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José María Rotellar

Las políticas de Sánchez impulsan los precios: la inflación sube más de un 13% en casi dos años

El aumento de gasto público ceba la inflación mientras deja en manos de familias y empresas todo el sacrificio económico.

El aumento de gasto público ceba la inflación mientras deja en manos de familias y empresas todo el sacrificio económico.
Pedro Sánchez, durante la inauguración del curso político en La Moncloa, a 5 de septiembre de 2022. | Europa Press

El Gobierno del presidente Sánchez responsabiliza del incremento de los precios a la guerra con Ucrania, pero es un argumento falso, pues ya mucho antes los precios se estaban disparando en España. La publicación del indicador adelantado del IPC del mes de agosto ha confirmado la tendencia. Por mucho que la tasa interanual baje cuatro décimas, lo hace por mero efecto estadístico, pero mensualmente los precios suben, no bajan. Además, la subyacente sigue subiendo, especialmente por el impulso del incremento de los alimentos, en el entorno del 15%.

Son, así, ya tres meses de inflación interanual a doble dígito, por encima del 10%, que empobrece a las familias y a las empresas en España. Además, desde que comenzó a repuntar la inflación, en noviembre de 2020 -mucho antes de la guerra-, los precios han subido un 13,1% hasta este mes de agosto de 2022, mientras que la subyacente sigue subiendo, hasta el 6,4% interanual.

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Eso quiere decir que la subida de precios se ha enroscado ya de manera permanente en todo el sistema productivo, porque las empresas no podían soportar más el alza de costes. Esta espiral inflacionista, iniciada en noviembre del año pasado, de momento parece no tener fin. Los precios industriales superan incrementos interanuales del 40% durante varios meses seguidos; el precio de la energía sigue altísimo; los carburantes apenas ceden y amenazan ahora con repuntar en sus precios y, en cualquier caso, se mantienen en cotas muy elevadas respecto a comienzos de año; y hacer la compra se ha encarecido muy notablemente.

Los más perjudicados son las rentas bajas, que tienen una mayor propensión al consumo, es decir, que consumen una mayor parte de su renta respecto a los ciudadanos con rentas altas. De esta manera, agotan su capacidad de ahorro y soportan un esfuerzo mayor sobre sus ingresos en el pago de impuestos derivado de la inflación, pero el Gobierno se niega a deflactar la tarifa del IRPF y a bajar impuestos, asfixiando a las familias y a las empresas mientras él incrementa transitoriamente la recaudación por el efecto inflacionista, al tiempo que ceba los cuellos de botella con un incremento de gasto desmedido, que la economía no puede permitirse y que empobrece a todos por doble vía directa y por otra indirecta:

  • Las dos directas son el incremento del endeudamiento y la presión sobre los precios.
  • La indirecta es la pérdida de puestos de trabajo que originará el deterioro económico que producirá lo anterior, aunque ahora la estacionalidad lo mitigue, pero incluso así se percibe una desaceleración notable ya en todos los indicadores, con destrucción de empleo en julio por primera vez en toda la serie histórica y un horizonte muy difícil para el otoño.

Familias y empresas asumen todo el esfuerzo

El Gobierno se niega a ver la realidad económica: en lugar de ajustar el gasto público, disminuirlo y asumir el esfuerzo, el Gobierno ha decidido que todo el sacrificio y quebranto derivados de la inflación lo soporten ciudadanos y empresas, a los que castiga con ella, que es el peor y más peligroso de los impuestos, mientras él incrementa su recaudación a costa de dicha inflación confiscatoria que exprime a los contribuyentes.

Los únicos ejes sobre los que se asienta la política del Gobierno son más gasto, más impuestos y parches y restricciones energéticas, pero no tiene ni un plan eficaz, y eso dibuja una muy mala perspectiva.

Esto hace que la inflación en España se eleve más que en la mayoría de países de la UE, siendo el país de las cuatro grandes economías del euro donde más alto es el incremento de precios.

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Fuente: Eurostat

Así, España, con un 10,3% en el IPC armonizado, que es el que se emplea para comparar entre todos los países de la UE (el IPC general español es una décima mayor, un 10,4%), tiene una inflación casi un punto mayor que la media de la UE (respecto a los datos de julio; todavía no hay estimación disponible de agosto para la UE); casi 1,5 puntos mayor que la media de la eurozona; 1,3 puntos mayor que Italia; 1,5 puntos mayor que Alemania; y casi 4 puntos mayor que Francia.

Es decir, los precios están subiendo en todos los países, pero no es lo mismo que lo hagan durante más de tres meses seguidos a doble dígito, como en España, que por debajo del 7%, como en Francia.

Este mayor incremento de los precios en España se debe al mayor desequilibrio estructural que la equivocada política económica del Gobierno –basada en más gasto y en meros parches– está provocando en la economía española.

Esto hace que las medidas que tome el BCE puedan perjudicar más a España, puesto que el BCE lo hace en función de las necesidades medias de la eurozona y al desviarse España de dicha media, puede sufrir un efecto negativo en su economía.

Por eso, son importantes las reglas fiscales del pacto de estabilidad y los criterios de convergencia fiscal, económica y financiera, que Sánchez menosprecia con su actitud en política económica, empobreciendo más a los españoles, muchos de los cuales ya no pueden llegar a fin de mes y que contemplan, aterrados, el mes de septiembre con los gastos de dicho mes inherentes al comienzo del curso escolar.

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