Europa está jugando con fuego. Y con su futuro. Intervenir (todavía más) el mercado de la energía tendrá consecuencias inmediatas, pero las más relevantes serán las de medio plazo. ¿Quién va a invertir o innovar en un sector en el que las empresas deben asumir las pérdidas pero los beneficios están topados? Porque hablamos de (mucho) dinero que se pone ahora a trabajar pero que se recupera en plazos larguísimos, de 20-30 años. Por eso, lo que estamos viendo estos días lo sentiremos en el futuro. ¿Apagones dentro de 10 años? ¿Problemas de suministro? ¿Centrales que cierran por falta de mantenimiento? ¿Falta de desarrollo de una nueva tecnología? Estamos poniendo todo de nuestra parte para que ocurra.
Liz Truss, la supuesta nueva Margaret Thatcher (como le leía hace unos días a un comentarista británico, "ya le gustaría"), ha anunciado que impondrá un tope a la factura energética que pagan los británicos. Ese límite se traducirá en una factura de unas 2.500 libras al año (algo menos de 2.900 euros). ¿Cómo lo hará? En Reino Unido existe un organismo público (Ofgem) que pone un precio máximo al kWh que pueden cobrar las compañías de electricidad y gas; esas 2.500 libras son el cálculo de cuánto pagará el hogar medio británico tras el nuevo límite, que ahora impondrá el Gobierno en lugar del Ofgem.
Y Truss no es la única: desde Bruselas, con Ursula von der Leyen a la cabeza, los políticos comunitarios compiten por ver quién anuncia medidas más duras para contener los precios de la energía. El Consejo extraordinario que reunió a los ministros de Energía de los 27 este viernes, planteó directamente intervenir el mercado y una "contribución de solidaridad" a las eléctricas.
En España, los precios máximos de los que hablamos esta semana son los de esa cesta de la compra de productos básicos (los "20 o 30" de Yolanda Díaz). Y, en general, se habla para mal. Al menos entre los expertos, son mayoritarias las voces que alertan sobre el peligro de este tipo de medidas.
Pero claro, si hasta los conservadores británicos quieren imponer precios máximos... tanta locura no será, han venido a echarnos en cara en los últimos días numerosos periodistas, comentaristas e incluso algún político en redes sociales. Nos dicen que dejemos de hablar de Venezuela, que situaciones excepcionales requieren de medidas excepcionales y que lo que está planteando el Gobierno no es tan diferente de lo que piden otros ejecutivos de toda Europa. Ya vimos algo parecido cuando Emmanuel Macron anunció que iba a lanzar una OPA por las acciones de EDF que todavía no controlaba el Estado francés.
Lo primero, tienen razón en que las medidas absurdas y peligrosas no son patrimonio exclusivo del sanchismo. Admito que puede ser un buen punto en el debate mediático-tuitero, dominado por el zasca y el meme ocurrente, pero que lo hagan otros no implica que sea bueno, malo o regular. Aquí lo que debemos preguntarnos es si tiene algún sentido y, sobre todo, por la distancia que hay del pollo al interruptor.
Las consecuencias
Los que decimos que los precios máximos son una locura (y lo son) anunciamos siempre las mismas consecuencias:
- escasez desde el lado de la oferta, porque los productores salen del mercado al no poder cubrir los costes;
- acaparamiento, porque los consumidores empiezan a ver que los estantes se quedan vacíos y no quieren ser los últimos en quedarse sin el producto;
- incluso si no hay acaparamiento en el sentido de comprar más de lo normal (palabra prohibida en economía, pero creo que se entiende lo que quiero decir), se produce incremento de la demanda porque el consumidor deja de percibir que tiene que ahorrar porque el producto es ahora más escaso en términos relativos; se pierde la disciplina que imponen los precios.
De un primer vistazo, ya vemos que no es lo mismo un kWh que una pechuga fileteada. No puedes congelar la electricidad extra que te gustaría almacenar. Pero se parecen más de lo que pensamos. Si uno impone precios máximos... tendrá lo que siempre ha tenido con precios máximos.
Desde luego, debemos recordar que el mercado de la energía no existe. Hablamos de "mercado" y en realidad esto es una concesión retórica. En Europa la energía es un sector totalmente intervenido. No diremos que estamos en un mercado sovietizado para que no nos digan que exageramos... pero desde luego nuestro sector eléctrico y energético tiene más puntos en común con el dirigismo de la antigua URSS que con lo que un libertario definiría como un mercado libre.
