"Nos reuniremos con las asociaciones de consumidores y las distribuidoras para que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de competencia, de veinte o treinta productos básicos que le garanticemos (sic) a la ciudadanía". Así planteó Yolanda Díaz la propuesta de la que más se habla esta semana: poner precios máximos a algunos de los productos más habituales para el consumidor medio.
A partir de ahí, la polémica y el debate. Unos recuerdan las experiencias de Venezuela o Argentina con los controles de precios. Los otros se preguntan qué problema puede haber en un acuerdo voluntario entre consumidores y comerciantes. Los economistas más ortodoxos comentan en las redes sociales que no hay apenas episodios en la historia de precios máximos que terminaran sin generar graves problemas. Mientras, los expertos de izquierda defienden que hay que atajar la inflación y que situaciones excepcionales requieren de medidas excepcionales. Y no se sabe si para terciar en la polémica o para marcar territorio, el ministro de Agricultura, Luis Planas, recordó que la legislación comunitaria no permite imponer precios máximos a este tipo de productos.
Lo que nos dice la teoría es que los precios máximos han funcionado tirando a mal a lo largo de la historia. Es lógico. Si uno pone un precio máximo por debajo del de mercado: (i) el productor tiene incentivos a no vender (o a hacerlo por la puerta de atrás) y (ii) el consumidor tiene incentivos a comprar más de ese bien (porque está más barato que sin el precio máximo y porque, ante el temor a la escasez, mejor guardarse un poco por si acaso). Luego puede haber muchos matices, desde en qué productos se pone ese límite a cuánto tiempo dura la excepción. Pero hay pocos experimentos en los que haya funcionado. De hecho, lo que ha ocurrido casi siempre es que ha colapsado el sector en el que se han impuesto esos precios máximos.
En cualquier caso, al plan de la ministra le faltan muchos detalles. Por eso, las preguntas (y las posibles trampas que podrían idear los comerciantes) se acumulan. Las siguientes son sólo algunas de las más obvias:
Del decreto al mostrador
- ¿Qué es "el pollo" a 5€?: ésta parece fácil, pero no lo es en cuanto lo pensamos cinco minutos. Si uno va al súper este sábado, encontrará decenas de productos derivados del pollo. Por preparación (entero, fileteado, deshuesado...); despiece (pechuga, contramuslo, solomillo...); calidad (normal, de corral...)
Si decimos que pondremos "el pollo a 5 euros/kg", ¿a cuál nos referimos? Vamos a dar una respuesta sencilla: el que viene entero, de una pieza, dejando al margen los envases de sus diferentes partes (pechugas, muslos, etc..).
Pero, incluso si sólo pensamos en el pollo entero: ¿todos los pollos o sólo los normales? ¿El tope afecta también a los ecológicos o los que se venden como gourmet? ¿Y quién decide si un producto es normal o gourmet?
De hecho, en los últimos años, es relativamente habitual encontrar ofertas en el súper por productos de fecha de caducidad cercana. ¿Y si las cadenas aprovechan y ponen el precio regulado a estos lotes, dejando el resto al precio de mercado? ¿Eso cómo se controla?
U otra opción: el Gobierno pone un precio muy bajo al kilo de pollo entero. Un precio que no sale rentable a las cadenas. Y al día siguiente, desaparece esa opción del lineal: seguimos teniendo pechugas, pollo troceado, pollo entero pero especiado y listo para meter al horno, en pinchitos, por mitades... pero el entero normal de toda la vida, ya no está. ¿Eso sería ilegal? ¿Cómo luchará Díaz contra estas posibles (y fáciles) triquiñuelas.
También podría pasar lo contrario: el Gobierno establece un máximo de 5€/kg a todo el pollo. Es un nivel cercano al que ahora tiene el pollo entero, pero alejado de las especialidades que requieren preparación (cortes especiales, adobos o ingredientes extra, etc...) ¿Qué pasaría? Pues que volveríamos a los años 40, sólo habría pollo entero en las tiendas y tendríamos que despiezarlo en casa. ¿Más desperdicios? Seguro. Y consumidores que no sabrían hacerlo o no querrían perder el tiempo y dejarían de comprar ese producto. ¿Desplumar otra vez pollos en la cocina? Que pongan un precio máximo tirando a bajo y ya verán como volvemos a ver aquellas escenas.
- ¿Cuánto pollo hay en cada súper?: otro truco que se le ocurre a cualquiera. El Gobierno obliga a tener algo de pollo a 5 euros/kg. ¿Pero cuánto? Si una cadena pone 5 bandejas a ese precio, que a las 9.15 ya han desaparecido del estante, y el resto a precio de mercado: ¿se podría perseguir a ese comerciante? ¿Cuánto pollo de categoría "normal" (el de precio intervenido) tiene que tener cada tienda? ¿Vamos a controlar también las cantidades?
