En 2021, la Ley de cambio climático decretó que no se concederían "nuevos permisos de exploración, de investigación o concesiones de explotación de minerales radiactivos" debido "a sus perjuicios y a su coste". Era la puntilla al sector del uranio que, sin embargo, vivió décadas pujantes en nuestro país y que en los últimos años tuvo la oportunidad de revivir con un proyecto que fue tumbado por el Ministerio de Transición Ecológica.
La era del uranio en España arrancó a principios del siglo XX y alcanzó su expansión a partir de los años cincuenta, con la explotación de los primeros yacimientos. Con los años el sector, considerado estratégico por el franquismo, fue ganando fuerza y llegó a acariciarse el sueño de que las centrales que empezaron a levantarse en los sesenta pudieran abastecerse con el mineral extraído en suelo español. Se hicieron decenas de prospecciones que sirvieron para constatar la existencia de uranio en diversos puntos del territorio y se abrieron varias minas allí donde el uranio se presentaba de forma más concentrada. Las más importantes fueron las de Saelices el Chico, en Salamanca, y La Haba, en Badajoz. Sus reservas llevaron a que España se situara en los años ochenta como segundo productor de uranio en Europa, después de Francia.
Según Foro Nuclear, España llegó a extraer de su suelo 5.236 toneladas de uranio entre una y otra mina, que supusieron el 25% de las necesidades totales de combustible de las centrales españolas. La de Salamanca, abierta en 1957, produjo hasta su cierre en 2000 entre 200 y 300 toneladas al año. La de La Haba, operativa desde 1966 a 1990, produjo unas 30 toneladas al año, según recoge el libro La Historia del uranio en España, editado por la Sociedad Nuclear Española.
En paralelo, se siguió investigando la posibilidad de nuevos yacimientos y se desarrolló toda la tecnología asociada al combustible nuclear: el contenido de uranio extraído en minas es en principio pobre y es necesario concentrarlo mediante un proceso químico que se suele realizar en plantas próximas a las minas. Con este fin nació la fábrica de concentrados de Andújar y se levantaron instalaciones como las de ELEFANTE, en 1975, para tratar el uranio extraído en Salamanca y la planta Quercus, en Ciudad Rodrigo, que hasta su cierre en 2002 produjo casi 5.800 toneladas de concentrado de uranio.
Tras décadas de desarrollo tecnológico asociado al sector nuclear y vinculado a todas las fases del combustible, salvo la del enriquecimiento, en 2000 cerró la última mina ante el desplome de los precios. Esta experiencia, según destaca Santiago M. García-López, coautor de La Historia del uranio en España, "ha dejado un gran número de investigadores y empresas" del sector en España "que trabajan muy bien" y señala cómo en numerosos países dedicadas al sector nuclear o desmantelamientos "hay seguramente una pequeña empresa tecnológica española".
Como vestigio de lo que fue el sector pervive la fábrica de elementos combustibles de Juzbado, perteneciente a Enusa y que continúa trabajando para centrales españolas y extranjeras. Desde su puesta en marcha en 1985 ha fabricado anualmente 300 toneladas de combustible del que el 60% se dedica a la exportación.
El resurgir del uranio
El panorama cambió cuando empezaron a subir los precios y varias empresas se interesaron en los yacimientos españoles ante la posibilidad de explotar una mina de uranio en Europa. El proyecto que llegó más lejos fue el de Berkeley Minera, en Retortillo (Salamanca). La empresa australiana se hizo con la mayor parte de licencias para la extracción de uranio en España y comenzó a diseñar un proyecto consistente en una mina y una planta de procesados en los yacimientos de Ciudad Rodrigo con la previsión de operar durante catorce años y alcanzar una producción de 4,4 millones de libras (unas 2.000 toneladas) de uranio al año a pleno rendimiento.
Según explicó la empresa a LD, obtuvieron más de 120 licencias favorables de distintas administraciones hasta que el clima hacia el proyecto comenzó a cambiar, algo que, afirman, ocurrió con el cambio de gobierno. En 2021, después de que el Congreso prohibiera por ley las nuevas licencias para explotar uranio, el Consejo de Seguridad Nuclear informó de forma desfavorable sobre la planta de procesados de Retortillo por las "incertidumbres" en torno al almacenaje de residuos, entre otras cuestiones. Tras el informe, el Gobierno tumbó el proyecto aunque la empresa recurrió y aún tiene la esperanza de reimpulsarlo.
El no definitivo a Berkeley llegó poco antes de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y que está utilizando la empresa para reimpulsar el proyecto: defienden que extraer el uranio de Retortillo supondría disponer del uranio suficiente para cubrir las importaciones en España y que el país fuera "independiente energéticamente" para el suministro de nuestras centrales durante diez años.
Santiago M. López-García destaca que el yacimiento sólo sería viable "a unos precios muy altos" en un mercado marcadamente inestable. Según explica, "el problema es que la concentración" del uranio en España "es muy baja" tras una explotación de décadas "muy eficiente". A ello se suma que las explotaciones en Salamanca tendrían que ser a cielo abierto, "con un fuerte impacto en el lugar", lo que en su día dio lugar a protestas por las primeras talas de encinas, y un coste de restauración alto al finalizar la explotación.
Como recordó recientemente Sánchez en el debate con Feijóo para justificar su no nuclear, España depende del uranio ruso en casi un 40%. También consume un 22,3% procedente de Canadá, un 19,5% de Níger, un 11% de Kazajistán y, en menor medida, de Namibia y Uzbekistán.