Por eso, intervenir todavía más lo ya intervenido tendrá consecuencias limitadas. Las compañías eléctricas son una mezcla de empresa y organismo politizado. Llevan años viviendo del BOE y aprendiendo a trampearlo, manipularlo e influenciarlo. ¿Que ahora les ponemos un precio máximo? Lo sentirán como un decreto más. Algo más molesto, pero no sustancialmente diferente a lo que que están acostumbrados. Otra oportunidad para hacer lobbie y pasillear en el ministerio.
O, por decirlo de otra manera: metiéndote en el precio del pollo destrozas uno de los sectores que mejor funciona en España. El comercio minorista de alimentación y productos para el hogar es de un nivel que los ciudadanos de otros países nos envidian. La mezcla de calidad del género, variedad de productos y precio bajo que podemos encontrar en cualquier súper o tienda de barrio en nuestro país es espectacular, en términos absolutos y relativos. Tú metes a un belga, alemán o británico en un súper español y se vuelve loco. No se puede creer lo que ve. Es que no hay ni punto de comparación.
Mientras, metiéndote con el precio del kWh sólo introduces una nueva consideración política en lo que ya era un precio político, no de mercado.
Pero, además, no debemos olvidar que cuando los expertos hablan de "escasez" no están diciendo que al día siguiente al decreto los estantes vayan a quedarse vacíos. Que llegará ese momento es casi seguro, pero ¿cuándo? Pues depende de:
- Del precio máximo: si es muy elevado y se acerca al de mercado, la reducción de la oferta será pequeña (o incluso no habrá salvo en casos muy puntuales, como pasó con las mascarillas)
- De los tiempos de producción: un precio máximo al pan por debajo de los costes de producción supondría escasez de barras mañana, porque ya esta noche habría locales que dejarían de encender el horno. Con el pollo tardaríamos algo más, porque los criadores venderían lo que tienen en las granjas (o parte al menos) incluso al precio intervenido. Mejor sacar algo que nada. El peligro llegaría dentro de unos meses, cuando deberían aparecer en el mercado los nuevos pollos que no se han criado. Con productos agrícolas los efectos se sentirían en la próxima cosecha, la no plantada una vez el agricultor fue consciente de que no la podría vender.
- De las subvenciones a los productores: como incluso los comunistas-fashion a lo Díaz ya se han dado cuenta de que lo de los precios máximos no termina de funcionar, hace tiempo que empezaron a parchearlo. Y la forma más fácil es subvencionar al productor. Así, el consumidor paga el precio intervenido y no hay espacios vacíos en la estantería del súper. ¿Precio máximo sin escasez? Claro, porque el productor no pierde dinero, que para eso está el contribuyente y la deuda pública, que lo aguantan todo. Por ejemplo, en Reino Unido el coste para el Estado del límite de precio, si esto dura un par de años, ya se cifra en unos 200.000 millones de libras (tirando por lo bajo). Porque tú puedes asegurar un precio al consumidor, pero en los mercados mundiales de energía ni Truss ni Sánchez tienen mucho que decir así que alguien tendrá que pagarlo.
Que cada producto tenga sus propias particularidades no evita que la ley de la gravedad les afecte a todos. Es verdad que uno puede intervenir el mercado eléctrico y que (aparentemente) no pase nada. Tampoco Venezuela dejó de producir petróleo de un día para otro... pero ahora saca de su subsuelo el 25-30% de lo que sacaba hace una década. La escasez de energía no se verá mañana. Lo que estamos haciendo es vaciar nuestros estantes de dentro de 20 años, al no construir las centrales que deberían abastecernos en el futuro ni buscar las reservas de materias primas de las que deberíamos tirar en las próximas décadas.
La parte buena es que no notaremos muchos cambios. Porque esos estantes de kWh ya comenzamos a vaciarlos hace 30-40 años. En parte ese período de tiempo es lo que lo explica todo. Si en el año 2030 le damos al interruptor y no se enciende nada, ¿quién le va a echar la culpa a Ribera, Macron, Sánchez o Truss? ¿O a los que aplaudían sus precios máximos? Pues la tendrán.