El impuesto a las compañías energéticas anunciado por el Gobierno ha puesto en pie de guerra, entre otros, al sector del refino. La proposición de ley que contempla este nuevo tributo fue aprobada este martes en el Congreso de los Diputados y establece un recargo temporal del 1,2% calculado sobre todos los ingresos de las empresas energéticas consideradas como "operadores principales". El Ejecutivo quiere recaudar con él 2.000 millones de euros anuales, y se aplicará de manera temporal durante 2023 y 2024. Aunque ya saben que muchos de los impuestos que hoy en día abonamos comenzaron siendo solo "temporales".
Como respuesta, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha denunciado en un comunicado que el impuestazo de Sánchez está mal planteado y persigue objetivos equivocados.
En primer lugar, AOP critica que el Gobierno no haya contado previamente con la opinión del sector y que se haya precipitado anunciando el tributo antes de que la UE establezca un acuerdo final coordinado. Además, denuncian que el gravamen vulnera principios elementales como son la igualdad y no discriminación (porque no incluye a otro sectores), la retroactividad (por aplicarse a ingresos ya obtenidos) o la doble imposición.
El sector del refino incide en que uno de los grandes problemas de este tributo es que su objetivo, que supuestamente reside en gravar los beneficios extraordinarios de 2022 y 2023, poco tiene que ver con la forma en la que realmente está diseñado el impuesto. Así, este grava la cifra de ventas, y no los beneficios, pudiendo suceder incluso que las compañías acaben pagando más por este gravamen que lo que realmente ganen de beneficio, o que paguen aunque cosechen pérdidas.
Asimismo, la AOP critica que el Gobierno no haya tenido en cuenta la ciclicidad del sector del refino, sometido a la variabilidad de las condiciones del mercado internacional. De hecho, se trata de un sector que en 2020 y 2021 obtuvo pérdidas y caídas de resultados por motivo de la covid-19. Y ahora que logran mejorar sus cuentas, el Gobierno de Sánchez les asestará un duro rejonazo.
Por otro lado, el impuestazo no tiene en cuenta que, dentro de la cifra de negocio de las compañías de refino, se incluyen diversas partidas que poco tienen que ver con la energía, como ingresos provenientes de la industria química o la venta de productos en las estaciones de servicio. Además, estos ingresos totales incluyen productos cuyo precio está regulado por el Estado, como el gas licuado, así como ingresos obtenidos (y ya gravados) en países extranjeros.
Por último, desde AOP señalan que el nuevo gravamen vulnera la libertad de empresa, ya que prohíbe que este se repercuta al cliente, además de alterar la competencia en el mercado.
En esencia, se trata, por tanto, se un impuestazo ideológico y populista, cuyo único objetivo es aumentar la recaudación en el corto plazo a expensas de deteriorar una industria tan estratégica como es el refino. Para ello, el Gobierno ha obviado las características más elementales que debe guardar un impuesto justo y equilibrado, sin tener en cuenta las características del sector. Y para colmo, el afán de usurpar a esta compañías el beneficio que puedan obtener corre el riesgo de desincentivar la inversión en el sector, empeorando la capacidad de refino en el medio y largo plazo, lo que tensaría aún más el precio de los combustibles.
