Liz Truss no va de farol. Apenas han pasado tres semanas desde su confirmación como nueva primera ministra de Reino Unido y, tras el luto institucional por el fallecimiento de la reina Isabel II, la lideresa conservadora ha puesto en marcha una serie de medidas fiscales orientadas a recortar la presión fiscal que soportan las empresas y familias de las islas. Eso sí: la premier ha sorprendido combinando esta apuesta de mercado con un fortísimo aumento de los subsidios energéticos.
Kwasi Kwarteng, responsable del ministerio de Hacienda, ha sido el encargado de comunicar las medidas tributarias. Su retórica evoca la escuela del supply side economics que tanto influyó en la década de 1980: "los tiempos cambian, necesitamos nuevos planteamientos. Si queremos alcanzar una tasa de crecimiento de al menos un 2,5% en el medio plazo, debemos expandir la parte de la oferta en nuestra economía, a través de incentivos fiscales y reformas. Se trata de romper el círculo vicioso del estancamiento económico y de situar a Reino Unido en un círculo virtuoso de crecimiento. Este gobierno está centrado en promover el crecimiento".
Las medidas comunicadas por Kwarteng arrancan por la anulación de una serie de subidas impositivas que habían sido aprobadas por Boris Johnson y aún no han entrado en vigor. El Impuesto de Sociedades, que iba a subir del 19% al 25%, se quedará como estaba. Las cotizaciones sociales, que se iban a revisar al alza, se quedarán como estaban. Pero hay más. También se reducen los tramos superior e inferior del IRPF, que pasan respectivamente del 45% al 40% y del 20% al 19%. Además, el impuesto que grava la compra de vivienda verá cómo aumenta su mínimo exento hasta los 286.000 euros, en el caso de quienes ya posean activos inmobiliarios, y 485.000 euros, para aquellas personas que compran su primera propiedad residencial.
Efectos dinámicos y evolución del gasto
Los modelos estimativos de la Taxpayers’ Alliance avanzan que el crecimiento económico se acelerará en 112.000 millones de euros a lo largo de la próxima década, facilitando un aumento de 33.000 millones en la inversión privada. Así, la caída recaudatoria de 50.000 millones que se deriva de cálculos estáticos se aminora en un 75% cuando se toma en cuenta el impacto dinámico de la reforma fiscal que acaba de anunciar el nuevo gobierno de Liz Truss.
Por este motivo, las quejas expresadas por la oposición laborista acerca del aumento del déficit no parecen procedentes, puesto que las medidas son claramente expansivas y el impacto presupuestario de la mejora del clima fiscal será mucho más reducido de lo que podría parecer, puesto que el aumento de la actividad económica propiciará una subida recaudatoria conforme se asiento el nuevo modelo de impuestos bajos.
Sin embargo, el gobierno de Liz Truss ha anunciado también un plan millonario con el que pretende inyectar 145.000 millones de euros en el mercado energético y, de esta forma, subsidiar los precios que soportan las empresas y las familias. Estos desembolsos mejorarán el crecimiento en 0,7 puntos, al limitar el efecto directo de la subida de precios, pero se trasladarán directamente a la deuda pública, que crecerá como resultado de tales ayudas. De ahí que los planes de Truss hayan sido recibidos en un clima de desconcierto por parte de los principales centros de pensamiento liberal de las islas, que saludan la rebaja de impuestos y celebran las mejoras regulatorias, pero expresan preocupación por la subida del gasto.
Mejoras regulatorias
Además de los impuestos, también se anuncian cambios regulatorios que también tienen acento liberal. Truss eliminará una regla que limitaba las primas salariales de los banqueros al 200% de su renta. También modificará el derecho de huelga para promover los acuerdos entre patronal y sindicatos y, de esta forma, minimizar la conflictividad. Además, se cortarán los subsidios de paro a aquellos desempleados que rechacen ofertas de empleo. Y, por si no fuese suficiente, se facilitará el desarrollo del fracking y la energía nuclear.
Haciendo balance de las medidas aprobadas, Truss ha apostado claramente por expandir de forma significativa la libertad económica y la competitividad fiscal de su país, con rebajas tributarias y mejoras regulatorias de gran alcance. Sin embargo, los costosos subsidios energéticos que ha anunciado su gabinete generan incertidumbre acerca de la sostenibilidad fiscal de su política económica. Todo ello, además, en un contexto muy complicado, con las instituciones debilitadas tras el fallecimiento de Isabel II, la economía afectada por la estanflación y las elecciones generales de 2023 a la vista.