La UE ha querido dejar claro en su borrador regulatorio en materia de energía que de renunciar a la Agenda 2030, nada de nada. Las energías verdes, en consecuencia, contarán con un tope al precio para generar electricidad, y esa rebaja deberá ser compensada a las compañías para que no pierdan dinero. Eso sí, por el contrario, las energías generadas en base al carbón, el gas natural o el petróleo —incluido el uso directo de combustibles fósiles en los vehículos— sufrirán un importante castigo fiscal. Y esa batería impositiva se extenderá durante todo un largo y duro invierno. Por el momento.
La burocracia europea no renuncia a su plan ecológico. Y no lo hará, aunque esa estrategia haya demostrado haberse convertido en una trampa que ha aprovechado ya incluso Putin para explotar las debilidades energéticas de Europa. La UE, así, sigue adelante, en plena crisis energética, con su decisión de combatir cualquier energía que pueda dejar "huella de carbono", tal y como lo definen en Bruselas.
La futura regulación europea en materia de energía, de este modo, no incentivará de forma clara la generación de electricidad por medio de centrales nucleares o por medio de combustibles fósiles. Ni lanzará rebajas fiscales para ayudar a las familias y empresas a capear la crisis energética. No irán por ahí los tiros: Bruselas está empeñada en sumarse a la ola recaudatoria lanzada por Pedro Sánchez y, tras descalificar el impuesto español a las energéticas, da toda la sensación de que, realmente, lo que busca es liberar ese hueco imponible para aplicar desde la UE un nuevo catálogo de impuestos verdes coordinados desde Bruselas y que combatan el uso de combustibles con emisiones contaminantes. El texto, así, reclama aplicar los impuestos a los supuestos "beneficios caídos del cielo" a las petroleras, al uso del carbón y al gas natural, sectores que, obviamente, trasladarán por un lado u otro, ese coste a los consumidores finales.
El texto del borrador de Bruselas recoge todo un sistema de aplicación de estos castigos fiscales. Lo llama "Supervisión y cumplimiento". Y allí destaca que "la autoridad competente de cada Estado miembro controlará la aplicación de las medidas […] en su territorio". Es más, "tan pronto como sea posible después de la entrada en vigor del presente Reglamento y, a más tardar, el 1 de diciembre de 2022, los Estados miembros informarán a la Comisión de las medidas previstas requeridas […]". "A más tardar el 15 de enero de 2023 y cada mes a partir de entonces hasta el 15 de abril de 2023", especifica el texto legal, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre la reducción de la demanda lograda y las medidas adoptadas; los excedentes de ingresos generados; las medidas aplicadas para mitigar el impacto de los altos precios de la electricidad en los clientes finales; y cualquier intervención pública en la fijación del precio de la electricidad.
Antes de acabar marzo de 2023, los Estados miembros informarán a la Comisión de la introducción de la contribución solidaria temporal y "sobre el uso de los ingresos de dicha medida en el plazo de un mes a partir del momento en que los Estados miembros hayan recaudado los ingresos de conformidad con la legislación nacional", añade el texto.
Y es que el artículo 19 de la reforma deja claro que esos gravámenes fiscales a las energías deberán estar operativos "a más tardar el 1 de diciembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023". Y, cuidado: "El presente reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados". Impuestos al carbón, gas y petróleo durante todo el periodo de frío. Y después ya se verá. Porque en junio se revisará el texto.