- ¿Y las brochetas?: vamos un paso más allá. El Gobierno pone un precio máximo de 5 euros/kg a todo el pollo fresco (sea entero, en pechugas, muslos...) y sea cuál sea su categoría (de corral, ecológico...)
¿Solución para cualquier cadena que quiera saltarse el precio? Meterle mano de obra y otros ingredientes. Nos encontraríamos con "pechugas marinadas con sal y limón". ¿¿?? Pero si eso es una pechuga normal con poco más que la sal que le echaríamos cada uno en casa. Sí, pero ahora ya pueden ponerla al precio que les dé la gana porque ya no es pollo fresco. Las posibilidades son múltiples: brochetas, al ajillo, adobadas... Ya las tenemos a nuestra disposición, pero veríamos cómo se multiplican en el momento en el que llegue el precio protector para el producto básico.
Todo lo anterior son sólo ejemplos sobre un producto como el pollo. Pero con un poco de imaginación podemos pensar en problemas similares con cada uno de los elementos de esa cesta básica de la que habla la ministra de Trabajo. Sólo en el caso de los más básicos (azúcar, harina, sal...) sería más complicado el truco. E incluso en estos, podríamos decir que con matices, porque también de cada uno de ellos tenemos cada día más variedades a nuestra disposición. En la mayoría de la cesta de la compra, todo lo que planteamos es 100% realista. Es lo que ocurre cuando te pones a poner precios máximos, que la imaginación de clientes y comerciantes se dispara, porque no hay que olvidarlo: un precio máximo es una prohibición a que se produzca un intercambio al que las dos partes llegarían de común acuerdo; por eso, todos tienen incentivos a saltárselo.
El control
- ¿Y los que no quieran?: Yolanda Díaz asegura (hasta ahora) que todo se hará por acuerdo. Pero, ¿qué pasará con los que no quieran? ¿Habrá campañas del Ministerio a favor o en contra de las cadenas que se sumen a la iniciativa? ¿Presionará el Gobierno a las grandes superficies? ¿Se señalará al disidente? ¿Multas o sanciones a los que se salgan del pacto? ¿Prebendas o rebajas impositivas a los que se sumen al mismo?
- ¿Quieren precios mínimos o máximos?: lo más raro de la propuesta de Díaz es que choca frontalmente con el programa con el que la ministra se presentó a las últimas elecciones, el de Podemos.
La formación morada prometía en aquel momento: "Establecer por ley un precio sostén (precio mínimo) para proteger a los pequeños y medianos productores agropecuarios. (...) Introducir por ley la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción" (punto 37 del programa).
No sólo eso, en los últimos años han sido muy habituales las protestas de la extrema izquierda por las prácticas de las grandes superficies. El argumentario podría resumirse así: los supermercados tiran los precios de los productos básicos (ej: leches, huevos, aceite...) como forma de atraer al cliente, que luego lo compra todo allí. De esta manera, destrozan al comercio de proximidad y a los agricultores: a unos porque les hacen imposible competir con esos precios en unos pocos productos pero muy relevantes para el consumidor; a los otros, porque el poder de negociación de las cadenas acaba siendo abusivo y las pequeñas explotaciones agrícolas no logran recuperar ni los costes de producción.
Podría discutirse mucho sobre esto pero, más allá del debate, la acusación parece casi una copia de lo que ha pedido esta semana Díaz: precios muy bajos en los productos más importantes. Quizás por eso no sea extraño que el primero en salir a aplaudir a la ministra y a decir que ellos pueden poner a disposición del consumidor una cesta de 30 productos por 30 euros haya sido Carrefour.
- ¿Y el pequeño comercio?: en la línea de lo planteado en el anterior epígrafe. Las grandes cadenas pueden aguantar unos meses. Por músculo financiero y porque pueden intentar recuperar con otros productos (desde televisiones hasta material escolar) el margen perdido con la alimentación. ¿Tienen la misma capacidad de resistencia el pequeño comercio? Y si se generaliza la idea de que los súper e híper son mucho más baratos en lo importante: ¿le está haciendo el Gobierno la mejor campaña de publicidad posible a las grandes distribuidoras? Esto es lo que parecía preguntarse Pablo Echenique este miércoles en Twitter: "Leo lo de Carrefour y no puedo evitar pensar en qué va a pasar con la frutería o la carnicería del barrio".
Nosotros, en Libre Mercado, no tenemos nada ni a favor ni en contra de unos u otros comercios. De hecho, estamos convencidos de que cada uno tiene sus armas (tamaño vs cercanía y trato personal). En Podemos, al menos en sus declaraciones, apuestan siempre por los pequeños: agricultores, comerciantes de tiendas de barrio, etc... (aunque luego sus medidas tributarias o las obligaciones que les imponen no encajen en ese relato), . Pues bien, no recordamos otra propuesta que haya generado tanto revuelo y protestas en este sector -el pequeño minorista de alimentación- como la de Díaz.
