre las consecuencias de una lacra que le está afectando tanto económica como psicológicamente. "Yo también vi reducidos mis ingresos como consecuencia de la pandemia y tengo que ayudar a mi madre, que ya es mayor. Al principió tiré de ahorros, de la ayuda de mi pareja… Pero ya son dos años y ya no puedo más -explica con la voz entrecortada-. Y ya no es sólo lo que dejo de ingresar, es que a mí esto me está costando mucho dinero en abogados, procuradores… Porque ella tiene abogados y procuradores de oficio, pero yo me los tengo que pagar de mi bolsillo.
Aun así, para Mariela lo peor es la factura psicológica. "Muchos días me despierto a las 2 de la mañana y ya no soy capaz de dormir. Tengo ataques de ansiedad, cambios de humor… No soy la misma persona que hace dos años", lamenta. Además, asegura que su inquilina está ocasionando muchos problemas en la comunidad: "Los vecinos han tenido que llamar varias veces a la policía, porque es una mujer muy agresiva, arroja cosas y tiene un perro que los ataca, cuando en realidad ni siquiera podría tener animales en la vivienda, porque así lo estipulaba el contrato".
Con todo, Mariela no ha dudado en sumarse a la Plataforma de Afectados por la Ocupación para reclamar al Gobierno y al resto de partidos políticos una ley antiokupas que acabe con esta lacra y que determine que es el Estado el que tiene que hacerse cargo de las personas vulnerables. "Que les busquen un alquiler social, les paguen un hotel o les ayuden a encontrar trabajo, porque esa es otra -subraya Mariela-. Yo soy más mayor que mi inquilina y me busco la vida como puedo, no me dedico a vivir del Estado a base de ayudas y pensiones, busco trabajo donde lo haya. Si tan mal está… ¿Por qué no se pone a trabajar?".