- ¿De dónde sale el margen?: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene un Observatorio de la Cadena Alimentaria en el que Díaz podrá comprobar que los márgenes de la industria, para todos los implicados (desde el productor original a la distribución minorista) son muy ajustados. Éste es un sector en el que el beneficio sale del volumen y la rotación, no de sacarle mucho a cada producto vendido. Lo que nos deja una conclusión muy clara... si se interviene el precio con un nivel máximo, alguien comenzará a perder dinero. Y cuando alguien pierde dinero, lo normal es que salga del negocio.
Es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, una y otra vez, con los precios máximos: generan escasez porque aquellos a los que les sale más caro producir de lo que pueden obtener con la venta, dejan de llevar sus productos al mercado.
- ¿A qué precio? ¿Y si es muy alto?: Volvamos al pollo. ¿A qué precio vendemos cada unidad? Si es muy alto, como se hizo con las mascarillas, no tiene impacto apenas en el mercado. Poner un precio máximo al pollo de 25€/kg no afectaría a nadie (o quizás a algún productor ecológico de muy alta calidad).
Puede parecer absurdo, pero ha sido una herramienta de marketing no tan inusual en los últimos años. Cuando un Gobierno quiere apuntarse un tanto ante el público pero sin generar muchas distorsiones, pone un precio por encima del que se establecería en un mercado libre: un máximo que sólo entraría en juego en circunstancias muy especiales.
Por ejemplo, este sábado, en la web de una cadena española muy conocida, la bandeja de pechuga entera de pollo se vendía a 5,79 €/kg. Es verdad que puede haber momentos (las semanas posteriores a la invasión de Ucrania, con el precio del pienso disparado y mucha incertidumbre) en el que ese precio suba algo. Supongamos un precio máximo de 7€. ¿Impactaría mucho en el mercado? Muy poco, sólo a productores específicos (lo que decíamos antes de producto ecológico o similar). Pero como ha habido unos pocos días en los que el precio estuvo algo más alto mientras el mercado ajustaba esas distorsiones, el Gobierno dirá que ellos controlaron ese precio sin que sea cierto.
Eso sí, el riesgo es evidente: que los costes se disparen de forma permanente, el precio de mercado sobrepase los 7€ y entremos en el ciclo de escasez-desabastecimiento-acaparamiento-mercado negro tan habitual en estos casos.
- ¿Y si es muy bajo?: el gran peligro que temen los productores. Un precio muy bajo que haga inviable recuperar los costes sea cual sea la variedad de pollo. Entonces sí, lo que tendríamos es todo un sector en problemas. No hablamos de un escenario impensable o de algo que sólo ocurra en países socialistas: en los años 70, en EEUU, se sacrificaron cientos de miles de ejemplares de numerosas especies ganaderas por culpa de límites similares a los que se quieren imponer ahora en nuestro país que arruinaron a decenas de explotaciones.
- ¿Subvencionar a los que pierdan?: el problema más evidente de un precio máximo es que empuja a muchos productores fuera del mercado. Si criar, matar, empaquetar y llevar al punto de venta un pollo me cuesta 6€/kg y me obligan a venderlo a 5... pues dejo el negocio.
Ahí comienzan los problemas de escasez y desabastecimiento. ¿Solución? Obligar a los productores suele ser mala receta. Los que lo han intentado, desde los emperadores romanos a Nicolás Maduro, pasando por los revolucionarios franceses, Stalin o Mao, han fracasado.
La otra opción es subvencionar toda la cadena de valor. Vendes a 5, pero el Estado te paga 4 más para compensarte.
Entonces tendrás el problema contrario: si tú aseguras al productor un precio... pues todo el mundo a criar pollos. Y la factura se disparará, porque pagarás al productor por su pollo y subvencionarás al cliente, que pagará un precio reducido. En ese caso, lo normal es que el consumo se multiplique, con el consiguiente coste para las arcas públicas.
- ¿Qué mide el IPC?: la última pregunta. ¿Afectará esta cesta básica a la inflación estadística? ¿Si algunas cadenas la ofrecen y otras no? ¿Si sólo el formato más básico de cada producto tiene topes de precio? ¿Eso cómo se mide y se traslada luego al IPC? Esto es muy importante, porque tan relevante es lo que el consumidor paga como lo que se refleja en el Telediario. En principio, no debería afectar demasiado: el INE asegura en la página que explica la Metodología del IPC que éste se calcula con una muestra en 177 municipios, con más de 900 artículos y más de 210.000 precios mensuales. También es cierto que no todos los artículos tienen el mismo peso en el cálculo y que habría que discutir mucho sobre la ponderación que le damos a esa cesta de la compra de productos básicos. Pero, sin duda, sería otra cuestión polémica.